ESPAÑA SIGUE A LA COLA EN FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE
El Estado apenas aporta el 6% del gasto en movilidad urbana y tendrá que aumentarlo en 1.500 millones
Un buen sistema de transporte público y su expansión en línea con el crecimiento de las ciudades requiere inevitablemente de un modelo económico que garantice su sostenibilidad a lo largo del tiempo. Pero esta se ha convertido en la asignatura pendiente de la movilidad en España, donde tanto administraciones como operadores llevan años reconociendo que los recursos de los que disponen son limitados, algo que redunda en una peor experiencia de viajero.
Según datos de la Asociación de Empresas Gestoras del Transportes Urbano Colectivo (Atuc), las aportaciones del Estado a las entidades locales, aunque crecientes en los últimos años, no son suficientes para cubrir un coste mínimo que permita hacer crecer los sistemas. Desde esta entidad, que integra a todas las operadoras de transporte metropolitano –autobuses, metros, tranvías, trenes regionales y Cercanías–, aseguran que las subvenciones del Estado apenas cubren el 6% del coste total del sistema, que cifran en unos 7.000 millones de euros al año, y reclaman incrementar la financiación.
Aportaciones insuficientes
“En 2012, la subvención de la administración central a las entidades locales por los servicios de transporte colectivo urbano se redujo en 20 millones, hasta los 51 millones actuales. Desde entonces, los PGE han incrementado su cuantía total en un 34%, pero el IPC lo ha hecho en el 25,2%. Además, en 2022 se amplió el número de municipios beneficiarios, por lo que al ser el total constante, la cantidad por municipio ha decrecido de forma alarmante”, explica Jesús Herrero, secretario general de Atuc.
Esta organización reclama al Gobierno que incremente la cantidad destinada a los servicios de viajeros en las ciudades, algo que podría llegar de la mano de la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que incluye el compromiso de elevar al 25% la aportación del Estado a los sistemas de transporte urbano a través de un Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible. Este obligará a que el Gobierno eleve sus aportaciones al entorno de los 1.750 millones de euros anuales, cinco veces más que en la actualidad.
Sus cálculos cifran en unos 350 millones anuales la cuantía destinada al transporte urbano por parte del Estado, “una cantidad muy pequeña, desfasada y muy alejada de las necesidades del sector”, para Herrero. La mayor parte del coste del sistema es sufragado por las autonomías, pero también por los ayuntamientos, algunos de los cuales remiten sus aportaciones a consorcios como los existentes en Madrid, Asturias o Andalucía. “El sector va a requerir de una cantidad elevada de inversiones que no están siendo contempladas”, exclama el ejecutivo. A ese respecto, cifra en “1.500 millones adicionales al año” los fondos que debería aportar la Administración Central “si de verdad queremos conseguir los objetivos de descarbonización”.
¿Cuánto cuesta el transporte?
Para tratar de cuantificar el coste real del transporte urbano en las metrópolis españolas, Atuc encargó a la consultora Afi el cálculo de los distintos sistemas de transporte en las ciudades beneficiarias de esta nueva financiación. Entre ellas se encuentran todas las capitales de provincia, las que cuenten con más de 50.000 habitantes y aquellas que tengan más de 20.000 habitantes y 36.000 residencias censadas, resultando en que en España hay 97 ciudades que podrán optar al fondo.
Las que más recursos acaparan son las capitales, que cuentan con autoridades supramunicipales para gestionar sus redes de transporte. Excluidas las Cercanías operadas por Renfe, la oferta de transporte que se presta en Madrid a través de su Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) tendría un coste total de 2.468 millones de euros. En Barcelona, los servicios de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) –excluido Rodalies–, cuestan unos 1.394 millones al año; en Valencia equivalen a 335 millones y los de Canarias cuestan 301 millones.
Si a estos 4.498 millones de euros se le suman los 1.626 millones que destinan los ayuntamientos a sus redes de autobús urbano y otros modos, el coste de operación del servicio urbano colectivo de viajeros ascendió en 2021 a 6.124 millones de euros, una cuantía que se ha disparado en estos tres últimos años fruto de la galopante inflación y superará los 7.000 millones en 2025.
Si se compara con sus vecinos europeos se constata que España va a la cola en cuanto a financiación del transporte público. Francia es el país que más dinero destina al transporte público: 9.616 millones, unos 141,26 euros por habitante en 2021. Por detrás está Alemania, que destinó 9.049 millones, 107,27 euros per cápita, aunque incrementará esta
El Gobierno se ha comprometido a cubrir el 25% del coste, pero hoy apenas llega al 6%
cuantía un 3% anual hasta 2031. Por detrás se quedan Italia, que destinó 4.975 millones a movilidad, unos 84,53 euros por ciudadano; mientras que Reino Unido aporta 1.517 millones de euros a sus sistemas de transporte local –excluido el tren–, lo que limita su aportación a 26,85 euros por habitante. Portugal, en cambio, tiene cedida toda la gestión a los municipios, por lo que apenas aporta 5 millones al año.
La aportación de la administración española a los sistemas de transporte, según consta en los Presupuestos Generales del Estado, ascendió en 2023 a 372 millones, apenas el 6,1% del total necesario para el sistema y muy lejos del 25% previsto en la Ley de Movilidad. La cifra supone 7,71 euros por habitante, un valor que, si se le suman las aportaciones a Renfe por la prestación de las Cercanías y Media Distancia, crecería hasta los 17,32 euros, situando al país en la cola de las grandes economías europeas.
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