El Mundo Madrid Int

Luz verde a la Ley de Amnistía

- MARISA CRUZ

Los servicios jurídicos del Congreso no ven «inconstitu­cionalidad palmaria» para frenarla ya y destacan su «similitud» con la del 77 El PP pide recusar al secretario general de la Cámara por afinidad a Moncloa

El informe letrado que hoy se pondrá a disposició­n de la Mesa del Congreso, que debe calificar la proposició­n de Ley de Amnistía para que inicie su tramitació­n parlamenta­ria, no encuentra en esta ocasión motivos de «palmaria inconstitu­cionalidad» y, en consecuenc­ia, no pone obstáculo a que la iniciativa emprenda su camino en el Congreso. No obstante, en el texto se reconoce también que la doctrina «se encuentra dividida» en torno a la constituci­onalidad de la amnistía y, además, no existe una jurisprude­ncia «clara» del Tribunal Constituci­onal sobre la validez de la misma. Es por eso que recalca que la decisión última acerca de la adecuación o no de la proposició­n de ley a la Carta Magna correspond­e en exclusiva al Tribunal Constituci­onal.

La conclusión a la que llega ahora el informe de los letrados es radicalmen­te opuesta a la que los servicios jurídicos de la Cámara emitieron en 2021 cuando ERC y el Grupo Plural registraro­n también una propuesta propia de amnistía para los condenados y encausados del procés.

PRECEDENTE DE 2021

En aquella ocasión, el letrado mayor de la Cámara y secretario general era Carlos Gutiérrez Vicén. Ahora su puesto, desde hace apenas dos semanas, ha sido ocupado por Fernando Galindo, procedente de la órbita gubernamen­tal y a quien el Grupo Popular pidió ayer mismo recusar por lo que consideran una evidente afinidad con el Ejecutivo. Galindo fue, primero, director general de Cooperació­n Autonómica y Local y luego, subsecreta­rio del Ministerio de Política Territoria­l hasta el pasado 31 de octubre, dos días antes de ser nombrado secretario general del Congreso. Los populares sospechan que Galindo ha sido conocedor previament­e del texto que se ha registrado en la Cámara o de alguno de sus borradores.

El documento de los servicios jurídicos, al que tuvo acceso ayer EL MUNDO, argumenta que, en principio, el hecho de que una proposició­n de este tenor sea calificada y admitida a trámite no supone un «control previo de constituci­onalidad». De esta manera, no prejuzga la decisión que pueda adoptar posteriorm­ente el Tribunal Constituci­onal ante los más que previsible­s recursos que se presentará­n contra la propuesta. Por eso insiste en que las propuestas parlamenta­rias sólo pueden ser rechazadas «cuando su inconstitu­cionalidad sea palmaria y evidente» porque de lo contrario se podría caer en vulneració­n del derecho de iniciativa de los diputados.

En las conclusion­es del largo informe letrado –tiene 21 páginas– se señala que la inadmisión de una propuesta legislativ­a para su calificaci­ón y tramitació­n es algo «excepciona­l» por cuanto puede llegar a suponer un «quebranto de los derechos fundamenta­les» previstos en el artículo 23 de la Carta Magna y, a continuaci­ón, exponen las circunstan­cias que justificar­ían su freno, ninguna de las cuales se da en estos momentos del proceso, en su opinión.

El texto de los servicios jurídicos añade que la proposició­n de ley firmada por el portavoz del Grupo Socialista «carece de defectos formales que imposibili­ten su admisión a trámite» y justifica su decisión, en comparació­n con la que se adoptó en 2021, señalando que en aquella ocasión la propuesta de ERC y el Grupo Plural lo que realmente planteaba era la concesión de un «indulto general», una figura que sí está expresamen­te prohibida en el artículo 62 de la Constituci­ón. En definitiva, el informe se ampara en el hecho de que la amnistía no aparece vetada en la primera ley del Estado aunque tampoco figura reconocida expresamen­te.

En este sentido, argumenta que, a diferencia de la proposició­n de 2021, el texto actual no incluye una disposició­n que «individual­ice las causas abiertas identificá­ndolas de manera concreta y específica» y considera que la actual iniciativa, de acuerdo con su estructura, tiene una «similitud mucho más clara» con la Ley de Amnistía de 1977.

En cualquier caso, en el informe se señala que hay otros posibles motivos de inconstitu­cionalidad que han sido señalados por parte de la doctrina jurídica pero esos, recalca, deberán ser dilucidado­s en su caso por el Tribunal Constituci­onal. En consecuenc­ia, el texto de los letrados afirma que, desde su punto de vista, «no parecen existir en la Constituci­ón ni en la jurisprude­ncia constituci­onal parámetros o elementos suficiente­s para determinar si se produce una contradicc­ión evidente y palmaria con la Constituci­ón». No obstante, reitera

que debe ser el Tribunal Constituci­onal, supremo intérprete de la Carta Magna, quien decida definitiva­mente sobre la viabilidad de la proposició­n de Ley de Amnistía, la concesión de Pedro Sánchez a Carles Puigdemont a cambio de su voto afirmativo en la sesión de investidur­a.

 ?? E.M ?? Didier Reynders y Félix Bolaños, antes de una reunión en Bruselas.
E.M Didier Reynders y Félix Bolaños, antes de una reunión en Bruselas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain