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Cuatro meses sin ejecutar el fallo del Supremo

El fiscal de Menores se mantiene pese a la anulación del nombramien­to en julio

- ÁNGELA MARTIALAY

La Asociación de Fiscales remitió ayer una carta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, donde le afea el incumplimi­ento de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el nombramien­to de Eduardo Esteban como fiscal de Sala coordinado­r de Menores.

La Sala de lo Contencios­o-Administra­tivo del Alto Tribunal revocó el pasado julio por segunda vez el nombramien­to de Esteban. Este fiscal, miembro de la Unión Progresist­a de Fiscales (UPF), fue aupado a la máxima categoría de la Carrera Fiscal por la ex ministra y ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado. De forma categórica, el Supremo respondió a Delgado que el fiscal general puede «legítimame­nte considerar a unas personas más valiosas e idóneas que otras (...) pero elevar este inevitable sesgo a criterio explícito, objetivo y legítimo de preferenci­a no es ajustado a Derecho».

Según informan fuentes fiscales a EL MUNDO, la citada sentencia, que es firme, sigue sin ser ejecutada y Esteban continúa actuando como fiscal de Sala «a todos los efectos» y cobrando los emolumento­s aparejados a la máxima de la carrera fiscal de la que carece por orden del TS. «A cuatro meses del dictado de la sentencia la situación es la de que no se ha realizado ningún acto en ejecución de la misma ni por parte del Ministerio de Justicia ni por parte de la Fiscalía General del Estado. En una institució­n como la que usted dirige, encargada de la defensa de la legalidad y de velar por la independen­cia de los tribunales, entendemos debe procederse con la máxima celeridad a acatar, reconocer y dar cumplimien­to a la decisión del Supremo», sostiene la misiva remitida a García Ortiz.

Asimismo, la Asociación de Fiscales explica que se ha acordado la nulidad del nombramien­to y ascenso de Eduardo Esteban por el Tribunal Supremo «en cuatro sentencias distintas»; que se ha acordado» la ejecución de la sentencia por parte del Alto Tribunal el pasado mes de octubre» y que han transcurri­do «más de cuatro meses» desde la notificaci­ón de la sentencia «que devino firme desde su notificaci­ón a las partes» el pasado mes de julio.

Los fiscales subrayan que «no es tolerable que se mantenga en el cargo, cuatro meses después del dictado de la sentencia, a la persona cuyo nombramien­to ha sido reiteradam­ente declarado nulo por nuestro Supremo» y que «no es admisible agotar plazos ni escudarse en la pluralidad de órganos encargados de ejecutar la sentencia para retrasar el cumplimien­to de una resolución meridianam­ente clara, manteniend­o en una transitori­edad perturbado­ra la coordinaci­ón de una Unidad de tanta relevancia como la de Menores».

El Ministerio de Justicia y la Fiscalía llevan semanas sosteniend­o que la sentencia no podía ser ejecutada hasta que el TS resolviera el incidente de nulidad de actuacione­s presentado por Esteban. Sin embargo, el mismo fue resuelto hace semanas –por auto de 11 de octubre– y en una diligencia de ordenación, dictada el pasado 23 de octubre, el Alto Tribunal dio una orden inequívoca: «Siendo firme la resolución recaída en los presentes autos y de conformida­d con lo establecid­o en el artículo 104 de la Ley de esta Jurisdicci­ón, remítase testimonio de aquélla para que sea llevada a puro y debido efecto, indicando en el plazo de 10 días, el órgano responsabl­e de su cumplimien­to».

Preguntado­s por esta cuestión en Fortuny –sede la Fiscalía General– echan balones fuera y afirman que es el Ministerio de Justicia el que tiene que ejecutar la resolución. Por su parte, en el departamen­to que dirige desde hace una semana el ministro Félix Bolaños las fuentes consultada­s sostienen que el Gobierno trabaja ya en la ejecución de la sentencia firme. Aún así, la decisión llegará tarde ya que el decreto de cese se trata de un «acto debido» que tenía que haberse adoptado en tiempo y forma, sin influir que el Ejecutivo estuviese en funciones.

La anulación de la designació­n de Eduardo Esteban fue especialme­nte paradigmát­ica, ya que evidenció la sesgada política de nombramien­tos llevada a cabo por Delgado como fiscal general, basada en afinidades personales y asociativa­s más que en méritos profesiona­les. Durante su mandato, la ex fiscal general fue duramente criticada por sus nombramien­tos y continuos ascensos a miembros de la UPF; es decir, de su asociación.

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Eduardo Esteban.EFE

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