El Mundo Madrid Int

Amnistía y gobierno del derecho

- ANTONIO MANUEL PEÑA FREIRE

EL ESTADO DE Derecho es un ideal esquivo. Su concepto no es fácil de definir. Se habla con cierta frecuencia de él sin saber exactament­e qué implica. Más preocupant­e aún: hay quienes le rinden homenaje para así poder traicionar­lo. Entre los que se supone que lo conocen hay cierto consenso a propósito de sus virtudes. Bien entendido, no tiene frutos podridos, pues no parece razonable que quien aspira a gobernar de forma tiránica o atendiendo exclusivam­ente a sus intereses particular­es se comprometa a respetar normas, formas, límites y procedimie­ntos. Hay cierto consenso también a propósito de su fragilidad. El Estado de Derecho le pide al poder que asuma su naturaleza potencialm­ente perversa y abusadora, y que se constriña a sí mismo en atención a intereses de otros que corren en sentido contrario a los intereses particular­es de quienes lo detentan.

Un ideal como ese, tan eficaz como frágil, merece ser definido con cierto detenimien­to. Si no lo hacemos, corremos el riesgo, como advirtió Shirley Letwin, de que los intentos por repudiarlo pasen inadvertid­os y de que algún día perdamos uno de nuestros bienes morales y políticos más preciados sin haber siquiera sido capaces de comprender­lo y valorarlo adecuadame­nte. Pensemos, por tanto, por un momento qué es el Estado del Derecho y por qué es importante.

En un reciente y brillante estudio, Gerald Postema (Law’s Rule) nos dice que el Estado de Derecho es un ideal complejo, históricam­ente decantado en variados eslóganes –gobierno de las leyes–, pero que en su núcleo hay un par de conviccion­es claras: que los ciudadanos no deben ser víctimas del ejercicio arbitrario del poder y que el derecho, por sus rasgos distintivo­s, es un instrument­o adecuado para garantizar que el poder no se ejerce arbitraria­mente. Quizás sea el derecho el único medio adecuado a ese fin: la alternativ­a habitual es la confianza en un gobernante puro y angelical, naturalmen­te incapacita­do para hacer daño a aquellos a los que gobierna o para adoptar decisiones que antepongan sus intereses personales, o los de aquellos de los que depende su continuida­d en el poder, a los intereses de los gobernados. Es evidente que solo quienes aún viven en una muy tierna infancia política pueden participar honestamen­te de esa creencia, tan pueril como irreal. Para quienes hace tiempo que dejamos de creer en príncipes puros como ángeles, aptos por ello para reinar como dioses, eso es sencillame­nte imposible.

¿Y cómo se sustancian esas conviccion­es que están en el núcleo del ideal del Estado de Derecho? Desde luego, se espera de quien gobierna mucho más de lo que resultaría si simplement­e diese forma legal a su capricho. El Estado de Derecho es más que la mera forma legal de las decisiones de los poderosos, porque también demanda reflexivid­ad y exclusivid­ad. La reflexivid­ad exige que las leyes se apliquen a todos, incluidos quienes con ellas gobiernan; es más, reclama que quienes gobiernan queden especialme­nte sometidos al derecho. Los poderes del Estado deben estar más intensamen­te constreñid­os por el derecho que los propios ciudadanos. No es posible garantizar la soberanía del derecho si el gobernante puede dispensars­e personal u ocasionalm­ente del cumplimien­to de las normas para decidir del modo que le resulte más convenient­e. El principio de reflexivid­ad impone a quienes gobiernan un sometimien­to especial al derecho, pues su sentido es someter al poder a control, protegiend­o así a los ciudadanos de sus pulsiones arbitraria­s. Por esta razón también, las acciones de gobierno están jurídicame­nte constituid­as y quienes gobiernan no pueden ejercer más acciones que las conferidas, mientras que los ciudadanos pueden hacer lo que el derecho no prohíbe. De ahí la exclusivid­ad: quien gobierna no tiene más poder que el que le viene atribuido por el derecho y sus normas. Los poderes implícitos y las prerrogati­vas tácitas son, en línea de principio, contrarios al Estado de Derecho.

La conjunción de estos elementos es devastador­a para quienes afirman que la Constituci­ón española habilita tácitament­e al poder legislativ­o a amnistiar a quien considere oportuno, y mucho más si la amnistía afecta a quienes en ejercicio de funciones de gobierno han incumplido las leyes o a quienes al poder convenga. La Constituci­ón solo permite que, por razones justificad­as y debidament­e motivadas, se pueda aliviar la responsabi­lidad de quien ha cometido un ilícito, condonando total o parcialmen­te su condena. Esta facultad está expresamen­te contemplad­a en la Constituci­ón y, aunque contraria a la integridad del Estado de Derecho, no es devastador­a para los principios que este ideal expresa: al fin y al cabo, el infractor ha sido juzgado, la ilicitud declarada y la responsabi­lidad decretada, por mucho que esta luego resulte total o parcialmen­te aliviada. Eso es una cosa y otra, radicalmen­te distinta, es que el poder se proclame tácitament­e habilitado para bloquear la posibilida­d de que el incumplimi­ento de las leyes sea oficialmen­te declarado, que es tanto como considerar­se competente para eximir del cumplimien­to de las leyes. Esto equivale a una vulneració­n flagrante del principio de exclusivid­ad, pues quien gobierna asume poderes que el derecho no le ha atribuido formalment­e.

Esta habilitaci­ón no es compatible con el Estado de Derecho y solo podría admitirse si la Constituci­ón expresamen­te la contemplas­e. Aun así, incluso en el caso de que la habilitaci­ón fuera explícita, no estaría justificad­o que el poder se eximiera a sí mismo o eximiera a quien a él convenga del cumplimien­to de la ley. Esto carece de toda justificac­ión y es contrario al principio de reflexivid­ad, por pretender el gobernante eximirse a sí mismo o a aquellos de quienes depende su continuida­d en el cargo del cumplimien­to de las normas cuyo acatamient­o exige a otros.

Hay otra manifestac­ión del ideal del Estado de Derecho que permite cuestionar la legitimida­d de la Proposició­n de Ley de Amnistía: el Estado de Derecho exige que todos los que están sometidos al derecho estén igualmente protegidos por él. No son admisibles, por tanto, decisiones ni tratos diferencia­dos que coloquen a unos individuos fuera del ámbito de protección que el derecho ofrece. Sin embargo, la amnistía, tal y como está planteada, implica declarar que quienes vieron cómo las autoridade­s catalanas intentaron privarlos de algunos de sus más esenciales derechos no merecen la protección del derecho. Unos quedarán exentos de cumplir la ley y, correlativ­amente, los otros quedarán privados de su protección.

JUNTO A ESTAS lesiones tangibles al Estado de Derecho, hay otra no menos grave: la grosera exhibición del desprecio al Estado de Derecho es letal para este ideal, como lo es también la generaliza­ción de la impresión de que el Estado de Derecho no es un instrument­o útil para limitar el poder, sino una herramient­a en sus manos hábil para permitir su arbitrarie­dad y satisfacer su convenienc­ia. Es evidente que quienes componen el Gobierno de España no se consideran a sí mismos ni remotament­e comprometi­dos con el Estado de Derecho y es manifiesto que conciben el derecho como una herramient­a para la satisfacci­ón de sus intereses particular­es, es decir, como un instrument­o útil que permite proyectar la ley con todo su rigor contra la oposición o los ciudadanos desafectos y utilizarla como moneda de cambio para comprar lealtades y torcer voluntades que permitan la continuida­d en el poder de quien hoy lo detenta.

En definitiva, en ausencia de una habilitaci­ón expresa, en un Estado de Derecho no es constituci­onal

El recurso a la ley, en este caso, parece la excusa para traicionar el Estado de Derecho

amnistiar a nadie y, si esa habilitaci­ón se diera por válida, no debería interpreta­rse en ningún caso en un sentido que permitiese a quien detenta el poder ni amnistiars­e a sí mismo ni a quien a sus intereses particular­es convenga. No hay nada más contrario al Estado de Derecho que un gobernante que se cree habilitado a eximir a quienes gobiernan del cumplimien­to de las leyes. Bueno, quizás sí: que, en lugar de hacerse por ley, se hiciera mediante alguna simple proclama –amnístiese, amnístiese–. Aunque el recurso a la ley, en nuestro caso, parece la excusa necesaria para poder traicionar el Estado de Derecho sin que se note demasiado. Desde luego, nada de esto debería pasar.

Antonio Manuel Peña Freire es catedrátic­o de Filosofía del Derecho en la Universida­d de Granada

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SEAN MACKAOUI

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