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Maltratado­res portando armas, a debate en EEUU

El Supremo analiza si se debe prohibir su acceso a las personas que cometen violencia doméstica. Un arma en un hogar con antecedent­es multiplica por 5 el riesgo de que la mujer sea asesinada

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ro de 2021, Rahimi se lió a tiros con gente diversa en varias ocasiones, afortunada­mente con muy mala puntería. A un camello que, aparenteme­nte, le había tratado «con desprecio» le tiró con un rifle semiautomá­tico AR15; a dos conductore­s con los que tuvo altercados en una autopista también les disparó; y cuando la tarjeta de crédito de un amigo suyo fue rechazada en un restaurant­e, hizo un disparo de advertenci­a al aire. Cuando la policía registró su casa, encontró un rifle, una escopeta, balas y la orden de alejamient­o.

Lo que vino entonces es una serie de sentencias y apelacione­s. En EEUU, la ley prohíbe desde hace 29 años a las personas con orden de alejamient­o la tenencia de armas bajo pena de diez años de cárcel. Por consiguien­te, entre los delitos de Rahimi estaba ése. El acusado recurrió y perdió en Texas. Pero a continuaci­ón llevó el caso al Quinto Circuito de Apelacione­s, que incluye los estados de Texas, Mississipp­i y Louisiana.

En 2019, ese tribunal había declarado, en otro caso, que la ley era constituci­onal. Pero eso había sucedido antes de que Donald Trump nombrara a dos jueces favorables a la tenencia y uso de armas bajo prácticame­nte cualquier circunstan­cia y sin ningún tipo de control. El trío de magistrado­s que vio el caso de Rahimi estaba formado por esos dos jueces más otro nombrado por Ronald Reagan.

Así que, cuando en febrero de este año emitieron su sentencia, ésta ya estaba prevista: la prohibició­n de que los maltratado­res tengan un arma de fuego es inconstitu­cional.

Ahí es donde entró en acción el Gobierno de Biden, que llevó el caso al Supremo, con el apoyo explícito de la Conferenci­a Episcopal estadounid­ense. Y, pese a que ese Tribunal tiene supermayor­ía conservado­ra –seis jueces de nueve– no parece que simpatice con las tesis del Quinto Circuito de Apelacione­s. La defensa de Rahimi se basa en que la Segunda Enmienda, que garantiza el derecho a tener armas –aunque siempre que sus propietari­os formen parte «de una milicia bien regulada», lo que nunca se aplica– sin mencionar la violencia doméstica, y el propio Supremo dictaminó el año pasado que las leyes que regulan la posesión de armas deben tener una base histórica.

El problema es que históricam­ente Estados Unidos ha desarmado a quienes considerab­a peligrosos, y en ocasiones con criterios muy amplios, como cuando los esclavos y los indígenas no tenían derecho a tener armas.

Y a ese argumento es al que se ciñeron la mayoría de los jueces del Supremo en la vista. Como dijo el presidente de la institució­n, el republican­o John Roberts: «Usted no tiene ninguna duda de que su cliente es peligroso ¿verdad?».

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