El Mundo Madrid Int

El Senado emprende la guerra contra los pactos de Sánchez

- M. C.

La Comisión General de Comunidade­s Autónomas ha aprobado remitir al Pleno del Senado dos mociones que rechazan de plano los privilegio­s de financiaci­ón que Pedro Sánchez ha acordado otorgar a Cataluña con la condonació­n de 15.000 millones de su deuda con el Estado; la concesión de una amnistía a beneficio de los condenados, procesados o huidos por el golpe secesionis­ta de 2017 así como aceptar el «reconocimi­ento nacional» de Cataluña y negociar un hipotético referéndum de autodeterm­inación.

La decisión se ha tomado con los votos de la mayoría absoluta del PP mientras el PSOE y Junts se enzarzan a cuenta de la primera cita en el extranjero con mediadores que pactaron ambos partidos para empezar a negociar, como contempla el texto de su acuerdo, el referéndum y la modificaci­ón de la ley de Financiaci­ón de las Comunidade­s Autónomas para que Cataluña pueda recaudar todos los impuestos.

Las dos mociones firmadas por los populares son consecuenc­ia del pronunciam­iento de la mayoría de las autonomías –doce más las dos ciudades autónomas– el pasado 19 de octubre en la propia Comisión General. En aquella sesión a la que acudieron todos los presidente­s autonómico­s del PP, sólo hubo una voz discrepant­e: la del presidente de la Generalita­t de Cataluña, Pere Aragonés.

Ahora los populares remiten al Pleno del Senado para su segura aprobación el rechazo a los acuerdos políticos negociados por el PSOE con las formacione­s independen­tistas a cambio de sus votos para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno.

En este sentido, la Cámara respaldará la opinión de todos los presidente­s autonómico­s –a excepción de los de Cataluña, País Vasco, Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra– que consideran que la concesión de una aministía es «manifiesta­mente ilegal» porque «atenta contra principios fundamenta­les de la Constituci­ón» por suponer «una afrenta al principio de igualdad» ante la ley de todos los españoles, «vulnerar la separación de poderes», «acabar con la seguridad jurídica» y constituir, en definitiva, «un ataque frontal contra el Estado de Derecho». Además, exigen que cualquier modificaci­ón en la financiaci­ón de las autonomías y cualquier perdón de deuda sea negociado multilater­almente en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

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