Conjurar el peligro
AL MENOS, la victoria de Giorgia Meloni en las elecciones italianas no ha sido arrolladora: solo una cuarta parte de los votantes que acudieron a las urnas en una jornada marcada por la alta abstención le dio su apoyo. En un sistema de partidos tan fragmentado, no obstante, eso bastará para convertirla en primera ministra. Y la Meloni, como dicen por allí, liderará una coalición de derechas para la que no paramos de buscar el adjetivo correcto: posfascismo, derecha radical, populismo reaccionario e tutti quanti. Por sus obras la conoceremos; no es lo mismo protestar que gobernar e Italia no se deja cambiar fácilmente. Ni para bien, ni para mal.
Sería imprudente pasar por alto, sin embargo, que su victoria crea el riesgo de una nueva deriva iliberal en el corazón del continente. Bien podría estar gestándose un Gobierno que trata de colonizar las instituciones estatales para perpetuarse en el poder, pasando así por alto la exigencia de neutralidad que debe distinguir al poder público y con el objetivo de imponer una agenda moral incompatible con el respeto al pluralismo democrático. Tal ejemplaridad negativa debe ser tomada en consideración más allá de las fronteras italianas, porque nadie está libre de caer en la tentación iliberal; nada más natural para un partido político que llegar a creerse monopolista legítimo del poder. Y nada más pernicioso que el intento de asegurar esa posición echando mano de los recursos que ese mismo poder suministra.
Desde España, hemos de mantener una actitud vigilante a fin de evitar cualquier tipo de contaminación que vaya en detrimento de la integridad de nuestra democracia. Sería preocupante que pudiésemos italianizarnos hasta el punto de que –pongámonos imaginativos– el Gobierno forzase el cese de los directores de entidades públicas tan relevantes como el INE o TVE; que el director del organismo público encargado de hacer encuestas escribiese un libro elogiando al presidente del Gobierno; que una ex ministra de Justicia fuese nombrada fiscal del Estado y luego se la propulsase en la carrera fiscal sin tener los méritos necesarios para ello; que el Gobierno encargase una serie de televisión dedicada a glorificar a su líder en año electoral; o, en fin, que se recurriese al indulto para satisfacer las necesidades políticas de quien lo promulga.
Por fortuna, nada de eso puede suceder en nuestro país: ¡el rechazo sería unánime!