Una intervención energética prudente
LA INTERVENCIÓN del mercado de la energía aprobada ayer por los ministros del ramo de la Unión Europea, sin ser la solución ideal en un escenario de libre competencia como el de la UE, constituye el instrumento necesario para hacer frente de forma temporal a una situación urgente y excepcional que abocaría al Viejo Continente a un invierno energético.
Se trata de un paquete de medidas temporales entre las que destacan tres: la primera es el compromiso de los países miembros de ahorrar un 5% de electricidad durante las horas de mayor demanda –con el fin de que el gas cobre menor protagonismo en la fijación del precio energético– y con la sugerencia de alcanzar el 10% de forma voluntaria. El segundo gran pacto es el tope de 180 euros por MWh a los beneficios extraordinarios de las energías inframarginales (el caso de las renovables o la nuclear). Y, por último, un gravamen del 33% a los beneficios de las empresas energéticas de combustibles fósiles a partir de determinada cantidad de ganancias. La propuesta de topar el gas con origen fuera de la UE ha sido desestimada de momento por la Comisión, ante el riesgo de que los productores desvíen sus existencias a otros mercados.
La Comisión Europea ha reconducido la posición de España, cuya pretensión no era gravar los beneficios extraordinarios de las empresas –como ha sido aprobado–, sino implantar un impuesto sobre la facturación de las mismas, estigmatizando así la industria de la energía basada en combustibles fósiles sin tener en cuenta otros componentes del problema, como la sobrevaloración de las renovables o la negativa a ampliar la vida de las centrales nucleares. Bruselas ha decidido que cada estado miembro puede mantener sus propias medidas ya en vigor si responden a los objetivos del reglamento aprobado. Al respecto, no ayuda a sostener una objetivo común el escepticismo de la ministra Teresa Ribera, que calificó de «decepcionante» la propuesta de la Comisión al considerarla poco ambiciosa en la intervención sobre los ingresos de las energéticas. El triunfalismo de Ribera cuando insiste en que Bruselas ha entendido el mensaje de España al comprender que el problema es el precio del gas y establecer el tope de 180 euros constituye una mirada miope que, no sólo no guarda relación con la excepción ibérica, sino que ignora la actuación de conjunto que en este momento se hace imprescindible. Es preciso que la intervención en el mercado energético se haga de manera prudente y responsable, pues su influencia en el tejido económico y en la senda inflacionista que asola Europa es evidente.