«Con la nueva ley será más difícil investigar en los archivos españoles»

Profesor titular de Historia Contemporánea en la Complutense, acaba de publicar, junto a Diego Martínez López, ‘Esclavos del Tercer Reich’, una rigurosa investigación sobre el destino de los 7.251 españoles deportados a Mauthausen. Crítico con la politización de la ley de memoria histórica, lamenta que los historiadores españoles tengan que consultar en el extranjero documentación que aquí resulta inaccesible

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Investigar en España sigue siendo una heroica labor reservada sólo para aquellos estudiosos empeñados en revitalizar la historiografía desde nuevos parámetros académicos. Y pertenece Gutmaro Gómez Bravo a esa nueva generación de historiadores que no se resignan a las endémicas dificultades que la Administración española les pone. Especializado en la historia social de la violencia en la España contemporánea, desde la dirección del Grupo de Investigación Complutense de la Guerra Civil y el Franquismo se ha puesto al frente de ambiciosos proyectos universitarios, ha coordinado obras colectivas –como A vida o muerte: la persecución de los republicanos españoles España-Europa (FCE, 2018)– y ha escrito las suyas propias, alejado del dogmatismo de quienes confunden memoria con historia y se regocijan en un presentismo destinado a congraciarse con los que, desde el poder, quieren convertir nuestro pasado en un arma arrojadiza. Es autor de libros como Puig Antich: la transición inacabada, (Taurus, 2014), Geografía Humana de la represión franquista. Del golpe a la guerra de ocupación. 1936-1941 (Cátedra, 2017) o el reciente Esclavos del Tercer Reich. Los españoles en el campo de Mauthausen (Cátedra, 2022), junto a Diego Martínez López. Ambos han tenido que consultar los archivos alemanes del propio campo, los del Foreing Office británico, el Nara de Washington o el Diplomático de Nantes para llegar a novedosas conclusiones sobre el destino de los españoles que fueron recluidos en campos del Tercer Reich.

Pregunta.– ¿Qué aporta vuestra investigación sobre un tema abordado ya por otros historiadores?

Respuesta.– En primer lugar, hemos precisado las cifras para concluir que de los aproximadamente 10.000 españoles que fueron deportados al universo concentracionario de la Alemania nazi, 7.251 son enviados a Mauthausen y sus campos satélites, especialmente a Gusen, es decir, un 70% del total, según el censo del propio campo. También, que murieron 4.427, es decir, que no llegaron a 3.000 los que sobrevivieron. Casi todos provenían del Ejército del Ebro –que cruzaron la frontera tras el final de la Guerra Civil– y mayoritariamente eran de pueblos de Andalucía y Cataluña.

P.– ¿Qué responsabilidad sobre el destino de esos españoles cabe atribuir al régimen franquista?

R.– La documentación diplomática que hemos manejado dice que ninguna. Cuando se produce la ocupación de Francia, los exiliados españoles (encuadrados en la Legión Extranjera y las Compañías de Trabajadores Extranjeros), como los de otras muchas nacionalidades, pasan a convertirse en prisioneros de guerra que quedan bajo la jurisdicción alemana. En ese momento, su destino va a depender de la dinámica de la guerra y es el mismo que el del millón y medio de desplazados al Reich para convertirse en trabajadores esclavos en la red de campos. Es decir, que ni Serrano Suñer, ni Franco ni el resto del Gobierno español tienen capacidad ni para decidir que los envíen allí ni para impedirlo. Tampoco, es cierto, tienen interés. P.– ¿Pero estaban informados?

R.– Sí, claro, como aliados que eran, el Reich les informaba puntualmente de esos desplazamientos (gracias a lo cual hemos podido reconstruir todo el proceso), pero el Gobierno español respondía con el silencio administrativo. No sería por tanto una complicidad activa, sino pasiva. El 6 de agosto de 1940, cuando salen los primeros deportados desde Angulema, el agregado militar en París lo comunica a Madrid, donde saben perfectamente lo que es Mauthausen. Ese mismo día, se traslada a prisioneros de 25 capitales europeas, es decir, es un traslado masivo que no tiene que ver con la presión española ni con un empeño del régimen en que esos exiliados sean encerrados en los campos. Himmler viene a España en octubre de ese año para preparar la entrevista de Hendaya y antes ha ido Serrano a Berlín. Pero en ninguna de las actas de esos encuentros se habla en ningún momento de los prisioneros. Hay que entender que después de la Segunda Guerra Mundial, el franquismo no se podía hacer cargo de ellos. El régimen lo que sí hizo fue ocultarlo y ni durante la Transición ni en la democracia se estudió el tema de manera sistemática.

P.– En ese sentido, los españoles serían también víctimas del Holocausto, como los prisioneros soviéticos.

R.– Exacto. Los españoles son uno de los grupos nacionales que entran en Mauthausen y quedan a merced de las necesidades de producción de las SS, porque todos los campos y subcampos de su inmensa red trabajaban para la industria de guerra. Y esa es otra de las cuestiones que abordamos, los españoles llevan en todo momento cosida la de Spaniers y nunca perdieron la nacionalidad, no se convirtieron en apátridas, a pesar de que se les llamasen españoles de mierda. La Cruz Roja los reconoce siempre como españoles, tanto cuando entran como cuando son liberados. Y desde que llegan al campo, son víctimas de todas las operaciones de exterminio que se llevan a cabo, desde las de eutanasia, en el hospital de Hartheim, hasta las de experimentación médica. No hay que olvidar que Mauthausen es un campo para irrecuperables, todo el que entraba ahí no salía, y los que ya no pueden trabajar son exterminados. De ahí que se empiecen a utilizar técnicas para eliminar personas, como camiones de gas móviles o vacunas que iban degradando a los prisioneros.

P.– ¿Tenían los españoles un trato privilegiado con respecto a otros grupos nacionales?

R.– No se puede hablar de privilegios. Es cierto que no eran judíos, pero como el resto de reclusos tuvieron que ir adaptándose para sobrevivir. De hecho, algunos

Sse vieron forzados a colaborar con los kapos y fueron juzgados después de la liberación. De los 17 presos señalados por el Ejército norteamericano tras inspeccionar el campo, cinco eran españoles y fueron juzgados en Dachau –pero en la documentación adjunta a Nüremberg– por delitos contra la humanidad, que no prescriben. Aun así, Franco no los reconoció y el gobierno republicano en el exilio no estaba reconocido internacionalmente. De los cinco, uno es ejecutado, otro muere en prisión, a otro le dan la condena por cumplida, después de dos años encarcelando, y los otros dos son puestos en libertad. Este caso no lo conocíamos y es una prueba más de la presencia de España en la Segunda Guerra Mundial a través de la experiencia de los campos, no desde la relación del régimen con sus potencias aliadas, como se ha hecho hasta ahora. Son lógicas completamente distintas.

P.– La documentación del propio campo ha sido fundamental para reconstruir esas historias.

R.– Sí, el hecho de que fuese EEUU la potencia que liberó Mauthausen nos ha permitido hacer un trabajo científico con una información que no tenemos de los campos que fueron liberados por la URSS. El exilio y el mundo comunista ha reconstruido este periodo desde una visión mítica e interesada políticamente.

P.– Otra de las motivaciones de vuestra investigación ha sido la de reivindicar la memoria de esos españoles olvidados durante tantos años, ¿qué opinión le merece la ley de memoria democrática que se está tramitando en el Congreso?

R.– La ley tiene un significado importante en lo que atañe al derecho internacional. Estamos hablando de crímenes que no prescriben y está bien que España armonice su legislación con los estándares mundiales. Otra cuestión es que la ley se pueda utilizar políticamente. No digo que esta ley lo haga, pero se podría instrumentalizar. En nuestro caso, creemos que este libro sirve para repensar de dónde venimos. Mauthausen, que era conocido como el campo de los españoles, es un símbolo de la liberación, pero España no fue liberada a su vez por los aliados. Esto es un hecho contundente y por eso nuestra memoria es distinta. La prolongación de la dictadura de Franco impide que España se incorpore al modelo social y político que surge de ese momento fundacional que significa el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero la experiencia de los españoles en los campos nos permite entender que parte de nuestra memoria también es la europea.

P.– Eso es difícil, porque durante esos años España permanece al margen de Europa...

R.– Por eso la memoria europea va por un lado y la española tiene sus especificaciones, ya que procede de una guerra civil y de una larga dictadura que puso en práctica su modelo de reconciliación. Y ese modelo fue aceptado también en la Transición y ahora cuesta cambiarlo. Pero ya han pasado más de 80 años y la gente tiene que conocer qué pasó, porque la historia no podemos cambiarla y hay que evitar que se utilice políticamente. Y si quedan víctimas, deben ser reparadas. Hay, además, otro elemento muy importante, que es la apropiación de las víctimas. En el modelo de la dictadura, el franquismo se apropió de todos los caídos por Dios y por España, empezando por José Antonio. Y hay que hacer un esfuerzo por reconocer a las víctimas en un plano de igualdad, no se pueden enfrentar a unas víctimas con otras, como estamos viendo en los debates parlamentarios. Eso es un flaco favor a la Historia y sobre todo a las generaciones más jóvenes.

P.– Sin embargo, la intencionalidad política está en el origen mismo de la ley de memoria democrática.

R.– Sí, pero en algún momento habrá que intentar ir a una ley de Estado que evite las manipulaciones. No se puede retorcer la Historia. Aunque no es una cuestión estrictamente española. En Rusia es muy difícil hablar de la URSS o incluso acceder a los archivos. En Alemania no se pudo hasta los años 60 y en

Doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid es director del Grupo de Investigación Complutense de la Guerra Civil y el Franquismo Autor, entre otros, de ‘Geografía Humana de la represión franquista’ o ‘Los hombres sin nombre’, ambos editados por Cátedra

Francia, que se estudia muy bien la deportación hacia el Reich, la Guerra de Argelia sigue sin ser estudiada a fondo. Es un tema global, de guerra cultural, si quieres, pero en nuestro caso hay cuestiones políticas que debemos desbloquear, porque la versión de buenos y malos no sirve a la Historia, sólo a un presente político que mantiene la polarización de forma artificial. La lógica de víctimas buenas y perpetradores malos es fácilmente desmontable. Se confunde historia con memoria.

P.– A su vez, en el Congreso de los Diputados se está tramitando también la ley de secretos oficiales, que afectará al acceso a los archivos, ¿cómo está actualmente la situación para los historiadores?

R.– En España existe un limbo administrativo que dificulta mucho la investigación histórica. Para este libro, nosotros hemos consultado muchos archivos extranjeros para acceder a información que aquí no se puede ver. Pero lo más frustrante es que hay documentos que también están aquí. En otros archivos hemos visto la emisión de copia a Madrid de muchos documentos que aquí no están accesibles y hemos tenido que invertir tiempo y dinero (y mucha paciencia) para poder consultarlos. Volviendo a la cuestión de la memoria histórica, eso es lo que se tendría que hacer, facilitar el acceso a la información, porque si no es imposible hacer una interpretación correcta del pasado. P.– ¿Por qué persiste ese bloqueo?

R.– No creo que haya razones políticas ni intereses ocultos. Estamos obsesionados con la desclasificación, pero por lo que yo conozco hay una gran cantidad de documentación que sigue sin catalogar. El Archivo de Salamanca igual que los archivos militares o los de la administración civil, no tiene ni capacidad ni recursos para catalogar todo lo que existe. Hay muchos papeles en los que pone reservado, no porque sean secretos oficiales ni afecten a la seguridad del Estado, sino porque era el conducto por el que tenían que pasar. O por ejemplo, en muchos no se pueden hacer fotos, mientras que en cualquier archivo europeo te lo puedes traer todo en el móvil o en un pen drive. Aquí, dependiendo del archivo, las fotocopias te pueden tardar hasta seis meses. Luego hay cosas incomprensibles. El Ministerio de Exteriores lleva años en unas obras que parecen eternas, y esa es la excusa que dan para no dejarte ver algunos documentos. O el de Interior, que esgrime razones de protección de datos para no facilitar la documentación policial. Y son los archivos policiales los que han cambiado muchas visiones de la Historia, como en el caso de la Unión Soviética, gracias a la apertura parcial de los archivos de algunas ex repúblicas. Cuando nosotros podamos acceder a los de la Brigada Político Social, podremos conocer el alcance y la profundidad de la estructura de represión y control estatal.

P.– ¿Tiene confianza en la nueva ley?

R.– No, seguramente lo va a hacer todo más complejo. De hecho, la mayor parte de los archiveros, cuando tienen duda de si facilitar o no un papel, esgrimen o la ley de protección de datos o la de secretos oficiales. Y sobre todo lo que es posterior al año 60 tienen dudas. Esta ley, en principio, es más conservadora y hará que sea más difícil investigar en España, donde para pedir determinados papeles se necesitan los informes de dos facultativos, lo que mantiene en un colapso el mundo archivístico.