44 investigados esperan banquillo y sentencia
Huidos como Puigdemont o no aforados aún no han afrontado su responsabilidad
El juicio del procés se ha celebrado, pero quedan varios juicios del procés. No serán tan aparatosos como el del Tribunal Supremo, pero también en ellos se intentará determinar la responsabilidad de 44 investigados en la celebración del referéndum ilegal.
En el banquillo del Supremo se sentaron el 14 de febrero de 2019 una docena de responsables del 1O, pero no estaban todos los que hubiera querido el Alto Tribunal. Había siete huidos que con el tiempo se han quedado en cinco. El primero de todos, el ex president Carles Puigdemont, que encabeza la lista de quienes aún están pendientes de pasar ante un tribunal y recibir sentencia. Como escuderos en su huida por Europa, Puigdemont aún mantiene a tres consellers de aquel
Govern de finales de 2017: Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig.
Si algún día se resuelve en su contra el enredo de su inmunidad como parlamentarios y son entregados a España, o si se cansan de esperar y vuelven voluntariamente, deberán sentarse en el banquillo. Les aguardarán dos cosas: condenas equivalentes a las que el Supremo dictó en el procés y los indultos que llegaron poco después.
También la ex secretaria general de ERC Marta Rovira iba camino del Supremo. Nunca llegó al banquillo ni a pasar por la cárcel. Huyó a Suiza el día en que el magistrado Pablo Llarena iba a comunicarle su procesamiento y su ingreso en prisión provisional. En caso de ser juzgada, Rovira deberá responder por un delito de sedición, lo que supone duras penas de cárcel.
Más suaves son las condenas que podrían caerles a otras dos huidas que ya volvieron. Un delito de desobediencia, que solo acarrea pena de inhabilitación, espera a la ex consellera y aún diputada Meritxell Serret en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El mismo delito, aguarda a la ex diputada de la CUP Anna Gabriel. Aún está por ver si en el Supremo o en el TSJ de Cataluña, por el baile de aforamientos.
A los siete mencionados se les suman otros 32 que nunca pasaron por el Supremo, sino que fueron investigados en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, pieza clave en la investigación del 1-O. Dos de ellos tendrán que responder ante el TSJ por el juego de aforamientos. Son los ex altos cargos de Economía –el de Oriol Junqueras durante el procés– Josep Maria Jové y Lluis Salvadó. Se les atribuyen delitos de malversación, desobediencia y prevaricación. El del mal uso de fondos públicos puede suponerles duras penas de prisión. Jové es la cabeza de ERC en el Parlament y forma parte de la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez. Jugó un papel clave en el inicio de la investigación, aunque sin desearlo. En su domicilio se halló la hoja de ruta del procés. Salvadó es secretario de Hacienda de la Generalitat y diputado en el Parlament por ERC.
Los otros 30 procesados van camino de la Audiencia Provincial de
Barcelona. La lista incluye a la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach, y a los directores de TV3, Vicenç Sanchis y Catalunya Ràdio, Saül Gordillo. Les acompañan el ex director de la delegación del Govern ante la UE Amadeu Altafaj, el ex secretario general del Diplocat Albert Royo, y la ex interventora de la Generalitat Rosa Vidal.
La resolución que les mandó al banquillo por malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación sonaba muy parecida a la dictada por el Supremo contra los miembros del Govern: «Dentro de sus respectivos ámbitos de actuación, siguiendo las directrices marcadas por los distintos departamentos de la Generalitat y con el firme propósito de celebrar el referéndum hacia la independencia, realizaron actuaciones y algunos dictaron resoluciones con las que dispusieron de fondos públicos para financiar el referéndum».
Los cinco síndicos electorales del 1-O fueron juzgados y absueltos de los delitos de usurpación de funciones públicas y desobediencia. Recientemente la Audiencia de Barcelona anuló esa sentencia por su falta de razonamiento y ordenó la celebración de un nuevo juicio. Una de ellas, Tània Verge, no se sentará ante un juzgado de lo Penal, sino ante el TSJ de Cataluña porque en mayo fue nombrada consellera de Igualdad y pasó a estar aforada.