MONCLOA REHÚYE CAMBIAR LA SEDICIÓN: “NO ESTÁ MADURO”
Esquiva la presión de ERC al considerar que no hay “una mayoría holgada” a favor de modificarla
La desjudicialización de la vida política e institucional en Cataluña es uno de los principales compromisos adquiridos por el Gobierno y la Generalitat en la llamada mesa de diálogo. En su última reunión, en julio, se ahondó en esta vía y se plasmó por escrito la voluntad de avanzar en la concreción de «reformas legislativas, normativas, reglamentarias o de cualquier otra índole para superar la judicialización y sus efectos». ERC presiona ahora para acometer la rebaja del delito de sedición o al menos contar con avances antes de negociar en las próximas semanas con el Gobierno los Presupuestos para 2023. En La Moncloa echan agua fría, a día de hoy, a esta vía: «El asunto no está maduro», exponen desde el complejo presidencial.
El Gobierno muestra disposición a reformar el delito de sedición para homologar este tipo al resto de países europeos. Todas las fuentes gubernamentales consultadas ratifican que esta posición no ha cambiado desde que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, anticipara este planteamiento a principios de 2020. El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha vuelto a poner sobre la mesa el asunto, al exigir antes de hablar con el Gobierno de las Cuentas Públicas para 2023 –el Ejecutivo necesita a ERC para aprobarlas– «poner justicia donde hay injusticia». «El PSOE sabe que antes de negociar los Presupuestos debe cumplir cosas comprometidas hace tiempo», dijo esta semana Rufián en una entrevista en EL MUNDO.
En el Gobierno enmarcan estas presiones públicas en el hecho de que acaba de arrancar el curso político en Cataluña y que, ante la negociación de los Presupuestos, ERC busca réditos ante los suyos, que necesita arrancar compromisos políticos en su confrontación con Junts para así poder seguir justificando su apuesta por el diálogo.
Esta semana, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, esgrimió tras la celebración del Consejo de Ministros que «se puede explorar esa modificación». En el Ejecutivo sostienen que es la posición que siempre han mantenido, que no hay variación o cesión a la exigencia de ERC de estos días. Creen que hay que rebajar los tipos de sedición y rebelión, pero exponen la dificultad de las mayorías en el Congreso, esgrimen que no se dan los apoyos necesarios.
El Código Penal es una ley orgánica, por lo que su modificación requiere de mayoría absoluta en el Congreso, 176 escaños. Estos se alcanzarían con la mayoría del llamado bloque de investidura: los partidos nacionalistas y minoritarios de la Cámara que apoyaron a Sánchez y que suelen sacar adelante las medidas gubernamentales. De ahí que este argumento no convenza a los independentistas catalanes, que quieren este año avances en esta reforma del Código Penal.
«Es una reforma lo suficientemente importante como para tener una mayoría asentada, holgada», explican en el Gobierno, recordando que ERC en un primero momento rechazaba esta vía y exigía la amnistía. «Es un tema que tiene que llegar muy cerrado y atado», añaden fuentes gubernamentales, apuntando a la falta de seguridad en la posición final que podrían adoptar algunos partidos. La otra vía sería hacerlo de la mano del PP, opción inviable, como asume el Ejecutivo.
Además, tanto en el Gobierno como en el PSOE asumen que una decisión así ahora mismo podría suponer un importante coste político en la antesala de un ciclo electoral. Pasó también con los indultos, decisión que en el Ejecutivo califican de «valiente que hoy poca gente puede el Gobierno, conscientes del peligro de que la decisión se interprete como una medida ad hoc para los líderes del procés, que además sería beneficiosa para Carles Puigdemont, fugado de la Justicia española.
En todo caso, el trabajo y el contacto permanente entre Gobierno y Generalitat persiste. Muchos asuntos avanzan fuera de los focos. «La relación es buena más allá de la típica declaración para confrontar», admiten en La Moncloa. La voluntad del Gobierno es, como se acordó, que pueda haber una nueva reunión de la mesa de diálogo antes
ARAGONÈS. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, dijo ayer en una entrevista de TV3 que buscará apoyos para seguir gobernando si Junts sale del Ejecutivo. “No convocaré elecciones. El país no se lo merece”, zanjó.
TURULL. Asimismo anunció que hoy mantendrá una conversación con el secretario general de Junts, Jordi Turull, sobre la crisis abierta en el Govern; aunque volvió a rechazar restituir a Jordi Puigneró como vicepresidente.
cuestionar». Pero esa decisión se tomó sin elecciones en el horizonte como ahora. Y exigió un ejercicio de pedagogía hacia el interior del partido, pues no todo el mundo estaba de acuerdo. La reforma de la sedición «se tiene que explicar bien, que se hace para homologar un tipo penal al resto de Europa», dicen en
“NO CONVOCARÉ ELECCIONES”
de fin de año. Eso sí, no se pierde de vista las vicisitudes por las que atraviesa el Gobierno catalán, que podrían culminar la semana que viene en su ruptura. En La Moncloa muestran confianza en que el presidente catalán, Pere Aragonès, mantenga su firmeza y determinación por el entendimiento.