2O AÑOS DE MARTIRIO EN VIGO
tras un final en el que «todo lo que se ha averiguado del asesinato en los últimos años es porque lo hemos conseguido la familia», el 1 de mayo la instrucción prescribió para cualquier posible nuevo sospechoso. Aunque aparezcan nuevas pruebas, nada se podrá investigar.
La causa tan solo podrá seguirse contra su ex novio, Pablo P. S., que para la familia siempre fue el principal sospechoso. Un informe de 2019 apuntaba a este chico y a Rosa le «cuesta creer» que no se le citase en el juzgado como investigado hasta febrero de 2022. Finalmente, hasta marzo de este año, a punto de cumplirse dos décadas de la muerte, no declaró por primera vez en el juzgado. La Justicia tardó ocho años en registrar su coche.
Rosa relata «múltiples irregularidades» hasta que ahora «la han pifiado a nivel estratosférico». «La primera negligencia
La juez ha denegado revelar cuál fue la cadena de custodia de las pruebas
aparece en el folio 11 del sumario. Entre la página 10 y 11 está el atestado de la Guardia Civil de recogida de pruebas de la escena del crimen y lo que se inscribe en el juzgado, y aparece un sobre extra que no está registrado en el primer informe pericial de la policía», explica Rosa.
Para Ignacio y Ramón Aguado, el hallazgo del móvil es «la más grave» de esas irregularidades, junto a la de no haber puesto a disposición del juzgado el disco duro del ordenador de Déborah hasta 2019. Permaneció años en su casa, en 2006 lo recogieron y no se supo nada durante 13 años. Según explica su hermana, existe un acta de recogida de 2006 que «utiliza una tipografía de letra que no existía en 2006». Pese a que han pedido conocer la cadena de custodia de ese disco duro y detalles sobre la naturaleza del acta de recogida, la juez les ha denegado la petición.
En el caso del móvil, su madre lo entregó a los policías en 2006 y recuerda que metieron el móvil en una bolsa y la tarjeta SIM en otra, pero hasta su hallazgo en las obras en Canillas, nada se supo de él. En un atestado del año 2019 la Policía hablaba de una «inspección visual» del móvil, pero se señalaba que nunca había sido recogido por la Policía para su análisis. Sin embargo, ahora ha aparecido y un inspector que dirigió la investigación realizó unas declaraciones recientes en televisión diciendo que la Policía «ya sabía de la existencia del móvil». Los abogados de la familia piden que se aclare «esta contradicción tan evidente».
«Ya es tarde, lo sabemos. Poco queda por hacer, o quizá ya nada, pero exigimos que la UCDEV de Madrid sea retirada del caso y lo que quede por hacer se encomiende a la Guardia Civil», insisten en su último escrito judicial Ramón e Ignacio Aguado. Rosa añade que, de hecho, el cuerpo de Déborah apareció en una zona competencia de la Guardia Civil y «no sé por qué se decidió que fuese la Policía» la que asumiera el caso.
Además, insiste en que «ya hemos perdido la confianza en ellos», en alusión a la Policía Nacional, y centran sus únicas esperanzas en un nuevo equipo investigador. Su lucha nace de la «desesperación personal». Rosa tenía 17 años cuando ocurrió y los primeros años «no disponía de herramientas para afrontar un caso como este», pero desde que se hizo adulta se lo toma como un reto personal. «A mi hermana no me la van a devolver, pero yo lo que quiero es saber la verdad, independientemente de la vía judicial». También la reparación social, pues, añade, «la Policía siempre nos ha hecho sentir como unos locos y el tiempo nos ha dado la razón».
El que fuera novio de Déborah no fue citado a declarar hasta 2022