El PP impulsa el blindaje legal contra los «Països Catalans»
Se compromete a recuperar la ley de señas de identidad valencianas derogada por Ximo Puig
El PP valenciano calienta motores de cara a una larga precampaña electoral. Si primero enarboló la bandera de la bajada de impuestos a la que ha acabado sumándose el presidente Ximo Puig, ahora le toca el turno a la del debate identitario. A las puertas de la celebración del día de la Comunidad Valenciana este domingo, el partido de Carlos Mazón recupera la derogada ley de señas de identidad. Sin apenas recorrido porque fue una de las primeras normas que tumbó el Gobierno de Puig en 2015, la ley vuelve a escena como blindaje frente a los llamados «Països Catalans». El uso de la expresión por organismos oficiales, por ejemplo, se perseguirá en los tribunales.
Es uno de los puntos que incluirá la revisión de una norma que formará parte del programa electoral con el que Mazón aspira a convertirse en el próximo presidente de la Generalitat. La primera versión de la ley —que el PP aprobó en las Cortes Valencianas a pocos meses de las elecciones de 2015— causó no poca polémica porque reconocía a la Real Academia de Cultura Valenciana o Lo Rat Penat, pero no a la oficial Academia Valenciana de la Lengua. Es decir, dejaba fuera a la institución amparada por el Estatuto de Autonomía por secundar la tesis de la unidad de la lengua, es decir, por considerar que valenciano y catalán son la misma lengua.
En la actualidad, la derecha regionalista ha tratado de reactivarse a partir del nuevo partido del hijo del histórico Vicente González Lizondo, con lo que el objetivo del PP es volver a unir a todo el espectro conservador. No en vano, esta fue la estrategia sobre la que los populares valencianos asentaron sus mayorías absolutas.
«Defendamos nuestro autogobierno y no dejemos que algunos busquen fuera las señas que ya tenemos», pedía hace unos días Mazón en una conferencia. De hecho, el PP lleva tiempo denunciando que el tripartito de izquierdas valenciano ha concedido subvenciones millonarias a entidades consideradas catalanistas.
La idea de la ley, por tanto, es prohibir este tipo de ayudas públicas que suelen enmarcarse en el fomento del valenciano. Pero no solo eso, sino que se quiere ampliar para ir más allá e impulsar la batalla judicial contra los «Països Catalans» que defiende la izquierda nacionalista.
El borrador de la norma al que ha tenido acceso este diario recoge que todas las instituciones públicas valencianas «están obligadas a defender nuestra autonomía, símbolos, señas e identidad ante los tribunales, incluido el Constitucional». Y deberán hacerlo «por vulneración de derechos fundamentales o conflictos de competencia frente a los actos, objetivos manifestados y declaraciones que supongan agresión, quebranto, intromisión, vulneración, merma, pretensión de anexión o federación prohibida por la Constitución, usurpación, conflicto o falta notoria de respeto y reconocimiento del derecho a la autonomía de la Comunidad dentro de la nación española».
Según las fuentes consultadas, aquí cabría la persecución judicial del uso del término «Països Catalans», siempre que fuese en instancias oficiales y no amparado por la libertad de expresión. El PP ya lo intentó cuando el Senado permitió su uso y no lo vetó pese al requerimiento de los populares, que esgrimieron sin éxito que la denominación oficial es Comunitat Valenciana.
Además, en el capítulo sobre la «defensa legal y judicial» de las señas de identidad valencianas, la norma compromete el apoyo público a las iniciativas privadas en esta línea: «Se apoyará especialmente la labor y legitimación de las instituciones o entidades privadas valencianas que tienen entre sus objetivos la defensa de nuestras señas, símbolos, lengua y tradiciones, incluso para interponer acciones judiciales reclamando el cese de la intromisión».
Por ejemplo, ante el Senado se presentaron hace unos días más de 100.000 firmas contra los «Països Catalans» recogidas por la Real Academia de Cultura Valenciana, Lo Rat Penat, la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y el Ateneo Mercantil de Valencia.
La nueva norma incluye la «defensa judicial» de los símbolos valencianos
El PP ha denunciado las ayudas del tripartito a entidades catalanistas