La Fiscalía va al choque con Madrid
Ordena escuchar a las familias de los fallecidos en residencias tras la polémica de Ossorio
La Fiscalía General del Estado ordenó ayer a todas las fiscalías de España que garanticen que todos los familiares de fallecidos en residencias y centros de mayores como consecuencia de la pandemia del coronavirus sean oídos en los procedimientos penales que se encuentren abiertos.
Así lo ordena en un oficio firmado por el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, siguiendo indicaciones del fiscal general, Álvaro García Ortiz, en el que da un mes a las fiscalías para que remitan información del número de diligencias de investigación en cada comunidad, de denuncias y querellas interpuestas por las mismas y de procedimientos judiciales en tramitación.
En el Ministerio Público consideran que «es preciso adquirir un conocimiento detallado y analizar con exhaustividad la situación actual y el devenir de los procedimientos penales incoados en relación con los fallecimientos acaecidos en las residencias de la tercera edad como consecuencia de la enfermedad del Covid-19».
El oficio está fechado el pasado día 6, apenas 24 horas después de que el vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, dijera que la propuesta de Vox de crear una comisión de estudio sobre la situación de las residencias de mayores durante la primera etapa del Covid «solo tiene un interés electoral y va a causar un daño a esas familias que podrán volver a pensar si se podría haber evitado la muerte de sus familiares».
«Creo que eso las familias ya lo han superado y volver a esto por interés electoral no es procedente», añadió Ossorio, incidiendo en que «se está mandando un mensaje falso a los familias porque estamos sospechando de si las muertes se podían haber evitado cuando no es así».
Estas palabras suscitaron el rechazo unánime de los partidos de izquierda en la Asamblea de Madrid, que recibieron al día siguiente al vicepresidente en la cámara con gritos de «dimisión».
En el documento, la Secretaria Técnica, amparándose en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, da instrucciones a los fiscales superiores de las comunidades autónomas para que garanticen que todos los familiares de víctimas sean oídos en las diligencias de investigación y en los procedimientos judiciales velando por su derecho a ser informadas, en especial cuando no estén personadas en el procedimiento.
El Ministerio Público pide también en su escrito que los fiscales tengan una actuación particularmente proactiva en estos casos y pidan en los juzgados la toma de declaración de las víctimas o sus familiares –en especial cuando no estén personados en el procedimiento–, si no ha sido acordada ya de oficio por el órgano judicial.
Asimismo, la Fiscalía General ordena a l os fiscales asistir en todo caso a la toma de declaración de los familiares y de las personas investigadas, así como a todas las declaraciones de los testigos que sean «de relevancia para el proceso». En algunas ocasiones los fiscales no asisten a esas diligencias –a cuyo contenido pueden acceder más tarde–, lo que provoca sensación de indiferencia entre los afectados.
En el oficio, se pide también a los Fiscales Superiores que actualicen trimestralmente los datos relativos al número de diligencias de investigación en tramitación en todas las fiscalías de cada Comunidad Autónoma, así como el número procedimientos judiciales en curso. La ley impide que la fiscalía investigue un caso que ya está en manos de un juzgado, al que deben remitir lo que hubieran indagado hasta entonces. Así pues, la fotografía de las investigaciones sobre lo sucedido en las residencias es una combinación de causas judiciales e investigaciones de la Fiscalía.