Los 27 fían el acuerdo del gas y la luz para dentro de dos semanas
La Comisión presentará una propuesta más concreta para intervenir el mercado antes del Consejo Europeo del próximo día 20
Después de un año de fricciones, desprecios, burlas y choques abiertos, los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 se han sentado este viernes en el Castillo de Praga para discutir abiertamente por primera vez sobre un tope, o varios topes, al precio del gas. Lo que antaño era imposible, impensable, inaceptable para la mayoría y un peligro inasumible para algunos socios y la propia Comisión Europea, ya es una realidad. No se discute si se debe hacer, sino cómo, cuánto y hasta cuándo. «Antes era la posición marginal, ahora claramente es la principal», reconocen fuentes comunitarias.
Los líderes han dado un mandato a la Comisión para que prepare una propuesta mucho más clara, agresiva. «Menos vaga, más concreta», en palabras de Mario Draghi en una de sus últimas apariciones. El italiano ha estado muy «contundente», según altas fuentes europeas, apelando a los socios y a las instituciones a dar el paso lo antes posible y con firmeza. Ha criticado con extrema dureza las dudas de Bruselas, los obstáculos, acusándoles de retrasar siete meses algo que era ya entonces urgente y que sólo se abordará a las puertas de una recesión.
«Somos cada vez más los que defendemos estas intervenciones como medida central para controlar la inflación y mantener reglas del juego comunes y preservar el mercado único entre todos. La excepción ibérica que a finales de octubre esperemos que deje de ser tal y sea la normal ha permitido ahorrar 2.600 millones de euros, cantidades muy importantes en poco tiempo», ha señalado el presidente español, Pedro Sánchez, al concluir. Las mismas fuentes señalan que el español ha compartido el mensaje, pero en términos mucho más suaves dentro de la sala, consciente de que sus propuestas ahora sí son escuchadas y se van a generalizar.
Países como España o Portugal empezaron a presionar a finales del verano de 2021 porque denunciaban que los precios estaban escalando hasta niveles insostenibles. El diagnóstico de las instituciones, de Alemania y Países Bajos, es que se trataba de algo temporal, producto de la presione por el retorno de la demanda en China tras la pandemia, pero que todo volvería a la normalidad a principios de 2022. Eso, con la guerra de Ucrania mediante, nunca se produjo, sino todo lo contrario. Los precios energéticos hoy están a niveles cinco o 10 veces superiores a la media del último lustro y los 27, tras infinitos tiras y aflojas, han asumido que una intervención en profundidad del sistema es urgente.
Se intentaron antes todas las vías, desde suavizar los marcos de ayuda de Estado para que los Gobiernos cubran a empresas y hogares vulnerables a relajar todos los resortes, pero sin tocar el sistema marginalista. Se han aprobado reducciones den consumo de gas, del consumo eléctrico, tope a los beneficios de las empresas que no usan tecnologías inframarginales (como renovables y nuclear) y una «contribución solidaria» de hasta el 33% a los beneficios extraordinarios de las empresas de combustibles fósiles. Y ahora, «tras un año de retraso», en palabras del Gobierno español, se va a la raíz, al gas y a la fijación de precios.
El gran problema es que aunque el objetivo sigue siento reducir los precios, cada actor tiene sus preferencias, sus sugerencias y sus líneas rojas. La controversia rodea a la expresión «tope», porque es sorprendentemente polisémica en el debate comunitario y porque cada uno querría lograrlo a su manera. Cuando en Bruselas hablan de tope a los precios (price cap) se pueden referir a poner un máximo al gas importado (bien sea de Rusia, bien de aliados o vecinos como Argelia, Noruega o Azerbayán). Pero también a fijar un tope al precio que se pagará por el precio que se usa para la generación de electricidad, como han hecho España y Portugal con la llamada «excepción Ibérica».
Madrid y Lisboa invitan a que se replique, en la medida de lo posible, su modelo para todo el continente. «La Comisión ya recoge muchas de las propuestas y planteamientos de los últimos meses, como un tope al precio del gas, compras conjuntas de gas, reforma del mercado eléctrico y el mecanismo ibérico que, por lo que hay que sentir orgullo. Cada vez son más los países que quieren importar esta excepción para que sea norma común. Nuestra intervención es reconocida y puede ser exportable», se congratuló Sánchez.
Los líderes han pedido a la comisión que prepare una propuesta más clara
Con el Pacto Verde y el Acuerdo de París, Europa apunta de forma decisiva hacia un futuro próximo definido por una economía y una industria con cero emisiones netas de gas invernadero para el año 2050. Sin embargo, este objetivo se enfrenta a varios retos. Uno de ellos implica obtener el compromiso del sector empresarial y financiero que, a su vez, precisa de un marco regulatorio coherente y homogéneo que ayude y obligue a las empresas a cumplir dichas metas. Varias empresas ya han asumido el compromiso de ser neutrales en carbono en 2040. Pero, ¿es su compromiso sincero o nos enfrentamos a un objetivo inalcanzable?
Estos temas se abordaron en el evento Coca Cola Real Talk Cero emisiones: ¿Utopía o ilusión?, un foro organizado por Coca Cola, EL MUNDO y diario Expansión. El debate fue enriquecido con las intervenciones de María Mendiluce, CEO de We Mean Business; Miguel Ángel Soto, Responsable de Campañas de Greenpeace España; Juan Ignacio De Elizalde, Director General de Coca-Cola Iberia; Mauricio García de Quevedo, Director General de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y fue moderado por Pedro Biurrun, Subdirector de Expansión.
«Cumplir ese objetivo es muy difícil, pero como sociedad no podemos dejar de hacerlo», señaló María Mendiluce. «En nuestra coalición de empresas que luchan por la sostenibilidad, hay 9.000 compañías que se han comprometido con los objetivos de París y este número está creciendo», aseguró.
Sin embargo, los esfuerzos voluntarios de las empresas no son suficientes para la ONG Greenpeace. Y esto no sólo se debe a la inexistencia de un marco regulatorio estandarizado y la falta de regímenes sancionadores,