RESPUESTAS RÁPIDAS Y EFICACES PARA LA OKUPACIÓN

HOY NOS hacemos eco de cómo el delito de la okupación se ha disparado en España en la última década sin que ni Policía ni Justicia cuenten con los instrumentos legales necesarios para atajarla. Un fenómeno que sólo se puede explicar por la concepción equivocada y doctrinaria del derecho a la vivienda y de la propiedad privada que arrastran ciertos partidos que ostentan el poder.

Como informamos en nuestras páginas, entre 2017 y 2021 las okupaciones han crecido un 63%, pasando de 10.619 a 17.274. Son cifras que evidencian que no estamos hablando de un problema aislado sino de uno que amenaza con descontrolarse y cronificarse en nuestro territorio. Así lo perciben también los españoles a tenor de lo observado en diferentes encuestas y en manifestaciones como la que rodeó el Congreso hace unos meses. Cada vez son más los ciudadanos que sufren la usurpación de la propiedad privada: el ataque en sí mismo y también los disturbios que suele acarrear en lo referente a la convivencia vecinal.

Hasta el momento, desde el Gobierno se había hecho oídos sordos. Es más: durante la pandemia, bajo el pretexto de ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad, la coalición aprobó una modificación en el decreto antidesahucios que obligó a paralizar los desalojos cuya causa fuese un procedimiento penal. Es decir, cuyos protagonistas fueran okupas que allanaban viviendas. La sugerencia partía de Unidas Podemos y el PSOE la amparó. Durante la legislatura de Sánchez, ambos partidos han impedido que se taparan los agujeros de una ley demasiado contemplativa con los delincuentes y que todavía es más laxa cuando el propietario de las viviendas es un gran tenedor. Por ello, la mayoría de los casos hacen referencia a usurpaciones de casas vacías, como pueden ser los derivados de una herencia o los que están relacionados con la banca. Y se producen situaciones como la de Miguel, que detallamos hoy: su padre murió en 2015 y legó a él y a sus tres hermanos un chalet, que era la residencia estival de la familia. Okupado desde 2021, ellos pagan los gastos de suministro porque su economía se lo permite. Mientras tanto, la acción de la Adminsitración se lentifica.

Con la okupación debe imponerse la tolerancia cero desde todos los estamentos de la administración. En este sentido, Alberto Núñez Feijóo anunció este viernes desde Cataluña –la comunidad más golpeada por la criminalidad– un programa que incluye el desalojo en un plazo máximo de 24 horas a quienes no puedan acreditar un título jurídico válido para estar en la vivienda que habitan y el desalojo inmediato en caso de okupación flagrante. Es incomprensible que dichas medidas razonables no sean las que están en vigor. En cambio, Podemos ha defendido con orgullo el inexistente derecho a la okupación y la impunidad de sus responsables. Y ahora, por primera vez, el PSOE parece entrar en razón. Ha planteado una modificación del artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para echar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas. Sin embargo, atendiendo a la letra pequeña vemos que la normativa se refiere únicamente a casos de «allanamiento de morada o usurpación de bienes inmuebles» y que deja fuera a los inquilinos que no pagan su vivienda y se niegan a abandonarla. La okupación no debe enfocarse como un problema de acceso a la vivienda. Es delincuencia que se beneficia de una legislación que hay que modificar para poder articular respuestas rápidas y eficaces. La protección de la propiedad privada es un elemento fundamental de la seguridad jurídica.

La protección de la propiedad privada es un elemento fundamental de la seguridad jurídica