LIBRE A LA ESPERA DE EXPULSIÓN
destitución del comisario jefe de los Mossos d’Esquadra el pasado lunes, fueron el preludio de la primera y temprana derrota parlamentaria del Ejecutivo. El proyecto de ley del Plan estadístico de Cataluña, la primera iniciativa que el flamante Govern en solitario llevaba al pleno, solo obtuvo los síes republicanos.
La abstención de Junts a ese texto, que había sido impulsado por el hasta hace dos semanas consejero de Economía, Jaume Giró, mostró a las claras lo que puede suceder con los presupuestos de la Generalitat, un proyecto que también sale del despacho de Giró, pero que los posconvergentes han anunciado que no contará con su favor porque estaban condicionados por formar parte de un Ejecutivo de coalición. Pese al empecinamiento de ERC en obviar la mano tendida del PSC, el visto bueno de los socialistas es ahora la única fórmula viable para no tener que recurrir a una prórroga de las cuentas públicas. Una opción que los republicanos tratan de relativizar, pero que comportaría renunciar al aumento de 3.000 millones de euros en el techo de gasto.
Sin Junts en el Govern, Aragonès tiene más margen de maniobra en su apuesta por la mesa de diálogo con Pedro Sánchez. Pero, aun así, el president necesita que «la desjudicialización del conflicto» se traduzca en hechos concretos antes de que finalice el año. ERC insiste en la reforma del delito de sedición y, con ello, tratará de condicionar su sí a los Presupuestos Generales del Estado.
La carpeta judicial es otro de los obstáculos que pueden añadir turbulencias al trayecto hacia el final de la legislatura. Con la incorporación de Meritxell Serret al Gabinete, ya son tres los consejeros con causas judiciales por presunta desobediencia. Roger Torrent, con el juicio ya visto para sentencia, y Natàlia Garriga, procesada, son los otros dos. Además, la titular de Feminismos, Tània Verge, absuelta el año pasado por su papel como síndica del referéndum de 2017, se podría enfrentar a una repetición del juicio, tal y como ordenó en julio la Audiencia de Barcelona. Por otra parte, los diputados Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, dos hombres fuertes del aparato del partido, están pendientes de ser juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por su papel en los preparativos del 1-O.
Y, con mayúsculas, hay otro nombre que se podría cruzar en el camino de Aragonès con incalculables consecuencias: Carles Puigdemont. La vista sobre el recurso que el ex president presentó contra el Parlamento Europeo por retirarle la inmunidad se celebrará el 25 de noviembre en el Tribunal General de la Unión Europea. La resolución del caso será fundamental para el futuro judicial de Puigdemont en Bélgica, país que mantiene suspendida la euroorden que emitió el Tribunal Supremo.