En desorden
LEGISLANDO para atrás, que de eso se trata, la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición permitirá rehabilitar a Oriol Junqueras y que Carles Puigdemont se asome sólo por la cárcel si quiere salir de su escondite de Waterloo. Los cambios legales son de aplicación retroactiva cuando benefician al reo y lo que hicieron los reos del procés, el segundo desafío a la democracia española tras el 23-F, ya estaba bastante amortizado con los indultos. Legislando para el presente, Pedro Sánchez va a amarrar los presupuestos para llegar al final de su mandato y va a echarle un cable a Pere Aragonés para que haga lo propio. Legislando para el futuro, el Gobierno va a dejar establecido que los que traten de romper el Estado, incluso aprovechándose del poder que les otorga «hallarse constituidos en autoridad», sólo serán acusados de un delito de «desorden público»; eso sí, agravado.
En democracia, nadie en España ha sido condenado por sedición excepto los cabecillas del 1-0. Y lo fueron después de que se llegara a barajar juzgarles por rebelión, el delito por el que penó el teniente coronel Tejero y los otros participantes en el golpe de Estado. Ahora, el Código Penal reformado no va a contemplar el término medio entre entrar a tiros en el Congreso de los Diputados y provocar unos disturbios violentos que afecten a la paz pública como, por ejemplo, por la derrota de tu equipo de
El Código Penal no va a contemplar el término medio entre entrar a tiros en el Congreso y provocar disturbios violentos
fútbol. Declarar, sin violencia, la independencia de un territorio va a ser un desorden público agravado. Prisas aparte, no debe de estar muy seguro el Gobierno de su reforma cuando al plantearla como iniciativa parlamentaria evita los informes del Consejo de Estado o del CGPJ.
Las justificaciones de Sánchez son siderales. La homologación con los países del entorno, cuando el Supremo ya le dijo que nuestras leyes son más benevolentes. La obsolescencia del delito, tipificado en el siglo XIX, como si ya no se cometieran homicidios o robos con violencia por aparecer en nuestro primer Código Penal. O la distensión de la situación de Cataluña, calculando que la amenaza con un castigo menor va a seguir siendo disuasoria para el que pretenda volver a delinquir. Por si acaso, el presidente de la Generalitat advierte que con la reforma «será más difícil perseguir injusta y arbitrariamente al independentismo». Despejando el camino.
Sánchez ya enmendó a la Justicia con los indultos y ahora lo hace con la supresión de un delito. Aragonés llama a esto «desjudicialización», la oposición, «humillación» y «traición». Legislando para el presente, el suyo, Sánchez nos ha vuelto a dejar desprotegidos para el futuro, el de todos. Pero ¿qué es el futuro sin él?