Derogación urgente y sin pegas
L Sánchez impulsa con ERC rebajar los delitos del 1-O a «desórdenes públicos» penados con un máximo de 5 años L La decisión se tramitará en el Congreso con toda celeridad eludiendo los informes de los órganos constitucionales
Pedro Sánchez premia el apoyo imprescindible de ERC y lo hace a lo grande. El delito de sedición por el que fueron condenados los líderes del 1-O se derogará por la vía de urgencia y sin tropezar con sesudos informes de órganos constitucionales. En su lugar, en el Código Penal se recogerá una nueva figura, la de desórdenes públicos agravados que conlleva penas mucho menores. En concreto, los hasta 15 años con los que hasta ahora se castigaban los actos sediciosos, se rebajan a una tercera parte, entre tres y cinco años máximo si quien los comete es una autoridad y, además, la inhabilitación asociada se reduce a entre seis y ocho años.
La derogación de la sedición se llama, según el argumentario que Moncloa hizo llegar a todos los ministros, «europeización». El Gobierno y sus socios presentan la reforma del Código Penal, pensada para beneficiar a los condenados por el Tribunal Supremo y a los huidos de la justicia, como un ejercicio de homologación con los estándares que marcan las legislaciones de otros países europeos.
Sánchez, que en 2018 afirmó tajante que los cabecillas del procés cometieron «rebelión» porque «violentaron el orden constitucional», mantiene ahora que lo acontecido en septiembre y octubre de 2017 fueron sólo desórdenes públicos.
Los líderes de aquel intento de declarar contra la ley la independencia de Cataluña fueron condenados por el Supremo con hasta 13 años de prisión. El presidente, en un primer acto de cesión ante el independentismo, optó por concederles el indulto y sacarlos de la cárcel.
Ahora, da un paso más con una proposición de ley que rebaja al máximo las penas que cumplirían los fugados, como Carles Puigdemont o Marta Rovira, si regresan a España, y abriendo la puerta para que los indultados, como Oriol Junqueras, vean diluirse su inhabilitación y puedan concurrir en breve a las urnas.
De acuerdo con el nuevo redactado que Sánchez quiere para el Código Penal «serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas o invadiendo instalaciones o edificios». Si estos hechos fueran cometidos por «una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público», entonces las penas de cárcel se elevan a entre tres y cinco años y si sus promotores fueran «autoridad» el castigo se completará con la inhabilitación absoluta por tiempo de seis a ocho años.
Por ahora, en la proposición de ley ordenada por el presidente del Gobierno no se hace mención alguna al delito de rebelión pero ya hay voces en la Cámara que apuntan la posibilidad de que en la tramitación parlamentaria se pueda introducir también su revisión vía enmienda.
Sánchez pretende que su reforma, para la que necesita al menos 176 votos por afectar a una ley orgánica, sea consagrada cuanto antes. En medios parlamentarios se calcula un trámite de menos de dos meses si se tiene en cuenta que el Congreso está enfrascado en los Presupuestos, pero podría ser mucho menor.
De momento, ya se ha optado por la fórmula de la proposición de ley y no por el proyecto de ley. Son los grupos parlamentarios que sostienen al Ejecutivo –PSOE y Unidas Podemos– los encargados de firmar la ini
ciativa. De esta manera se logran dos objetivos muy importantes: los plazos de tramitación se reducen a la mínima expresión y, sobre todo, se evita el tener que recabar informes, seguramente incómodos, del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal.
Además, con una aprobación rápida la polvareda que ya ha levantado la decisión se aleja al máximo de las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo.
El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, encargado ayer de dar la cara y explicar el plan del presidente, argumentó que la derogación del delito de sedición, que llevaba tres años guardada en un cajón, se precipitó después de que el PP suspendiera las negociaciones de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, hace apenas 15 días. Fue entonces, según López, cuando ERC se avino a dar por buena una reforma que implica una rebaja muy importante de penas pero no es una amnistía.
Sánchez no tendrá dificultades para sacar adelante su proyecto. Contará, además de con los diputados socialistas y morados, con el apoyo evidente de los independentistas –sólo podrían fallarle los cuatro escaños de Junts–, los abertzales, los nacionalistas vascos y gallegos y los grupos minoritarios de izquierda. Enfrente topará con la oposición dura pero insuficiente de PP, Ciudadanos y Vox.
López también aseguró que la reforma del Código Penal no tiene nada que ver con la negociación de los Presupuestos, pese a la casualidad de su coincidencia con la misma y, además, se mostró convencido de que los votantes socialistas «comprenderán» la intención última del presidente que, más allá de buscar la europeización de la «obsoleta» legislación española, lo que pretende es garantizar por encima de todo «la unidad de España».
El convencimiento del portavoz socialista es sin embargo frágil. Apenas bastaron unos minutos tras la presentación de la propuesta para que al menos dos barones con mando en plaza, el aragonés Javier Lambán, y el castellanomanchego, Emiliano García-Page, se mostraran abiertamente contrarios a la iniciativa. Ambos saben que sus electorados rechazan la estrategia de continua cesión al independentismo y, o bien dejan clara ya su oposición a la misma, o lo pagarán en las urnas.
tes independentistas que huyeron de la Justicia hace cinco años, el mandatario catalán considera que habrá que estar a la expectativa de cómo actúa «una cúpula judicial escorada hacia posiciones conservadoras y nacionalistas españolas». «Sabemos que la aplicación de las leyes muchas veces no es tal y como una lectura neutral y objetiva comportaría, así que, tras los pasos judiciales, veremos si hay que seguir buscando otras vías de solución», añadió el president.
«Queda aún camino por recorrer y, por ello, seguiremos trabajando con toda la determinación para ampliar los acuerdos y construir otros que permitan lograr la completa desjudicialización del conflicto y ofrezcan a los ciudadanos que viven bajo amenazas recuperar y preservar en plenitud sus derechos y libertades», subrayó Aragonès al final de su comparecencia.
La eliminación del delito de sedición ha vuelto a hacer evidente la guerra insomne entre los dos principales partidos independentistas catalanes, Esquerra Republicana,
que celebró el acuerdo como una noticia «muy positiva» y reivindicó la utilidad de la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno, y Junts per Catalunya, que quiso rebajar el optimismo mostrado por sus antiguos socios.