Una reforma que debilita a la Justicia española ante Europa
El Gobierno refuerza en Estrasburgo la tesis de que las penas fueron desproporcionadas
La propuesta de reforma del Código Penal resquebraja la posición de la Justicia española ante los recursos presentados en Estrasburgo por los condenados del procés. En las demandas contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), uno de los elementos centrales es que las penas impuestas fueron «desproporcionadas». Y la proposición de ley lo ratifica expresamente: se impusieron «penas desproporcionadas».
Así consta en la Exposición de Motivos que PSOE y Unidas Podemos quieren hacer ley. «Debe fortalecerse la importancia del principio de proporcionalidad a la hora de establecer la pena hasta ahora asociada a este delito», dice el texto, que hace referencia media docena de veces a los «problemas de proporcionalidad» que tenía –tiene aún– el delito de sedición.
Formalmente, el Gobierno sostiene en Estrasburgo la corrección de las penas impuestas por la Justicia española. En la práctica, los pasos que ha dado en relación con el procés han ido en dirección contraria, según fuentes judiciales.
«Nuestra sentencia del 1-O está muerta en Estrasburgo; la batalla de Europa está perdida», afirmaron fuentes del Supremo tras la concesión de los indultos del procés. En el Alto Tribunal se considera que si aquello no fue la puntilla, esta reforma lo será. «Con la reforma del delito de sedición va a ser el propio legislador el que va a reajustar ese principio de proporcionalidad. El mensaje que se lanza es demoledor», se lamentaban recientemente fuentes del Supremo.
La «desproporción» de las penas que alega el Gobierno en la línea de los propios condenados fue descartada por el Tribunal Constitucional. La sentencia que avaló al Supremo resaltó la gravedad que tuvo el 1-O para la convivencia ciudadana. Hubo en el TC dos votos particulares que suscribieron la tesis de la desproporción a que ahora se suman los dos partidos en el Gobierno.
El eco de propuesta de reforma también llegará a Bélgica, que ha rechazado reiteradamente la entrega del huido Carles Puigdemont y los otros tres consellers huidos. La rebaja de penas supone, según fuentes judiciales, dar una especie de respaldo a ese no a las euroórdenes del Supremo. Al mismo tiempo, consideran que podría facilitar una entrega –al ser las penas menores y el delito más fácilmente equiparable– si finalmente el Tribunal de la UE da la razón al TS y permite reactivar de las euroórdenes.
Las interpretaciones de lo que podría suceder si el ex president y los tres ex consellers huidos pasaran a disposición del Supremo son variadas. Si se aplicara el nuevo delito, afrontaría un juicio por desórdenes públicos agravados y malversación. Este último delito, que queda como el más grave, marcaría las penas, que deberían estar por encima de los seis años de cárcel y los 15 de inhabilitación. Incluso si se interpretara que el nuevo delito no encaja en el 1-O, la malversación podría mantenerse con esos mínimos respectivos de seis y 15 años.
El pronóstico para la líder de ERC Marta Rovira sería mejor si decidiera regresar –Suiza jamás la extraditaría–. Ella no estaba en el Govern en el 1-O, por lo que no se le acusa de malversación. Todo indica que se le aplicaría el nuevo delito de desórdenes públicos. Al tratarse de una autoridad, la pena sería de tres a cinco años de cárcel e inhabilitación de seis a ocho años.
«Algunos lo celebran y lo venden como si fuera la derogación del delito, pero no es lo mismo. El delito no se deroga: se le cambia el nombre y se anuncia una rebaja de penas», manifestó a través de Twitter el ex presidente catalán Carles Puigdemont, que calificó a Pedro Sánchez como «un maestro en el arte del engaño».
En este sentido, el secretario general de Junts, Jordi Turull, describió la reforma legal promovida por el Ejecutivo como «un traje a medida para extraditar a los exiliados y poder castigarlos».