De «rebelión» a los «desórdenes» entre mentiras
Sánchez fue cambiando su discurso sobre el 1-O a medida que estuvo atado por ERC
Eliminar el delito de sedición del Código Penal, en connivencia con el independentismo catalán, culmina una trayectoria de bandazos de Pedro Sánchez sobre los hechos sucedidos en Cataluña en 2017. Desde entonces hasta hoy, el presidente ha pasado de proclamar que fue «clarísimamente» una «rebelión» a ordenar a la Abogacía del Estado sostener la tesis de que fue una sedición en la acusación en el juicio del 1-O. De ganar las elecciones prometiendo a los españoles traer a Puigdemont para rendir cuentas ante la Justicia a derogar el delito principal del que se le acusa. Estas y otras piruetas para asegurar dialécticamente una cosa y su contraria se han dado al mismo tiempo que aumentaba su dependencia de ERC para que sujetara con sus votos al Gobierno.
El Sánchez de 2017 y de la primera mitad del año 2018 sostuvo con vehemencia que todo lo que rodeó al 1-O fue una «rebelión». «Si no hay altercados públicos no significa que no pueda haber un delito de rebelión, como sí que se produjo [...] Yo creo que lógicamente lo es», dijo el 17 de mayo en Antena 3.
El entonces líder de la oposición anunció un día antes en TVE que el PSOE presentaría en el Congreso una modificación del Código Penal para «adecuar el delito de rebelión a la España del siglo XXI». «Tenemos que aprender de la experiencia que hemos sufrido durante estos últimos meses [...] Cuando en 1995 se hablaba de rebelión, uno se imaginaba un golpe de Estado militar. Ahora estamos ante un hecho completamente distinto: responsables políticos al frente de instituciones públicas se están valiendo de esa posición para subvertir el orden constitucional».
Una vez que triunfó la moción de censura en junio de 2018 y Sánchez necesitaba los votos de ERC, se emprendió un giro para desactivar la tesis de que fue una rebelión. «El delito de rebelión es inherente a un supuesto golpe de Estado, se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares», dijo el 25 de octubre en el Congreso. Días después, el 1 de noviembre, el presidente forzó a la Abogacía del Estado a retirar ese cargo en su escrito de acusación a los responsables del 1-O para imputarles el de sedición.
Lo apretado del ciclo electoral de 2019 llevó a Sánchez a recuperar el discurso más duro contra el separatismo. «Me comprometo hoy y aquí a traerlo [a Puigdemont] de vuelta a España y que rinda cuentas ante la Justicia española», anunció en uno de los debates electorales. Al día siguiente, preguntado por cómo lo conseguiría, fue cuando dijo su ya famosa frase: «¿La Fiscalía de quién depende? Pues ya está». Un mes antes se había producido la sentencia del 1-O y se habían desatado semanas de graves disturbios.
Las cuentas electorales no salieron y Sánchez dio un nuevo volantazo dos meses después. Cambió de nuevo su discurso sobre Cataluña para amarrar la investidura con la abstención de ERC y EH Bildu. Y hasta Rufián hizo chanza en aquel debate en el Congreso sobre su «hemeroteca» y «tanto bandazo».
El presidente viene repitiendo desde hace tiempo que aquel día «explicitó» en el Congreso su compromiso para cambiar el delito de sedición. Basta repasar el diario de sesiones –como hizo ayer este diario– para concluir que es falso que lo dijera. Y eso que Inés Arrimadas le interpeló expresamente al respecto con una pregunta para que aclarara qué significaba desjudicializar. No obtuvo ninguna respuesta.
Fue ese mismo mes –enero de 2020– cuando el Gobierno, tras una negociación con ERC para establecer de facto una alianza parlamentaria, empezó a hablar de tener «amplitud de miras» para revisar el Código Penal y actualizar la sedición. Pero fue algo que quedó en la nevera y que salía y entraba en la agenda en función de la presión. Incluso se llegó a hablar de la preparación de un borrador al tiempo que se justificaba que el 1-O se trató de «desórdenes».
Desde entonces, el núcleo argumental del Ejecutivo ha sido aludir al derecho comparado con otros países europeos para justificar la derogación del delito de sedición. A esto respondió el Tribunal Supremo a cuenta de los indultos cuando incidió en que no hay que mirar el nombre jurídico –sedición– sino los hechos. Y que en media docena de países las penas hubieran sido más altas que en España. En Alemania el encaje penal es alta traición y va de los 10 años a la cadena perpetua.
Con el argumento europeo como justificación, PSOE y Unidas Podemos bautizan la ley como «transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la UE», mezclando temas, como argucia para presentar la derogación como una demanda de Bruselas. Algo que no es cierto. Pues no existe ningún reclamo de la UE pidiendo modificación alguna.