Inclinaciones

COMPARECIÓ Sánchez, solemne y circunspecto, en su tele y con su partenaire y anunció inesperadamente que a la mañana siguiente –por ayer– procedería a lo que Bolaños le dijo a Pons que no haría, con la mayoría parlamentaria de la que Montero aseguró hace días que el Gobierno carecía. Sánchez recurrió de nuevo a la falacia de la «homologación» con Europa del delito de sedición. El portavoz López, obediente y servicial, se ganó su pan y coronó el embuste con una burla: balbució que la proposición pretendía trasponer directivas europeas pensadas para delitos de blanqueo y evasión de capitales.

Sánchez movió raudo sus cubiletes y lo que coló inicialmente como una rebaja de la pena ha brotado como una «nueva tipología»: «Desórdenes públicos agravados». Sánchez inclina el terreno de juego y suprime el delito de sedición, desarma al Estado y le hurta autoridad moral para combatir los ataques a su integridad. La proposición de ley de PSOE y Podemos sustituye la sedición por un delito menor de resistencia a la autoridad y «atentado a

la paz pública», que incluye la obstaculización de vías. Además, elimina la consideración de «alzamiento público y tumultuario por la fuerza». Voilà, el desafío al Estado se evapora. Así que cuando los secesionistas cumplan su promesa –«lo volveremos a hacer»–, sus actos serán juzgados como gamberrismo, alboroto, zapatero y jarana.

Sánchez engañó a Feijóo con otro de sus trucos semánticos. Le insinuó por teléfono que lo de la sedición formaba parte de su «agenda legislativa». Eludió referirse a un trato con ERC, a la llamada «mesa de diálogo» en vigor. El acuerdo de Gobierno con Podemos dedica apenas dos líneas a Cataluña, que incluyen las tres palabras trampa y fetiche de la entente Sánchez-separatismo: «Conflicto»,

«diálogo» y «vía política». A los pocos días, en enero de 2020, en su discurso de investidura, bajo una apariencia de sinuoso tercerismo, amasó una parrafada al gusto del secesionismo: «Lo que propongo a esta Cámara, señorías, es recomenzar (…), retomar nuestro diálogo político en el momento en el que los caminos se separaron (…) [y] los agravios comenzaron a acumularse (…) [Dejar] atrás la judicialización

LIBRE DE MARCA

del conflicto». Ahí yacía, disimulada, la asechanza.

No era retórica. «Recomenzar» era esto: abolir el instrumento que permitiría castigar otro 1-O. Aragonès, ufano, presumió de su «acuerdo con el Estado» para «derogar el delito de sedición». Por arte de Sánchez, el separatismo se embolsa su amnistía: extingue la pena y cultiva la amnesia.