Sedición: de reforma a voladura
NICOLÁS REDONDO TERREROS
La decisión dinamitera de cambiar en el Código Penal el delito de sedición muestra la posición ancilar del PSOE respecto a los nacionalistas que protagonizaron el pronunciamiento en Cataluña
SI A una persona le definen sus enemigos y en ocasiones sus derrotas, el Conde Duque de Olivares merece atención máxima de los españoles, que podrían satisfacerla en la magnífica biografía de Elliot. Este personaje desmesurado, para lo bueno y lo malo, dice en un momento determinado de su azarosa vida política: «Son muchas las cosas que fuera mejor no ser como son, pero mudarlas sería peor». Viene al caso esta afirmación, que unos interpretan como un signo de su incapacidad para lograr lo que pretendía y otros consideran como una lección de pragmatismo, a cuenta del debate malicioso y torticero que se ha abierto sobre la necesidad de modificar el artículo del Código Penal referido a la sedición.
Para justificar la necesidad de reformar el delito de sedición sus defensores han esgrimido la sobrevenida necesidad de equiparar nuestra legislación penal a la de los países de nuestro entorno. Si seguimos a Germán Teruel, y no es una mal guía para cuestiones de derecho, podemos concluir que países como Suiza cuentan con un delito análogo a nuestra sedición (aún con diferencias), y otros como Portugal castigan como delito de traición con penas similares a nuestra sedición el abuso de funciones soberanas para separar una parte del territorio. También le seguiría con tranquilidad cuando considera que la modificación del delito de sedición debería ir unida inevitablemente a una ampliación del tipo de rebelión no violenta y de los delitos de desobediencia.
Sin embargo, los sistemas penales, como en general toda la legislación, son producto de la historia de cada país. No se trata por lo tanto de ensimismarse en las diferencias que existen entre ellos, sino de analizar si el sistema de penas y los delitos definidos se ajustan a los que se definirían en una sociedad democrática, representativa y sólida.
Ciertamente podríamos mejorar nuestra legislación en materia de derecho penal. Pero las reformas no se realizan en el vacío aséptico de un laboratorio. Decidimos dentro de un marco definido por determinadas circunstancias, que configuran de forma inevitable el resultado final y sus consecuencias. En nuestro caso la pretensión de reformar el delito de sedición encubre realidades gravemente perturbadoras. Podría suponer una suerte de amnistía encubierta para los que protagonizaron las revueltas insurgentes en Cataluña y que provocaron la demolición del sistema de libertades constitucional durante unas angustiosas semanas, impulsados por la pretensión de segregar, sin respetar los cauces constitucionales, Cataluña
del resto de España. Los sucesos que se desarrollaron antes y después del referéndum del 1-O fueron mucho más que una mera crisis de orden público: supusieron un auténtico atentado contra la Constitución, por lo que difícilmente se pueden considerar desproporcionadas las penas impuestas. Recordemos a grandes rasgos las conductas de los penados y las de quienes todavía no han sido juzgados al huir valientemente a otros países para evitar ser juzgados. Los protagonistas de aquel levantamiento intolerable suspendieron la democracia en el Parlamento catalán para desconectarse del resto de España y lo hicieron desoyendo los avisos de los letrados del órgano legislativo. No hicieron caso alguno a las variadas resoluciones judiciales dictadas por diferentes tribunales de justicia, incluido el propio Tribunal Constitucional. Aprovecharon su situación privilegiada en las instituciones para desviar fondos públicos con la pretensión de conseguir sus objetivos, declarados ilegales por múltiples instancias judiciales. Utilizaron todo el poder de la Generalitat para organizar un referéndum sin ninguna transparencia y sin las cautelas mínimas que imponen las democracias serias a tan excepcionales votaciones. Declararon durante unos ignominiosos minutos la independencia de Cataluña, atentando con claridad y contundencia contra la Constitución Española (poco importa que, contradiciendo sus insensatas bravuconadas, recogieran velas con la premura de quien se arrepiente de la inconsciente acción realizada). Y lo hicieron aprovechándose de su estatus representativo, que justamente los obligaba a impedir cualquier acción de tal naturaleza.
La reacción del Estado también ayuda a comprender la gravedad de aquellos acontecimientos. El Senado, a impulsos del Gobierno de Rajoy y de la oposición mayoritaria del PSOE, aprobó la aplicación del extraordinario artículo 155 de la Constitución. El Gobierno de la nación se vio obligado a trasladar un gran número de efectivos policiales a la comunidad autónoma catalana para abortar el levantamiento instigado desde las instituciones por los independentistas. Las condiciones en las que fueron enviadas aquellas fuerzas policiales quedarán integradas en una de las páginas menos decorosas de nuestra historia reciente.
Para juzgar correctamente lo sucedido aquellos días poco importa la brevedad de la declaración de independencia o la indiferencia de los países a los que urgían su reconocimiento. Tampoco importa desde un punto de vista penal la participación ciudadana en la kermés independentista, por otro lado absolutamente desconocida. La democracia no es un sistema basado en impulsos, ni en deseos, ni en ambiciones: es un sistema político basado en leyes y convenciones que ponen límites a esos sentimientos, que expresados en su plenitud harían insoportable la vida para quienes no los comparten.
Bien, expuesto todo lo anterior, ¿alguien en su sano juicio puede pensar hoy que lo que sucedió en Cataluña durante aquellos días, que nos avergüenza a todos los demócratas, fueron unos simples y anecdóticos desórdenes públicos? Fue con claridad meridiana un acto contra la Constitución con el agravante de malversación de caudales públicos y, desde un punto de vista político, con el agravante de ser organizado y liderado por cargos públicos que habían jurado defender todo lo contrario. Si estoy en lo cierto, las penas dictadas por el Tribunal Supremo son ajustadas a derecho, son las que requerían la gravedad de lo acontecido en Cataluña y, si alguna duda cabe, sería sobre la existencia o no de violencia, lo que habría agravado aún más las penas.
Si no nos dejamos engañar por discursos que mezclan desconocimiento, infantilismo y frivolidad, la pretensión última de modificar el delito de sedición no nace de un encomiable deseo de mejorar nuestro Código Penal; tiene su origen en los acuerdos políticos entre el Gobierno y ERC dirigidos a conseguir lo que el discurso oficial denomina «desinflamación del conflicto catalán», y también en la pedestre necesidad de mantener los equilibrios políticos que conforman la variopinta mayoría parlamentaria actual.
POR LO tanto, a mi juicio la modificación del delito de sedición tal y como la han planteado en los medios de comunicación algunos líderes de la mayoría no nos acerca a Europa, nos aleja; no nos hace iguales, nos mantiene en aquella diferencia que con tanto ahínco durante estos últimos 40 años hemos deseado que desapareciera.
Hoy sabemos que en Sevilla los socialistas no celebraron el cuadragésimo aniversario del triunfo socialista de octubre de 1982: celebraron las honras fúnebres de lo que tenía aquel proyecto de reformador, moderado y co nstitucional.
La decisión dinamitera de cambiar en el Código Penal el delito de sedición muestra la posición ancilar, subordinada, del PSOE respecto a los nacionalistas que protagonizaron el decimonónico pronunciamiento en Cataluña. La determinación del grupo parlamentario de iniciar los procedimientos para rebajar hasta la anécdota lo que sucedió en Cataluña no cuenta con mi apoyo silencioso. Al contrario, mi oposición es radical, absoluta, total, porque se trata nuevamente en esta ocasión de decidir entre mi condición ciudadana y el escorzo genuflexo que supone acceder a las pretensiones de los sediciosos por seguir 12 meses en el Gobierno. Nunca pensé que el PSOE fuera una aventura personal de nadie; ahora tampoco.
La determinación de rebajar hasta la anécdota lo que sucedió en Cataluña no cuenta con mi apoyo silencioso
Socialista de Euskadi