Temor a perder las banderas del feminismo y la ejemplaridad
Inquietud en el PSOE por las repercusiones de las polémicas judiciales del Gobierno
Son tantos los choques y crisis que ha protagonizado el Gobierno de coalición que las disfunciones son ya rutina. El día a día. Pero el Ejecutivo vive uno de los trances más serios y comprometidos. Las polémicas judiciales que protagoniza a cuenta de una posible reforma del delito de malversación y la proliferación de rebajas de sentencias condenatorias por abusos sexuales han puesto en solfa dos banderas del «Gobierno de coalición progresista»: la lucha contra la corrupción y el feminismo. Embrollos que provocan heridas con diversas trayectorias: tensión en la coalición, inquietud y malestar en el PSOE y más gasolina a la lucha interna en Unidas Podemos.
La temperatura en la convivencia de la coalición se ha disparado en más de una ocasión, pero esta vez hay un termómetro que da cuenta del calado de la crisis. En todo el PSOE saltaron los warning, sonó la alarma roja con la posible rebaja de la malversación y con las rebajas de penas a agresores sexuales, que van cayendo como gota malaya en la estabilidad y credibilidad del Ejecutivo.
El PSOE respingó y llevado por el instinto de supervivencia política se desmarcó de Unidas Podemos y de la ley del sólo sí es sí, abriendo la puerta a modificarla, cuando es una ley aprobada de forma colegiada en el Consejo de Ministros, con tres ministerios socialistas –Justicia, Interior y Política Territorial– como coproponentes de la misma, con un texto y unas penas avaladas por La Moncloa. Igualdad se niega a tocar el texto. Los socialistas, además, marcaron rápido una división, desautorizando sin miramientos a Podemos por la campaña emprendida por los morados contra los jueces.
Una actitud que se explica en parte porque, esta vez sí, el malestar, la inquietud y la incomprensión recorría, y recorre todo el PSOE. La mecha la había encendido ya Pedro Sánchez, secundado por sus ministros, al abrir la puerta a rebajar el delito de malversación, una decisión «difícil de entender», de «explicación difícil», según se consensúa en el partido. Sánchez y su equipo han hecho de la lucha contra la corrupción una de sus palancas. Es más, no olvidan que llegaron a La Moncloa debido a la corrupción del PP, el caso Gürtel. Por eso, en el partido consideran que rebajar la malversación, bien de manera general o bien de manera «quirúrgica» como pide ERC para beneficiar sólo a los líderes del procès, no tiene sustento alguno. «La posición del partido en estos asuntos es clara, tiene que ser clara, no puede ser dubitativa», destacan desde una importante comunidad.
En el PSOE asumían que la derogación de la sedición podía tener un coste electoral, pero lo consideraban mínimo porque su electorado, creen, priorizaría el trabajo por normalizar la convivencia en y con Cataluña. Aquí sólo protestaron Page y Lambán. Su análisis es que el castigo ya se amortizó con los indultos. Pero la malversación sí se percibe como un dardo envenenado, como prueba de que La Moncloa, si bien no rechaza su rebaja sí busca alejar el foco del asunto, al tiempo que se ve obligada a dar explicaciones reiteradas sobre su compromiso contra la corrupción: «La lucha contra la corrupción, la ejemplaridad y el avance en calidad democrática siguen siendo nuestra bandera»; «La lucha contra la corrupción de este Gobierno es indudable».
La zozobra socialista se resume así: «Preocupa mayo». En seis meses hay elecciones municipales y autonómicas y los líderes autonómicos persiguen lucir marca personal frente a la de partido, gestión territorial más que mirada nacional y se entiende que desdibujar dos banderas de la izquierda, de este partido, como la lucha contra la corrupción y el feminismo son unos cartuchos de dinamita peligrosos. En lo que respecta a la ley del sólo sí es sí se martillea y resquebrajan, además, valores de los que presume el PSOE: experiencia, gestión y seguridad jurídica.
Los socialistas han frenado, ralentizado, retocado... leyes de sus socios amparándose en que sus ministros tenían los callos de la gestión y la formación técnica, arrogándose la misión de velar por la «seguridad jurídica» de las normas del Ejecutivo. No hay que perder de vista que esta polémica ocurre con la ley trans en la parrilla de salida, esperando la luz verde del Congreso para entrar en vigor, con asuntos tan sensibles y polémicos como la autodeterminación de género y los menores.
Las rebajas de sentencias condenatorias avivaron la movilización de los barones para pedir una solución «cuanto antes». A «actuar en consecuencia», «corregir», «modificar» la norma «de forma inmediata», «solucionar el embrollo», «ser humildes, analizar y si hay algo que corregir y mejorar que se mejore»... son las reflexiones de presidentes autonómicos y líderes territoriales.
Esta vez no fueron las voces discordantes de siempre, los sabidos Emiliano García-Page o Javier Lambán. Fueron de los primeros, también en esta ocasión, pero se han sumado líderes teóricamente más afines a La Moncloa como Ximo Puig, Juan Lobato, Adrián Barbón, Francina Armengol... Frente al discurso de Igualdad de que la ley es «magnífica» y el problema reside en los jueces y la interpretación que hacen de ésta, en La Moncloa admiten ya la «alarma social» y la «preocupación ciudadana» que genera este asunto.
El Gobierno atisba al Tribunal Supremo como salvavidas, solución al problema jurídico unificando doctrina en la ley del sólo sí es sí. Ocurre que en el Alto Tribunal existe malestar con el Ejecutivo porque entienden que la derogación de la sedición –ni comparten ni validan el argumento de la homologación con Europa– acabe provocando espacios de impunidad por el «vacío legal», además de ser un suerte de enmienda a la sentencia que se dictó por el 1-O. Confrontación y solución a la vez.
«La posición del partido en estos temas tiene que ser clara, no dubitativa»
La preocupación se evidencia en que no sólo han alzado la voz Page y Lambán