España pagará 10.000 millones más en intereses por su deuda
El aumento se producirá entre 2023 y 2024 y superará por primera vez los 40.000 millones de euros El coste medio de financiación de las nuevas emisiones aumenta del 1% al 3,3% en el último ejercicio
En pleno año de promesas electorales ni el Gobierno ni las comunidades autónomas parecen estar dispuestas a reducir el gasto público en su particular carrera por el voto de los españoles. El objetivo de cara a 2023 es salir a buscar al mercado otros 70.000 millones de euros de financiación, una cuantía similar a la de 2022, aunque el gasto en intereses se prevé que sea de unos 5.500 millones de euros superior, a tenor de la subida continuada y sin precedentes de los tipos de interés en la zona euro. Este exceso por el pago de intereses será similar al del año pasado, cuando la factura por este concepto pasó de 26.000 a 31.600 millones de euros.
Las previsiones de Funcas elevan el gasto aproximadamente otros 4.000 millones de euros más de cara a 2024, con lo que en dos años, España deberá pagar 10.000 millones de euros más por el pago de los intereses de su deuda, hasta superar un total de 40.000 millones de euros con cargo al próximo ejercicio, donde afectan también unas mayores necesidades de financiación, además del coste de pedir dinero en los mercados. «Lo máximo que hemos llegado a pagar en términos corrientes fue en 2013, cuando la factura ascendió a 36.600 millones de euros, aunque en relación al PIB [Producto Interior Bruto] era más, un 3,6%. En 2024, estos cerca de 40.000 millones de euros supondrán un 2,7% de la economía», apunta María Jesús Fernández, economista senior de la Fundación de Cajas de Ahorro.
En términos absolutos, supone que España pagará un 26% más de intereses en 2024 frente a lo desembolsado el año pasado y se elevará hasta un 54% si la comparativa se realiza sobre 2021.
Las previsiones del Gobierno son algo más optimistas. Según el último Programa de Estabilidad remitido a Bruselas, el Ministerio que dirige Nadia Calviño estima que el pago de intereses sobre el PIB se mantenga estable en una tasa del 2,4% este año, que llegue al 2,6% en 2024, al 2,7% en 2025 y hasta el 2,9% en 2026.
Economía también da cifras sobre el impacto que podría tener sobre el coste de financiación un aumento de 120 puntos básicos en los tipos de interés sobre el escenario base que contemplan. De producirse, supondría que el pago de intereses se elevaría hasta el 2,5% sobre el PIB en 2023, y rebasaría el 3% en 2025 (ya que implicaría un aumento de 0,5 puntos porcentuales más).
«En España, donde no se espera una recesión como sucede en Alemania o en Estados Unidos, se trata más bien de un problema del nivel de gasto teniendo en cuenta que es el país que más ha incrementado su deuda frente al resto de la Eurozona y que va a incrementar más las arcas del Estado», apunta Jorge Ceballos, responsable de Renta Fija de Beka Finance. Pandemia mediante, el Ejecutivo de Pedro Sánchez disparó la deuda pública en 2020 (a niveles de la crisis financiera en 2009) al emitir casi 110.000 millones de euros. Desde entonces, y con la previsión que se ha anunciado ya para 2023, el Tesoro habrá captado 325.000 millones en cuatro años, son 2,4 veces más que el cuatrienio anterior, de 2016 a 2019.
La razón que se encuentra detrás de esta subida es el aumento significativo de las nuevas emisiones del Tesoro que, paulatinamente, irá drenando en el tipo medio que debe asumir el Estado para financiarse. En mayo de 2022 el porcentaje medio efectivo de las nuevas colocaciones en el mercado se situaba ligeramente por debajo del 1% (en concreto, era del 0,997%). En abril de este año, ese mismo coste ascendió hasta el 3,32%, lo que implica unos 230 puntos básicos más. En el caso concreto de las colocaciones de bonos a 10 años –que se toma como referencia para medir la salud de las economías–, éste ha evolucionado desde el 2,05% de hace doce meses al 3,46% actual. Y será superior en mayo, ya que cotiza actualmente por encima del 3,52%.
Pero la traslación del alza de los tipos sólo se contagia a las nuevas emisiones, mientras que el tipo medio de la cartera de deuda pública se mantiene relativamente controlado en el 1,88% de abril. Esta cifra incluye mayoritariamente emisiones pasadas cuando España se financiaba a coste cero prácticamente, con los tipos de depósito en negativo. En todo caso, ya se empieza a notar el aumento de los costes de financiación que han elevado en unos 30 puntos básicos el tipo medio, si se compara con abril del año pasado.
Si se desgranan estos datos, el cupón que pagan las Letras del Tesoro ha evolucionado desde el -0,52% doce meses atrás al actual 2,004%, según el último informe elaborado por el Tesoro Público. En lo que respecta a los bonos, en términos generales, su financiación ha pasado de estar a tipos del -0,019% al 0,425%. Hay que tener en cuenta que los bonos se emiten para periodos más prolongados que las Letras a corto plazo, por lo que el decalaje del nuevo contexto de tipos en la Eurozona tardará en trasladarse al coste de financiación según vayan venciendo las emisiones y el Estado se vea obligado a renovarlas a un coste muy superior.
Y esto juega a favor de España. La duración media de la cartera de vencimientos se sitúa ligeramente por debajo de los ocho años y se ha mantenido estable en los últimos tiempos. ¿Esto qué implica? Básicamente, que cada año que pasa el Tesoro sólo se ve en la obligación de renovar algo menos del 13% del total de la deuda bruta emitida, de ahí que el tipo medio de financiación del Tesoro, entre Letras, bonos y obligaciones, se encuentre todavía en el 1,9%.
En 2023, de los 70.000 millones de emisiones previstas tan sólo ha cubierto 20.500 millones, el 29% del total. Y esto es una anomalía frente a lo que venía siendo habitual y la mejor prueba de que la subida de tipos está pesando ya. «En el primer cuatrimestre del año, en el periodo 2019-2021, el Tesoro colocaba entre un 40% y un 50% de su emisión neta», apunta Javier Pino, de Afi, que cree que «la presión podría continuar (...) Más si cabe con un BCE que a partir de julio casi doblará la no reinversión de vencimientos, pasando de 15.000 millones de euros mensuales a una estimación de unos 27.500 millones de euros», afirma el experto.
En su opinión, «el comienzo del ejercicio fue propicio para esa estrategia de adelantar la cobertura de las necesidades de financiación, con unos mercados con una elevada capacidad de absorción [en la compra de deuda emitida por los gobiernos]», pero entiende que el hecho de que
El tipo medio de financiación superará el 2% a finales de 2023
El Tesoro refinancia el 13% de la cartera de deuda cada año
Hay que tener mucho arrojo para asistir a una reunión de comunidad de vecinos. Entre los tragos de este deleitoso evento está la presentación del presupuesto, de donde se deduce si la cuota mensual que se paga sube o baja. Es habitual que, ante la necesidad de reformas o mejoras, algunos vecinos se atrincheren y afirmen que «no pueden pagar más». Se suele exigir al administrador que, en lugar de aumentar los ingresos, baje los gastos. O, en su defecto, que no se hagan nuevos gastos, con ese recurrente «nos apañamos con las cosas como están». Y, si no se aceptan estos términos, se cambia de administrador. Este cutre experimento natural revela cuánto nos importa el dinero cuando vemos muy de cerca cómo los gastos e ingresos se incorporan a nuestro bolsillo. Sin embargo, conforme aumentamos el zoom (ayuntamiento, comunidad autónoma, España, UE) se pierde la referencia y a muchos les empieza a dar más o menos igual porque sienten que el dinero que se gasta no es el suyo. Es el del Estado que, para muchos, es el dinero de algún ente indefinido, lejano y ajeno.
España se enfrenta este domingo al voto en las elecciones municipales y las cuestiones económicas tienen un peso relativo decadente frente a la testosterona. La mayor parte de la factura de las publicidades electorales las pagamos los contribuyentes. Desde ese momento ya se gestiona mal, con múltiples errores y hasta la impresión incorrecta de papeletas y su envío a todo el censo electoral de una ciudad, como ha sucedido donde yo resido.
Según los datos del Banco de España, la deuda pública se encuentra en el 113,2% del PIB (el 90% de la misma corresponde a la administración central). Aunque sea muy elevada, se ha reducido (no podía se de otro modo) desde la pandemia, cuando llegó hasta el 123%. En aquel momento hubo que gastar más, era necesario. También lo fue mantener abiertos los circuitos de financiación, con la colaboración de la banca. Puede que aprendiéramos de la crisis financiera, donde se tardó mucho en actuar y diversos factores impidieron que cuando más se necesitaba, se diera apoyo fiscal. En muchos casos, además, se gastó por gastar y fue peor el remedio que la enfermedad.
Fue con esa crisis, la financiera, cuando se abrió en Europa el debate sobre la austeridad. Desgraciadamente, también se puso la semilla de una concepción de las finanzas públicas que puede tener consecuencias muy negativas. Algunos han querido entender que tener que hacer un esfuerzo fiscal en un determinado momento (crisis, pandemia) es generalizable y tiene que ocurrir siempre. Se ha generado una pseudo-ciencia económica contra la austeridad, como si ser prudente presupuestariamente fuera un error. En países como España hemos hecho de elementos fundamentales del bienestar (como Sanidad, Educación, Pensiones o Vivienda) derechos absolutos que deben pagarse sí o sí, cuadren o no las cuentas. La intelectualidad en diferentes ángulos del tablero ideológico propone soluciones que no cuadran, que cargan el peso en «los otros». Otra vez el ente indefinido que, en realidad, se llama «menguante clase media». En realidad, nunca hubo austeridad. Pudo haber acierto o desacierto sobre el momento en que había que poner la carne en al asador, pero no austeridad. Cuando se crece al 2% y el déficit sube un 4% no hay austeridad. Si cada año usted gana 1.000 y se enduda por 1.300 acabaría agobiándose, ¿o no? Si el déficit crece por encima del PIB no hay austeridad. Así que podemos preguntarnos cómo queremos
Se ha generado la idea de que ser prudente en los PGE es un error
Si el déficit crece por encima del PIB, no existe la austeridad
que nuestro país sea más sostenible. Hay dos formas de consolidar las cuentas públicas: ingresar más o gastar menos. Un interesante estudio reciente con evidencia experiemental de campo de Björn Bremer (Max Planc Institute) y Reto Bürgisser (Universidad de Zúrich) muestra que la consolidación fiscal es muy impopular en Europa. La que se consigue por ingresos (normalmente subiendo impuestos) es la más denostada, pero los ciudadanos también rechazan subir el gasto. El estudio muestra –oh, sorpresa– que España es el país en el que menos gusta que se recorte el gasto. Para explicarlo sólo se ofrecen hipótesis, pero todas interesantes: puede ser porque España sufrió especialmente durante la crisis de deuda soberana (aunque Italia también está en la muestra y no rechaza tanto el gasto). O puede ser que cuando la fiesta del gasto se extiende más allá del momento delicado que la precisa se creen incentivos incorrectos: los ciudadanos se acostumbran a gasto y subvención.
Hemos vivido las últimas semanas con anuncios de prebendas variadas y sin pensar en el gasto. Entre tanto, los tipos de interés suben y, con ello, el coste de la deuda. Además, la pandemia ya pasó pero el maná de los fondos europeos está llegando ahora. Y hay dudas sobre su correcta aplicación. De hecho, los políticos rivalizan todos los días sobre dónde gastarse la pasta pero ¿serán la transformación que nos prometieron o una fiesta con resaca?