Montero desata la ofensiva contra los jueces
La ministra y Podemos los llaman «fachas» y «machistas» y el CGPJ replica: «Intolerable»
Irene Montero emprende una huida hacia adelante y, mientras persiste el goteo de nuevas rebajas de condenas a violadores, se agarra a la estrategia de culpar de todo el caos generado a los jueces, a quienes acusa de estar «incumpliendo» la ley del sólo sí es sí por actuar con «machismo». Esta arremetida provocó ayer la reacción airada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que expresó «su más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos» por los responsables políticos del Ministerio de Igualdad y de Podemos.
Desde que apareció el primer caso hasta los últimos que se conocieron ayer, la gestión de la crisis por parte de Igualdad se reduce a negar la existencia de un problema en la ley y a circunscribir todo lo que está aconteciendo a que hay una actitud
exceso en el cumplimiento de condena por parte de su defendido. Los tres años y cuatro meses que su cliente ha pasado en prisión exceden de largo los 15 meses que ahora se le han impuesto. «Tengo que hablar con mi defendido, pero es probable que se solicite», afirma.
A.S.I. decidió no recurrir su condena inicial y asumir la pena. En cambio, sí lo hizo la Fiscalía, quien había pedido para él 40 años de reclusión penitenciaria. Le acusaba también de un delito de corrupción de menores, del que fue absuelto. reaccionaria y machista de los jueces que están revisando los recursos de los condenados, porque están aplicando la ley de «forma defectuosa» y en un sentido contrario.
No hay, por ahora, ningún elemento de autocrítica sobre lo que está pasando. Y tampoco hay ninguna voluntad de tocar lo más mínimo la ley para corregir cualquier deficiencia, como sugirió la socialista María Jesús Montero el pasado martes. Entre otras cosas, porque de nada serviría ya para evitar que algunos agresores sexuales se vean beneficiados. Fuentes oficiales del Ministerio de Igualdad fían todo a la jurisprudencia que pueda fijar el Tribunal Supremo para frenar el impacto final y a que haya una circular de la Fiscalía estableciendo unas instrucciones para evitar, como está pasando ya, que haya casos donde el fiscal avale ley en mano esas rebajas.
El señalamiento al que está siendo sometido Montero y su equipo por esta consecuencia inesperada de su ley estrella ha llevado al Ministerio de Igualdad a defenderse al ataque, y en esa ofensiva se ha atrincherado Podemos. Los dirigentes del partido morado cierran filas en torno a su ministra y disparan en tromba contra los «fachas con toga» y «la ola reaccionaria de los jueces contra los avances feministas».
La cuenta de Twitter de Podemos es una catarata de pronunciamientos de miembros destacados de la formación contra los jueces. Como el de la ministra de Derechos Sociales y secretaria general del partido, Ione Belarra: «Una parte de los jueces de este país se ha erigido como oposición al Gobierno de coalición y especialmente al Ministerio de Igualdad,
Tras estudiar el recurso del Ministerio Fiscal, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió no modificar en nada el fallo. Se mantenía en esos seis años y nueve meses de reclusión penitenciaria. Ni la Fiscalía, ni la defensa ni la acusación particular, ejercida por una de las víctimas, recurrieron el fallo, por lo que debía ejecutarse la sentencia.
Pero el letrado explica que la Audiencia Provincial avisó «de oficio a las partes a finales de septiembre» (antes de que la ley entrara en vigor) de que podían hacer alegaciones
que está llevando los avances más lejos que nunca. Están aplicando mal la ley sólo sí es sí y siguiendo el ejemplo del CGPJ».
En medio del fuego a discreción contra los jueces «machistas» está siendo ruidoso el silencio calculado de una parte del espacio de Unidas Podemos. Yolanda Díaz e IU están dejado solo Podemos en esta batalla y evitan pronunciarse o secundar la estrategia de ataque contra la judicatura. Las diferencias de encarar la situación son evidentes. Fuentes del Departamento de Díaz subrayan que «toca ser prudentes» en estos momentos y abogan por «analizar el recorrido judicial para sacar las conclusiones más adecuadas».
El equipo de la vicepresidenta segunda asegura que están estudiando la situación, pero ni a través de las redes sociales ni ayer antes de participar en un acto Díaz ha visto oportuno hacer pública su postura ante la crisis en la que está envuelta la parte morada del Gobierno. Mientras tanto, la presión de Podemos la coloca por momentos en una situación cada
Yolanda Díaz deja solo a Podemos: «Toca ser prudentes y analizar la situación»
gracias a la aplicación de la nueva norma. Les dio un plazo de tres días para presentar sus escritos. Así lo hizo el citado abogado y su cliente salió vez más incómoda y difícil de gestionar por la escalada.
En su campaña contra los jueces, Montero subrayó que les falta «formación» de género y apremió a que se les instruya en este campo para evitar que sigan tomando decisiones movidos por el «machismo». En este sentido, el equipo de la ministra fue vehemente. «El problema», de la revisiones, «es de interpretación del Código Penal», dijo ayer la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, Pam. «¿Dónde está la formación de los jueces? Es una vergüenza. Fórmense, señores jueces», dijo en la Comisión de Igualdad.
La número dos de Montero rechazó que se acuse a Igualdad de lo que
en libertad el mismo día que la ley apareció publicada en el BOE, el 7 de octubre. «Fue excarcelado de inmediato», cuenta. está sucediendo y recordó a los grupos parlamentarios que son «tan responsables como el Ejecutivo, porque ustedes aprobaron esta ley en el Congreso». Para Rodríguez, las críticas «hablan de la misoginia que se plantea contra el Ministerio». Por su parte, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, tachó de «barbaridad jurídica» plantear la posibilidad de revisar la ley. «El Ejecutivo ha hecho los deberes y sólo falta que el Judicial interprete la norma conforme a los estándares internacionales», dijo.
El PSOE va por otro camino. Alejado de la arremetida contra los jueces, como Díaz, hay dirigentes que plantean revisar la ley, como señalan la ministra de Educación, Pilar Alegría; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, o la consejera valenciana Gabriela Bravo. Alegría abogó por «estudiar y valorar de manera sosegada» la norma, en línea a la reflexión que hizo el día anterior la ministra de Hacienda. Sin embargo, Igualdad rechaza asumir una revisión.