La asociación judicial de Rosell, contra las críticas de Igualdad
Las considera «injustas» y responsabiliza al ministerio de la imprevisión
La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, a cuyo secretariado perteneció y de la que fue portavoz Victoria Rosell, emitió ayer un comunicado contra las críticas vertidas desde el Ministerio de Igualdad contra los jueces que han acordado revisiones de condenas. Además de la propia delegada del Gobierno para la Violencia de Género, esas críticas han sido lanzadas por la propia ministra, Irene Montero, y por la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam.
«Juezas y Jueces para la Democracia considera muy desafortunadas e inapropiadas las manifestaciones que desde el Ministerio de Igualdad se han llevado a cabo a propósito de la revisión de algunas condenas por delitos contra la libertad sexual», afirma el comunicado.
La asociación añade que «la reforma de las penas con las que se castigan algunos delitos conlleva la necesidad de revisar sentencias por exigencia de principios constitucionales, tal y como el propio CGPJ ya advirtió».
El documento concluye afirmando que el hecho de que «desde el Ministerio de Igualdad no se haya alcanzado a prever esa consecuencia no justifica que se arremeta contra los jueces/zas tachando sus decisiones como ‘justicia machista’ o considerando que se trata de una aplicación defectuosa de la ley». Esos son, según la asociación, «manifestaciones que, además de desafortunadas e injustas, cuestionan la credibilidad del sistema que tiene por objeto la protección de víctimas de los delitos sexuales y obstaculizan la necesaria confianza que en el mismo se debe promover».
Entre la larga lista de magistrados que ya ha firmado rebajas de condenas se encuentra otro ex portavoz de la asociación judicial, Ignacio González Vega. Su sección, la 17ª de la Audiencia Provincial de Madrid, se encargó de revisar el caso de un condenado por violar a una amiga que había permitido pasar la noche en su casa. Se le impuso una condena de seis años de prisión, el mínimo por violación. Al haberse bajado el mínimo hasta los cuatro años, el tribunal aplicó esa rebaja.
Junto al magistrado progresista, firman la decisión «machista» –según Igualdad– las magistradas María del Sagrario Herrero Enguita y Ana María Pérez Marugán. También la primera revisión, dictada el mismo día de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, estaba firmada por dos magistradas y un magistrado.