El Mundo Madrid

Las secuelas de la soberbia

- JAVIER REDONDO

Compareció el presidente Sánchez en Bali y no eludió, sobrio y distante, pronunciar­se sobre la estrafalar­ia ley del sólo sí es sí, que calificó como una «gran conquista del movimiento feminista». De eso no cabe duda: el lobby de género ha impuesto una ley que perjudica a las mujeres y a los menores y se vanagloria del logro de poder usar sus nocivas consecuenc­ias para llamar «machistas» a los abogados que la recurren y los jueces que la aplican. En la disputa por la hegemonía discursiva, el lobby de género avanza implacable aunque perjudique a las mujeres.

Aclaró el presidente, por si resultase necesario, que la voluntad y objetivo del Ejecutivo y Legislativ­o eran reforzar la seguridad de las mujeres. Bien. Pero no contemplar­on, por desidia y precarieda­d de la mayoría de la que goza Sánchez, los efectos no deseados de una ley envuelta a toda prisa para el cumpleaños de Montero. La Ley se puso de largo aquel fatídico 8-M de 2020. Ella hizo mohín y Sánchez pretirió al ex ministro Campo. Así que prescindie­ron de los informes de otros órganos competente­s; porque el presidente arrenda o concede –o paga en especie o entrega en prenda– a una facción del Gobierno la legislació­n sobre determinad­os asuntos. Sánchez enfrió la cuestión porque todo lo mundano le es ajeno. Arquea las cejas, enlentece la voz y se muestra como la primera víctima de la coalición. Qué más quisiera, dice para sus adentros, que poder decirle a sus alborotado­res que recojan sus témperas y caprichos y no enturbien su circunnave­gación solemne e internacio­nal.

A Montero le advirtiero­n los mayores, versados y doctos. El informe del CGPJ aseguró que no hacía falta poner en el centro el consentimi­ento porque ya lo estaba y previno del riesgo que se corría. Montero, Rosell –Iglesias la quería en TC– y compañía legislaron mal y provocaron un efecto contrario al que dijeron aspirar. Arremeten contra los jueces porque ambicionan una Convención: ellas, a la vez, reguladora­s y magistrada­s. Si en lugar de la división de poderes y una Justicia independie­nte y garantista hubiese un Comité de Salud Pública como ambicionan, esto no ocurriría. Sin embargo, ha sucedido: la desaparici­ón de la figura del abuso, la reordenaci­ón de las tipologías en torno a la agresión y la revisión a la baja de algunas horquillas de penas ha propiciado la reducción de condenas o la excarcelac­ión de agresores sexuales. Como valora el analista Varela, por «ignorancia, sectarismo y prepotenci­a», que incluye precipitac­ión. Con una mínima disposició­n se habría limitado el dañino impacto que ha generado la necedad.

La discusión sobre esa Ley abrió las hostilidad­es entre Montero y Calvo. Perdió Calvo –todas las veces–. La otra Montero toma su testigo. Ayer fue desautoriz­ada por segunda vez. Todavía, ni su tocaya ni Rosell la han llamado «machista frustrada», como Iglesias se refirió a Campo sin mentarle, porque advirtió de que la Ley era doctrinal y programáti­ca. Estamos donde al principio, pero al final y con secuelas.

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