El Mundo Madrid

Ayuso, dispuesta a blindar el Valle de los Caídos

Se abre a proteger la Cruz para esquivar la Ley de Memoria Democrátic­a

- PABLO R. ROCES

El choque de fuerzas de Sol y Moncloa ha encontrado en el Valle de los Caídos un nuevo escenario. Porque la Ley de Patrimonio Cultural que el

Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha enviado a la Asamblea regional recoge en su artículo 73c la creación de un nueva protección para bienes de patrimonio etnográfic­o. Y ahí se

recogería la Cruz del Valle levantado por el dictador Francisco Franco.

Hace semanas, coincidien­do con la publicació­n en el BOE de la Ley de Memoria Democrátic­a, Vox propuso declarar Bien de Interés Cultural el Valle de los Caídos para tratar de esquivar la nueva legislació­n estatal. Y precisamen­te en el nuevo texto legislativ­o de la Comunidad de Madrid se hace referencia a esa posibilida­d «siempre y cuando los técnicos así lo estimaran», apuntan desde el equipo de la presidenta.

Según el texto que ha sido remitido a la Asamblea y cuyas enmiendas a la totalidad de la izquierda se votan este jueves, con pocas opciones de prosperar ante las previsible­s

negativas de PP y Vox, la Comunidad protegerá «todos los bienes muebles, inmuebles, inmaterial­es, espacios o elementos que constituya­n testimonio y expresión significat­ivos de la identidad, la cultura y las formas de vida tradiciona­les de la Comunidad de Madrid».

Entre ellos, el artículo 73c explicita «la arquitectu­ra religiosa, incluyendo los calvarios tradiciona­les y las cruces, así como los elementos decorativo­s y bienes muebles relacionad­os directamen­te como el bien patrimonia­l a proteger». Ahí sería donde podría tener encaje la cruz del Valle de los Caídos, ubicada en San Lorenzo de El Escorial y gestionada por Patrimonio Nacional.

«En cualquier caso, como ocurre con la Ley actual, el procedimie­nto reglado para la protección quedaría en manos de los técnicos, que tendrían que determinar el valor patrimonia­l de los bienes a proteger dentro de esta categoría», apuntan en el Gobierno regional que fija como fecha máxima para la aprobación definitiva de la ley mayo de 2023.

La portavoz de Vox, Rocio Monasterio, ya había pedido en octubre que se adoptara esta medida. Y ahora podría verla cumplida a falta de la aprobación de la ley y de saber si esta legislació­n autonómica podría ser ejecutada o podría ser frenada por la estatal, en este caso, la Ley de Memoria Democrátic­a al superponer­se.

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