Del mal legislar (a propósito de las revisiones de condena)
La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, es una norma de mala calidad jurídica.
Eso lo sabíamos todos, Consejo de Estado y Consejo General del Poder Judicial incluidos. Cuando legislar se hace con propósito político, obviando el sentido y la técnica jurídica, pasan estas cosas.
Los poderes públicos, y más con responsabilidades de gobierno, deben cuidar expresiones lacerantes hacia la independencia judicial. Lo contrario es atacar a un poder del Estado, no respetando la división de poderes que germinó John Locke, cincelada posteriormente por Montesquieu,y que constituye uno de los grandes paradigmas de las sociedades democráticas.
Eso que algunos claman al socaire de la
formación en perspectiva de género, no puede erigirse como una suerte de justificación argumental para atacar resoluciones judiciales. Lo único que desvela es, si acaso, la ignorancia del Derecho de los airados portavoces. Apelar al supuesto machismo (actitud de prepotencia o de prevalencia del varón, recuérdese) de profesionales de la abogacía y de la magistratura como crítica a una pretensión revisora o a la consiguiente resolución judicial estimatoria, no sólo es de una pobreza de ideas sonrojante, sino que también es una inmiscusión preocupante. Las leyes sólo se pueden aplicar con perspectiva jurídica. El resto
son sesgos políticos que deben quedar fuera del marco judicial.
Enjuiciar, tarea siempre difícil y, en todo caso, muy técnica, está en las antípodas de la justicia acrítica y por aclamación popular. Siguiendo un criterio general de justicia material, nuestro Derecho constitucional y penal prevé el carácter retroactivo de las leyes que puedan favorecer al ya condenado (artículo 9.3 de la Constitución y 2.2 del Código Penal). Al refundirse los tipos penales de abuso y agresión sin suficiente estudio, sosiego y análisis, no escuchando a la academia, a los abogados, a los órganos estatales, etc., se ha creado un
JOSÉ MARÍA ALONSO PUIG