Podemos se queda aislado en su trinchera defendiendo a Montero
La ministra sufre el desgaste mientras el PSOE, Díaz e IU se borran de atacar a los jueces
Podemos se atrinchera en su defensa de Irene Montero y abre fuego contra todo aquel que ose plantear que la ley del sólo sí es sí puede contener un error, y que eso es la causa que ha abierto la puerta a que agresores sexuales estén viendo rebajadas sus condenas desde la entrada en vigor. El partido morado mantiene su ofensiva total contra los jueces, sin embargo, al mismo tiempo se está visualizando que cada día se encuentra más solo en esa estrategia y que la ministra está más aislada.
Los aliados en el espacio de Unidas Podemos, especialmente Yolanda Díaz e Alberto Garzón, se han puesto de perfil o directamente callan sobre la crisis, como la vicepresidenta segunda o el ministro de Consumo. Mientras, el resto de fuerzas de la izquierda mantienen una visión mucho más crítica de lo que está pasando y hablan abiertamente de la hipótesis de que hay fallos en la ley y de una necesidad de «rectificar».
Pero Podemos niega la mayor y ha emprendido una carrera por defender a toda costa a Montero con un tono de lo más beligerante. Y eso le está llevando también a cargar incluso contra Díaz por apostar por ser «prudente» y plantear, como subrayan fuentes de su departamento, por «analizar el recorrido judicial para sacar las conclusiones más adecuadas».
El ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, denunció ayer «la cobardía de la parte del Gobierno que, a diferencia del presidente, no ha defendido a Igualdad». El destino de la crítica estaba claro, así que abierta esa veda contra Díaz, el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, remató la faena y dejó a las claras lo que piensan dentro del partido. «Cuando la cacería adquiere dimensiones de fusilamiento, la obligación de cualquier camarada es apoyar. Primero, por decencia. Segundo por estrategia», subrayó. «Porque cerrar filas cuando los rifles descargan pólvora contra una compañera es la única forma de evitar que nos maten uno a uno». No fueron los únicos que opinaron así sobre ella.
El caso es que Díaz y Garzón no son los únicos que están evitando sumarse a este cierre de filas con Montero y alistarse a la ofensiva contra los jueces por «machistas» y «reaccionarios». El sector del PSOE del Gobierno se desmarca de los ataques. «Los jueces interpretan y aplican la ley y hay que mantener el respeto absoluto a la acción de los jueces», remarcó la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.
Esa diferenciación también se está dando dentro de Podemos. Y no por cualquier persona. Una figura del simbolismo de Juan Pedro Yllanes –uno de los dos jueces de Podemos; la otra es Victoria Rosell– salió en defensa de sus compañeros para subrayar que «no es una cuestión de jueces machistas, sino de jueces profesionales aplicando la ley». El ahora vicepresidente de Baleares rechazó los excesos verbales que se están dando.
Los principales dirigentes de Podemos mantienen las espadas en alto contra los jueces. Sin embargo, su soledad en esa pelea es palmaria. Sus aliados en el Congreso, principalmente ERC y EH Bildu, así como el PNV, están asumiendo que es necesario retocar la ley para evitar «fisuras». Gabriel Rufián señaló que «entre Irene Montero y los jueces capciosos» tiene «meridianamente
efecto o consecuencia en algunos casos no previstos por los políticos promotores. Se ha producido una paradoja, efecto de alterar unos delitos que ya estaban plenamente delimitados por la jurisprudencia e investigados por la dogmática. Resultado de ello es que las penas mínimas han bajado, por lo que un condenado bajo la ley anterior está perfectamente legitimado para solicitar su revisión al amparo de la nueva. Si es un error del legislador, lo menos que puede hacerse es autocrítica, y no verter toda una pléyade claro» con quién va, pero «dicho esto, a enmendar lo que se haya que enmendar para que no vuelva a pasar».
Una de las críticas más tajantes en la izquierda se la encontró Podemos en la portavoz de Más Madrid. Mónica García afirmó que «como feminista» se debe «rectificar». «Cuando tú haces una ley con una intención, de la misma manera que
de descalificaciones hacia los abogados que hacen su trabajo y a los jueces que resuelven conforme a Derecho, aplicándolo. Las censuras jurídicas sólo tienen un camino: el recurso ante instancias judiciales superiores.
Llama la atención el empeño de algunos y algunas por crear un ambiente hostil hacia la independencia de los jueces, imponiendo lo que bien se ha definido como una dictadura de lo políticamente correcto, que no es otra cosa que señalar con el dedo a golpe de ideario a quien no materialice el mismo a su gusto. Ese mensaje, tendencioso y profundamente incierto, incluso cuando pones un tratamiento y los efectos secundarios no son lo que esperabas, hay que cambiarla. Es igual que cuando se cambia de tratamiento o de dosis», afirmó la líder madrileña. Fuentes de este partido apuntalan que la crisis puede «horadar» al Gobierno de coalición y «crear un problema político» al margen del evidente judicial que ya se ha iniciado. «Si se produce un error, se hace autocrítica, se mejora y no se inicia una huida hacia adelante que pueda agravarlo», señalan.
El posicionamiento de Más Madrid no fue bien acogido en Podemos, donde Carolina Alonso cargó contra García. «Estas son las cosas que hacen daño realmente al feminismo», señaló.
Desde Compromís se aboga por estudiar si es «un fallo de la propia norma» o si como dice Igualdad, es por una mala «interpretación» de los jueces. Pero tampoco se hace una cerrada defensa de la ministra.
Con unos y otros, Podemos se va quedando aislado y la figura de Montero está sufriendo un fuerte desgaste. Hace apenas una semana, el debate en algunos entornos era de si, ante la crisis interna con Díaz, ella podía ser su sustituta. Ahora el relato que rodea a la ministra es si tiene que dimitir, como pide la derecha.
Montero se mantiene firme y decidida a seguir. Ayer pidió ayuda a la Fiscalía para que se posicione en los casos a favor de la «aplicación efectiva» de la ley. Porque, a su juicio, no hay errores en la ley, sino que todo pasa porque los jueces no la están ejecutando como deberían.
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diríase que inconstitucional, no contribuye en nada a la confianza en la Justicia y en sus profesionales.
En política no todo vale. Escuchar a los técnicos en Derecho suele ser un acierto. Desde la abogacía siempre vamos a defender al Poder Judicial del ataque, a veces incluso asedio, de determinados políticos. Confiemos en que alguien reflexione y aprenda de esto.
José María Alonso Puig es decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (e.f) y vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española.