ERC, PDeCAT y PP avisaron del agujero en la ley

Dijeron que unir agresión y abuso laminaría la proporcionalidad y distorsionaría las penas

La cascada de rebajas en las condenas impuestas por graves delitos sexuales como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, ha suscitado un aluvión de reacciones abogando por la revisión urgente del texto normativo e incluso exigiendo la dimisión inmediata de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Los partidos que se sientan en el Congreso, uno tras otro, se han sumado a la apuesta por reformar la ley que ellos mismos aprobaron sin percatarse de la bomba que ocultaba. Únicamente el PP, con una enmienda de totalidad con texto alternativo y, después, ERC y el PDeCAT, con sendas enmiendas al articulado, advirtieron del coladero que se escondía en la norma. Ninguna de sus objeciones fue tomada en consideración, como tampoco lo fue la alerta que recogía el Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo pero no vinculante.

Estas tres formaciones metieron el dedo en la llaga de las previsibles distorsiones de penas que podrían producirse al eliminar las dos categorías de delito sexual –abuso y agresión– y unificarlos bajo la denominación más grave, la de agresión con horquillas de penas rebajadas en los mínimos y, en algún caso, también en los máximos.

Cierto es que estos grupos ponían principalmente el acento en la posible rebaja de las penas máximas y no en el de las mínimas, por revestir aquellas mayor gravedad y escándalo, pero los tres incidían en que la unificación de delitos plantearía un grave problema.

Según el artículo 2.2 del Código Penal al reo se le aplica retroactivamente la ley penal que le beneficia y esto afecta tanto a los más penados si el máximo previsto en la horquilla de castigo se rebaja, como a los menos penados si el mínimo de la horquilla de castigo disminuye. Es por eso que la llamada de atención de PP, ERC y PDeCAT debería haber suscitado la reflexión, pero no fue así.

La única posibilidad de evitar este efecto habría pasado por introducir en el texto legal una Disposición Transitoria disponiendo que si las penas ya impuestas se encuentran dentro de la nueva horquilla de castigo, no se procederá a su revisión. Muchos juristas dudan de la constitucionalidad de una disposición de este tipo pero la verdad es que se ha introducido en muchas normas desde 1995 sin haber sido cuestionada.

Los populares en su enmienda a la totalidad con texto alternativo alertaban de la «enorme importancia» que supondría «la desaparición de la distinción en el Código

Penal entre abuso y agresión sexual», algo no exigido, argumentaban, por el Convenio de Estambul al que continuamente se refiere el Ministerio de Igualdad.

Así justificaban su enmienda señalando que «la eliminación del delito de abusos tratando de manera uniforme cualquier ataque a la libertad sexual, como si todos fueran de la misma gravedad, supone en la práctica una rebaja de las penas de los delitos más violentos por la necesidad del legislador de reducir el castigo originalmente a los casos más graves, para dar respuesta a aquellos que son más violentos». Y añadían: «De esta manera se permite una discrecionalidad en la respuesta judicial que resulta alarmante». La enmienda alternativa de los populares fue rechazada por mayoría de votos en el Congreso.

Igualmente, y ya en el trámite de enmiendas parciales, es decir, al articulado, el PDeCAT insistía en el mismo argumento proponiendo revisar la modificación que el proyecto de ley planteaba para el artículo 178 del Código Penal.

Esta formación, incluida en el Grupo Plural del Congreso, señalaba:

Pusieron el acento en los castigos máximos por afectar a los casos muy graves

«La supresión de la distinción entre agresión sexual y abuso sexual lamina el principio de proporcionalidad del Código Penal vulnerando la seguridad jurídica. La tipificación del nuevo artículo 178 del Código Penal podría incurrir, por un lado, en una prohibición de defecto de protección o, por otro lado, incurrir en una prohibición de exceso al castigarse con grave severidad conductas que presentan un menor grado de lesividad».

Por su parte, ERC, un grupo que defiende férreamente la conveniencia de la ley del sólo sí es sí, también expresó sus recelos: «De la unificación de los tipos de agresión y abuso sexual resulta una rebaja de las penas previstas para violaciones y agresiones sexuales y un incremento de las tipificadas como abusos, que habría que revisar igualmente, ya que por la práctica de las mujeres juristas se conoce que las penas que se imponen con arreglo al vigente texto del Código Penal están en el rango inferior de las penas». Los republicanos igualmente hacían hincapié en que «no hay que olvidar la proporcionalidad que debe imperar en la ley penal». Tampoco ellos fueron escuchados.