Diez céntimos más por hora y trabajador
Desde enero subirán los costes de las empresas por la reforma de las pensiones
Las empresas se enfrentarán a partir de enero a un incremento del 0,5% en las cotizaciones sociales por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) –que subirá también una décima las cotizaciones que pagan los trabajadores–, lo que se traducirá en un aumento de costes para la compañías de 10 céntimos por trabajador cada hora, según el cálculo del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
«La subida de cotizaciones que empieza en 2023 que es del 0,5% es una sobrecotización extremadamente baja que no cambia la situación de costes laborales de las empresas. Pensemos que el coste laboral es de 20,9 euros por persona por hora trabajada, aplicar ese 0,5% supone pasar a 21 euros», restó importancia ayer Escrivá. Es un incremento de diez céntimos más por trabajador cada hora. «Obviamente cuando hemos visto estos elementos hemos mirado con mucho cuidado que ninguna de estas medidas afecte a las competitividad de las empresas», aseguró, quitando hierro al impacto.
Pero lo cierto es que este aumento de costes se sumará a otros. Primero, al que va a provocar la decisión del Gobierno de subir las bases máximas de cotización un 8,6%. Las empresas pagan cada mes a la Seguridad Social una cantidad por cada trabajador para financiar el sistema público de pensiones, que se calcula aplicando el 23,6% a la base de cotización, que es equivalente al sueldo. El trabajador también hace una aportación al sistema equivalente al 4,7% de su base de cotización.
Esas bases varían en función del salario de los trabajadores pero existen una base mínima –que equivale al salario mínimo– y una base máxima, por encima de la cual el sueldo queda exento de pagar cotizaciones. La base máxima está fijada en 4.139,4 euros al mes, pero subirá a partir de enero a 4.495,3 euros, con lo que eso aumentará la aportación que hacen a la Seguridad Social las empresas, al calcularse el 23,6% sobre una cantidad más elevada.
Lo mismo sucederá con las bases mínimas, ya que al subir de forma equivalente al Salario Mínimo, también se aplicará el tipo de cotización sobre una masa salarial mayor. El Gobierno tiene previsto decidir de aquí a fin de año cuánto subirá el SMI, pero cualquier subida que se apruebe implicará otro aumento de costes para las compañías.
Estas medidas, que buscan reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones, no serán puntuales sino que tienen vocación de permanencia. El MEI en principio ha sido diseñado para estar en vigor hasta 2032 y, cuando llegue ese momento, que la situación de las cuentas de la Seguridad Social sea evaluada y se decida si se elimina o si se continua aplicando y, en ese caso, si es necesario ampliar esa contribución. El problema está en que este plan no ha convencido del todo a la Comisión Europea, que cree que sería preferible un mecanismo automático que no haya que revisar y garantice cierto nivel de recursos al sistema necesario para acometer los gastos que se avecinan, sobre todo por la generación del baby boom, que empieza a jubilarse en 2023.
El Ministerio de Seguridad Social tiene hasta el 31 de diciembre para aprobar la segunda pata de las reformas de las pensiones vía real decreto-ley y, hasta entonces, está negociando con Bruselas la definición definitiva del MEI, que podría ser retocada, ya que hasta el próximo desembolso de fondos europeos la Comisión no comprobará que el mecanismo cumpla con el objetivo pactado en el Componente 30 del Plan de Recuperación. En esta segunda parte también se incluirá un compromiso de subir las bases máximas de cotización año a año durante las próximas tres décadas –está por definir si hasta 2048 o 2050, y a partir de cuándo se empieza–.
Escrivá hace un año ya planteó en la mesa del diálogo social su voluntad de incrementar las bases máximas para que dentro de tres décadas fueran un 30% más altas, pero es una propuesta que la CEOE no parece dispuesta aceptar. Para la patronal, los incrementos de cotizaciones sociales que suponen el MEI, que califican como «derrama», y las subidas de las bases de cotización sí suponen una dificultad en un entorno de incertidumbre.
La segunda parte de la reforma de las pensiones incluirá también un cambio en la parte de la carrera laboral que se utiliza para calcular la pensión pública –actualmente son los últimos 25 años trabajados, pero el ministro quiere que se puedan excluir los peores años en términos cotización, asunto que está en negociación–; comprenderá también el cambio en el sistema de cotización de los autónomos; el impulso a los planes de pensiones de empleo y la creación de un plan de promoción pública que podría ver la luz en primavera.