Montero rechaza tocar «el corazón» del ‘sólo sí es sí’
Reivindica la normativa pese al anuncio del Gobierno de que trabaja para retocarla
Irene Montero marcó ayer su posición a Pedro Sánchez con una férrea defensa de la ley del sólo sí es sí menos de 24 horas después de que el Gobierno reconociera que trabaja en retocar la normativa tras las rebajas de penas a agresores sexuales. La ministra de Igualdad se atrincheró en sus argumentos dejando clara su intención de mantener la esencia de la ley que impulsó su departamento.
«Se va a proteger el corazón de la ley», advirtió desde Lanzarote, en un acto para apoyar a los candidatos de Podemos Canarias a las próximas elecciones de mayo. «Haremos todo lo necesario para garantizar que el consentimiento sigue en el centro del Código Penal y proteger así a las mujeres», dijo evitando referirse al cambio anunciado para retocar la ley.
«Muchas están siendo las presiones para acabar con el consentimiento como centro de esta ley. No volveremos a la pregunta de ‘¿te resististe?’ en lugar de ‘¿consentiste’? No volveremos a ese calvario probatorio», alertó. «Estamos haciendo posible lo que nos decían que era imposible», añadió la ministra. A su juicio, los impedimentos a la aplicación de la que es su ley estrella son fruto de la «indecente ofensiva de la derecha política y judicial» de España. Sí es cierto que frente a otras intervenciones, Montero no rechazó de manera tajante y explícita acometer cambios, sean leves o profundos. «¿Qué están haciendo los tribunales con la ley?», se preguntó. «Pues la mayoría, aplicarla correctamente, pero una minoría ha decidido bajar las penas y no aplicar de forma correcta la normativa. Hay muchas presiones para acabar con el consentimiento como centro».
La titular del Ministerio de Igualdad respondió así a la desautorización a la normativa por parte del bloque del PSOE que ha decidido tomar las riendas de una posible reforma. Lejos de acercar posturas, Montero sigue defendiendo la solidez de la ley.
«Hemos hecho todo lo necesario para una aplicación correcta de la ley. Si la pena impuesta estaba dentro del rango, no se podía revisar a la baja, así se expone en el derecho transitorio».
La ministra estableció un paralelismo con la puesta en marcha, en el año 2004, de la Ley contra la Violencia de Género. Según recordó, lo que está pasando con la ley del sólo sí es sí, «la principal conquista feminista de los últimos veinte años», también pasó en 2004.
«Haremos lo necesario para que el consentimiento siga en el centro»
«No volveremos al calvario probatorio», fue su mensaje para sus socios del PSOE
Frente a aquella normativa, añadió, los «tribunales españoles plantearon 200 cuestiones de inconstitucionalidad», mientras que los sobreseimientos de estos casos» aumentaron un 158 %. «Hubo un proceso largo de transición y está volviendo a ocurrir».
La ministra de Igualdad reivindicó que su partido es «la fuerza que está transformando» España, consciente de que «donde hay una necesidad tiene que haber un derecho» y contrario a que «decidan sólo unos poderosos». Durante su intervención, subrayó que para Podemos «hacer política es una tarea titánica», ya que ello implica «hacer posible lo que todo el mundo le dice que es imposible», como subir el salario mínimo interprofesional y promover el Ingreso Mínimo Vital, leyes feministas, el tope al gas o la intervención en el mercado de la vivienda, unas iniciativas «que están haciendo que miles de familias puedan vivir mejor» y que rechazaban quienes «quienes querían sostener los privilegios de unos pocos a costa de los derechos de la mayoría social».
En cuatro décadas, la Constitución Española sólo se ha reformado en dos ocasiones: en 1992, que consistió en añadir en el artículo 13.2 la expresión «y pasivo» referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales; y en 2011, cuando se sustituyó íntegramente el artículo 135, que pactaron PSOE y PP para incluir el principio de estabilidad presupuestaria. Ahora los dos grandes partidos, tras un año de idas y venidas, parecen darse la mano para acometer una tercera que suponga la reforma del artículo 49 y sustituya la palabra «disminuidos» por «personas con discapacidad». Una vía que los nacionalistas quieren aprovechar para hacer una revisión de la Carta Magna acorde con sus expectativas e intereses,
Los nacionalistas piden quitar la «indisoluble unidad de la Nación» o una ley de amnistía
como reflejan las enmiendas que ya han registrado en el Congreso al Proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española.
El Boletín Oficial de las Cortes publicó la semana pasada todas las enmiendas al articulado. Un documento de 43 páginas en el que quedan plasmadas las pretensiones de algunas formaciones nacionalistas de abrir el melón constitucional. El PNV, por ejemplo, quiere cambiar el artículo 2 de la Carta Magna, el que alude a la «indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Una frase, ésta, que la formación jeltzale pide suprimir del texto, así como sustituir la palabra nacionalidades por naciones de manera que quede reflejado «el derecho a la autonomía de las naciones y regiones que integran el Estado».
PSOE y PP llevan un año de tira y afloja con esta reforma constitucional, para crítica y malestar del sector de las personas con discapacidad. Los populares han sido reacios
Díaz cree necesario reformar el artículo 135 relativo a dar prioridad a la deuda
ante el temor de que los socios nacionalistas que facilitan la gobernabilidad a Pedro Sánchez aprovechen el cambio para abrir el melón del cambio en la Carta Magna con cuestiones como la integridad territorial o que persigan forzar un referéndum para establecer un plebiscito sobre el orden constitucional, algo que sucedería si lo piden 35 diputados. En la reunión que los dos partidos mayoritarios celebraron hace unos días en el Congreso, desde el Gobierno se trasladó el compromiso de «acotar» la reforma constitucional al artículo 49. Para ello, esta semana los enviados del Gobierno mantendrán reuniones con sus socios, para tratar de convencerlos de que no abran un pulso al actual modelo constitucional. También para asegurarse que Unidas Podemos no apoye ninguna posible petición de referéndum.
De ahí que pese a su convencimiento en quitar la palabra «disminuidos» de la Constitución, PSOE y PP aún no hayan cerrado el acuerdo. Los populares ganan unos días para ver cómo transitan las negociaciones con los partidos nacionalistas. Ver qué certezas o seguridades hay.
Lo que está sobre la mesa son las intenciones iniciales. El PNV también quiere eliminar del artículo 8 la referencia que las Fuerzas Armadas tiene como misión «defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional», así como acotar la inviolabilidad del Rey. Plantean modificar el artículo 56 para añadir que el Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad «cuando sus actos tengan relación con las funciones institucionales de la Jefatura del Estado».
Desde Junts, por su parte, plantean directamente que la Constitución recoja y ampare el derecho a la amnistía. Para ello proponen una disposición adicional nueva que modifique el artículo 117 para que queda así redactado: «Por ley orgánica se regulará el ejercicio del derecho de gracia mediante el indulto y la amnistía». «La necesidad del reconocimiento explícito en sede constitucional de las leyes de amnistía es imprescindible para superar una determinada interpretación de la Constitución que bloquea incluso la mera tramitación de las leyes de amnistía», explican los independentistas catalanes.
Pero hay planteamientos que parten no sólo de los nacionalistas. Unidas Podemos no ha planteado ninguna enmienda a esta reforma constitucional. Pero la semana pasada, en un acto de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz, expresó la necesidad de «defender» una reforma del artículo 135 para que no tenga prioridad el pago de la deuda. «Lo prioritario es salvar a la gente», dijo. «El artículo 135, apartado 3, tiene que ser expulsado de nuestro texto constitucional».