Londres frena al ‘chef’ de Putin
Reino Unido revisa la aplicación de las sanciones a Rusia ante los abusos del jefe de Wagner
El Gobierno británico prometió revisar la aplicación de las sanciones económicas contra Rusia a fin de proteger el sistema judicial nacional de probables abusos de proceso por parte de abogados del Reino Unido contratados por aliados de Vladimir Putin. El caso más reciente concierne al millonario Yevgeny Prigozhin, el llamado chef del presidente ruso y responsable de la milicia Wagner, quien ha interpuesto una serie de demandas legales y administrativas contra medios y periodistas británicos financiadas con fondos sujetos al régimen sancionador.
Prigozhin se identificó públicamente, el pasado otoño, como fundador y responsable del «grupo de patriotas, luego llamado Batallón Wagner», que participó en la invasión de
Crimea en 2014 y al que ahora se atribuyen las más atroces agresiones en el resto del país, incluidos crímenes de guerra. El oligarca de San Petersburgo, que oficialmente amasó su fortuna con un negocio de restaurantes de lujo y distribución de productos alimenticios, había negado hasta entonces cualquier relación con el ejército de mercenarios. En la última década, abrió diligencias legales y administrativas en Reino Unido en relación con informaciones publicadas en periódicos y plataformas digitales que le situaban en una posición de mando paramilitar.
EEUU se dispone a designar al grupo Wagner como «organización transnacional criminal», pero su fundador entró en el radar de las sanciones a finales de 2016, por presunta manipulación de las elecciones presidenciales mediante falsos mensajes distribuidos por la ya clausurada Agencia de Investigación en Internet, con base en San Petersburgo.
Prigozhin está sancionado en Reino Unido desde 2020, por «actividades que amenazan la paz, estabilidad y seguridad de Libia», orquestadas a través de su grupo Wagner. Aun así, pudo contratar y pagar con transferencias bancarias enviadas desde Rusia los servicios de abogados británicos, amparado por las cláusulas de excepción legal admitidas en la normativa. El aliado de Putin demandó por difamación al director del portal informativo Bellingcat, Eliot Higgins, bajo licencia expresa de los funcionarios que gestionan la aplicación del régimen sancionador.
La normativa autoriza la «liberación» de activos congelados y las transferencias monetarias de individuos sancionados siempre que se dirijan «exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos». «Razonable» se refiere a la cantidad de dinero que un abogado puede cargar a su cliente en el formulario remitido al Ministerio de Economía. «Las solicitudes se evalúan únicamente en base a los costes», confirmó el número dos del Tesoro, James Cartlidge, en una reciente comparecencia en Westminster.