Los violadores salen; Irene se queda
MAITE RICO
IRENE Montero ha mentido. Mucho. Dijo que su Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual (ley del solo sí es sí, o del ahora sí que estamos jodidos) no iba a suponer ventajas para los condenados por agresiones sexuales. «No se va a conocer una sola reducción de penas, es propaganda machista», vociferó. Cuatro meses, 338 delincuentes sexuales beneficiados y 34 excarcelados después, continúa desafiante en el cargo. Dientes, dientes...
Mentir está muy feo. En democracias normales, los políticos que mienten tienen que irse a casa. En la democracia de Pedro Sánchez, la mentira es un medio legítimo para un fin, básicamente, seguir en el poder. Por eso Montero ha seguido mintiendo. Al ver que la ley posibilitaba, en efecto, la reducción de penas para violadores y pederastas, aseguró que nadie les había avisado de semejante consecuencia. No era cierto. Lo habían hecho el CGPJ, el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social. Seguro que también lo hizo el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que filtró que el borrador de la ley tenía hasta faltas de ortografía. Luego ya se avino a los dictados de Sánchez y hoy es flamante magistrado del Constitucional.
Pero Irene y su equipo (Pam, Vicky) siguieron mintiendo. Y dijeron que la culpa era de los jueces, que eran machistas y prevaricaban (daba igual que la mayoría fueran mujeres). Pretendieron incluso que la prensa no informara de lo que estaba sucediendo. Ellas venían a redimirnos y, desde que llegaron a Igualdad, todos los indicadores (delitos sexuales, asesinatos machistas, bienestar femenino) han empeorado. Lo que sí han hecho, y muy bien, es convertir el ministerio en una plataforma de autopromoción, cual influencers antipatriarcales. Las hemos visto prosperar, cumplir años, arreglarse mejor, reproducirse y criar. La última, Ione Belarra, con su hermoso bebé de pisapapeles en la mesa del despacho.
Irene Montero no ha dimitido por mentir, ni por una ley chapucera, ni siquiera por haber fracasado en su gestión. Ahora bien, ¿dimitirá por dignidad, ahora que la facción socialista del Gobierno ha decidido reformar la ley (si las mujeres no importan, las encuestas electorales sí)? Tampoco Pedro Sánchez tiene autoridad moral para destituirla. Después de todo, él apoyaba esa ley, «ejemplo para el mundo». Creo más bien que nos corresponde a nosotros sacarlos con los votos. A todos. Necesitamos recuperar la cordura.