El Banco de España, en riesgo de colonización

EL Banco de España se perfila como próximo objetivo de la progresiva colonización de las instituciones que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez. A la politización del CIS o el INE se suma ahora la posible alteración de equilibrios en la cúpula del regulador, clave para la estabilidad del sector financiero. Una quiebra en la tradición de reparto de poderes –por la que el Ejecutivo nombra a tres consejeros, la oposición a dos y la «cuota catalana» a uno– que ofrecería una mala imagen ante el Banco Central Europeo.

El hecho es que, de momento, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, no ha mostrado voluntad de negociar con el PP la renovación de la cúpula del Banco de España a solo unos días de que caduque el mandato del último consejero nombrado por el Gobierno de Rajoy, el ex secretario de Estado Fernando Eguidazu. Hasta ahora había regido una regla no escrita de consenso según la cual los dos grandes partidos nombraban de común acuerdo a figuras de corte más técnico que político. La ruptura de esa tradición fue Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO), cuya gestión fue duramente contestada incluso desde la Comisión Europea.

Si finalmente Calviño copa los puestos de mando en uno de los pilares institucionales para la economía, su gobernador quedará aislado. Pablo Hernández de Cos es una figura respetada precisamente por su independencia, que le ha llevado a cuestionar muchas medidas gubernamentales, como la subida del salario mínimo o la decisión de ligar las pensiones a la inflación en vez de incluirlas en un pacto de rentas.

La politización de los organismos estatales redunda en una falta de credibilidad que la economía española, única europea que no ha alcanzado los niveles de crecimiento prepandemia, no puede permitirse. Ayer mismo el INE –cuyo director, Juan Manuel Rodríguez Poo, dimitió en junio tras chocar con el Gobierno, que le reemplazó por Elena Manzanera– cambió el criterio de las ponderaciones para calcular el IPC, que repuntó una décima mientras la inflación subyacente escalaba al 7,5%. El dato es preocupante para una UE temerosa de que la subida española anticipe alzas generalizadas en territorio comunitario. La nueva contabilidad reduce el peso de alimentos y gastos asociados a vivienda, lo que puede abrir la puerta a la elaboración de estadísticas creativas y a la carta. Ya hemos visto la degradación que han sufrido las del CIS, convertidas en instrumento para apuntalar el discurso del Gobierno y manipular a la opinión pública.

En el caso del Banco de España, el país se juega su reputación en Europa en un momento delicado para la deuda. El Ejecutivo debe respetar el consenso que regía en una institución que no debe convertirse –ni aparentarlo– en un órgano plegado a los intereses políticos.

La politización de organismos estatales redunda en su descrédito