El azote del poder en el Líbano
Con fama de incorruptible, escurridizo para los medios de comunicación e implacable en sus objetivos, el juez Tarek Bitar está poniendo patas arriba la escena política del Líbano. Es el encargado de investigar la explosión en el puerto de Beirut que el 4 de agosto de 2020 segó la vida a más de 200 personas, dejó más de 6.000 heridos –muchos de ellos con secuelas graves de por vida– y devastó barrios enteros de la capital dejando más de 300.000 personas sin hogar. Desde este estrado se ha convertido en azote de los poderosos y enemigo de la impunidad.
Las familias de las víctimas confían en que sus pesquisas arrojen la verdad de lo ocurrido y paguen los responsables de haber mantenido almacenadas durante años 2.750 toneladas de nitrato de amonio, un fertilizante altamente peligroso, junto al mayor silo de grano del país. Pero en su arduo camino, Bitar no lo ha tenido fácil y ha visto cómo su investigación ha sido bloqueada en numerosas ocasiones.
La semana pasada, Bitar persistió en su desafío y reanudó el proceso, después de haber sido obligado a mantenerlo en suspenso durante 13 meses por presiones políticas y una montaña de alegaciones de los propios acusados. Tiene en su contra a toda la clase política, particularmente al grupo chií Hizbulá, el único partido que cuenta con una milicia armada, y a sus aliados de Amal.
El juez obró rápido el pasado lunes e imputó al director de la Seguridad General (la Inteligencia interior), Abbas Ibrahim, y al jefe de la Seguridad Estatal, Tony Saliba, entre otros altos cargos de la cúpula de seguridad libanesa. También ha acusado al ex ministro del Interior Nuhad Machnouk, al parlamentario Ghazi Zaiter y al fiscal general del Estado, Ghasan Oweidat.
La reacción del poder fue inmediata: una bofetada en la cara de Bitar. El propio fiscal Oweidat extendió el martes una orden de prohibición de salir del país contra Bitar. La Fiscalía del Tribunal de Casación limitó más sus movimientos al emitir un comunicado en el que se afirmaba que no tiene capacidad legal para actuar. «Confirmamos que tus manos están atadas por la ley», le impuso Oweidat en una notificación recogida por Efe.
Ahora es el propio juez el que es perseguido, acusado de «rebelión contra la justicia» y de «usurpación de poder». Hizbulá pide que sea relevado de su cargo y le acusa de «parcialidad» y de querer politizar el juicio. Pero Bitar tiene tras de sí a todos los que fueron desposeídos por la gigantesca explosión, a los que perdieron a sus familiares, sus casas, sus negocios y sus sueños.
Desde el inicio de sus investigaciones, Bitar sufre amenazas a su seguridad y toma precauciones en todos sus desplazamientos, según han revelado sus colaboradores más cercanos. «Sabe que está amenazado, pero no tiene miedo. Quiere llegar al fondo del asunto porque le mueve su conciencia. Es uno de esos jueces que no se somete al poder político», afirma a Afp Cécile Roukoz, una de las abogadas de las familias de las víctimas de la tragedia. «Es valiente, audaz, hasta el punto de hacer frente al poder que obstruye la investigación desde hace dos años y medio», añade la letrada, que perdió a su hermano en la deflagración.
Nacido en 1974 en la localidad de Aydamun, en el norte del país, en el seno de una familia cristiana, Bitar se graduó en Derecho en la Universidad Libanesa. Trabajó como abogado y luego como juez penal en la ciudad de Trípoli hasta 2010. Posteriormente, ejerció como fiscal hasta que en 2017 se convirtió en jefe del Tribunal Penal de Beirut. Con su historial judicial se ha ganado un aura de integridad, cualidad muy apreciada y escasa en un país donde las afiliaciones políticas y el tráfico de influencias lo impregnan todo. Bitar es apolítico, otra rareza en el Líbano, donde imperan las lealtades políticas y sectarias.
Llegó al caso de la megaexplosión de Beirut tras la renuncia del juez Fadi Sawan, forzado por el Gobierno a dimitir después de que acusara formalmente a Hasan Diab, que ejercía como primer ministro en el momento de la catástrofe, y a otros miembros del Gabinete. Bitar ha mantenido la acusación a Diab y algunos de sus ex ministros. Todos ellos han rehusado colaborar en la investigación.
Las tensiones que genera la causa tuvieron un punto álgido en octubre de 2021, cuando las protestas callejeras convocadas por Hizbulá y Amal acabaron en tiroteos con los partidos rivales de la derecha cristiana. Murieron siete personas. De forma intermitente, las protestas a favor y en contra se suceden ante el Palacio de la Justicia de Beirut. La campaña contra Bitar se ha intensificado en los últimos días.