Hacienda admite que la ayuda al transporte beneficia a rentas altas
Un informe interno del Instituto de Estudios Fiscales concluye que «no es redistributiva»
Las ayudas y subvenciones al transporte estatal, autonómico y local aplicadas por el Gobierno van en contra de una de las principales premisas del propio Ejecutivo: lejos de ayudar a las rentas más bajas, los principales beneficiarios de la medida son las rentas más altas. Y el Gobierno es consciente de ello, ya que a esta conclusión no sólo han llegado organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sino que figura en un estudio interno del propio Ministerio de Hacienda.
El informe, en concreto, tiene el sello del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), organismo dependiente del departamento que dirige María Jesús Montero. El objetivo del documento es valorar y analizar las medidas aplicadas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania, y en lo que a las ayudas del transporte respecta reconoce, hasta en tres ocasiones, que «no es redistributiva». «Dado el patrón de gasto existente, se subvenciona más en términos absolutos y también proporcionalmente a los hogares con mayor capacidad de pago», señala el documento.
Para llegar a esta conclusión, el estudio del IEF parte de la encuesta Encuesta Financiera de las Familias del INE, que revela «una tendencia creciente en la proporción de gasto dedicada a servicios de transporte a medida que se consideran tramos de renta superiores». «Ello implica de forma indudable un gasto absoluto mayor en transporte a medida que la renta es más elevada», añade. Esto es, que las familias con más medios gastan más en transporte.
Por ello, estos hogares con más renta se benefician en mayor medida de la bonificación del 50% en los títulos multi viaje de los servicios ferroviarios prestados por Renfe, y también en los títulos multi viaje de las concesiones estatales de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general por carretera. Sucede lo mismo con la rebaja del 30% en el transporte público colectivo de competencia autonómica o local.
Todas estas medidas se aplicaron entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del año pasado, que es el periodo analizado por el IEF, y han sido prorrogadas para 2023 aunque con condiciones para el caso del transporte regional.
El Gobierno, en cambio, decidió no prorrogar el descuento de 20 céntimos en los combustibles, otra actuación analizada por el Instituto y que es asimismo regresiva. El motivo es que las rentas más elevadas son, de nuevo, las que hace un mayor uso del vehículo.
Para evitar esta regresividad el organismo propone que se instrumente a través del IRPF. Así, «se podría diseñar de forma progresiva, teniendo en cuenta la capacidad de pago del consumidor». Pero de esta forma, se produciría un «retardo de la bonificación», añade el IEF, y en Hacienda siempre descartaron esta posibilidad dadas las dificultades que hubiese entrañado su aplicación.
Por ello, finalmente decidieron eliminar la universalidad del descuento, decisión que por otra parte ha propiciado el repunte de la inflación registrado en enero.
La aplicación de una limitación del 2% a la subida de los alquileres, por su parte, «genera un efecto redistributivo ínfimo»; el bono social «es redistributivo»; y la bajada del IVA en la electricidad del 21% al 5% «genera un ahorro medio de 106 euros, más para los hogares más ricos, pero en proporción sobre la renta, el tipo efectivo de este subsidio resulta decreciente», por lo que «la medida es redistributiva».
Por otra parte, Hacienda dio ayer a conocer las entregas a cuenta correspondientes al mes de enero. El dinero entregado a las comunidades ascendió a 10.280 millones, y las región que más recibió fue Cataluña con 1.938, un 11% más que el año pasado. Muy cerca se quedó Andalucía, con 1.918 millones, mientras que la Comunidad de Madrid recibió 1.436 millones.