Guerra por el precio del suelo de la gigafactoría
Agricultores cargan contra la Generalitat por judicializar las expropiaciones y pagar menos
El Gobierno valenciano y los agricultores con parcelas sobre las que se ubicará la gigafactoría de Volkswagen en Sagunto se han embarcado en una guerra judicial. El motivo no es otro que el precio que está dispuesta a pagar la Administración a los propietarios por la expropiación de sus terrenos. Si la filial de Volkswagen responsable de la fábrica de baterías (PowerCo) va a abonar 63,66 millones de euros a la Generalitat por la compra de 1,3 millones de metros cuadrados de suelo industrial, los agricultores denuncian que la Administración quiere hacer caja con ellos para evitar pagarles hasta 25 millones de euros.
Según fuentes conocedoras de las negociaciones, unos 800 agricultores de los 2.000 pequeños propietarios afectados han recurrido los precios propuestos para la expropiación. Esto ha llevado a la Administración a acudir a los tribunales con el fin de no tener que abonar las cantidades que fijó el jurado provincial de expropiación. Hay que tener en cuenta que la empresa pública encargada del desarrollo del parque industrial de Sagunto (Espais Econòmics Empresarials, participada al 50% por la Generalitat y el Gobierno de España) valoró entre 10 y 15 euros el metro cuadrado de buena parte de las parcelas. Y, con el objetivo de acelerar el proceso, ofreció a sus propietarios acuerdos de compra privados.
Sin embargo, muchos de los propietarios del suelo –la mayoría de ellos agricultores– no aceptaron estas cantidades por considerarlas irrisorias, con lo que acudieron al jurado de arbitraje que, en la práctica, falló a su favor. Es decir, estableció el justiprecio para expropiar en una horquilla que oscila entre los 25 y los 40 euros por metro cuadrado en el mejor de los casos.
Fuentes de la Generalitat se defienden alegando que «se recurrió a un peritaje independiente que fijó los valores en función de los usos del suelo, plantaciones, variedades o antigüedad de las cosechas, siguiendo en todo momento la normativa establecida». Pero, ante la disparidad de los precios, estas mismas fuentes asumen que «ahora la vía que tienen tanto la Administración como los propietarios para llegar a un acuerdo es el contencioso».
Pero esto es precisamente lo que cuestionan las principales asociaciones agrarias valencianas, AVAAsaja y La Unió Llauradora, que acusan a la empresa pública de querer «beneficiar a Volkswagen» a costa de los pequeños agricultores, que se ven sometidos a un «trato demencial». Y ello porque, por ejemplo, se ha llevado a juicio a un pequeño propietario al que no se le quieren abonar 1.073 euros, que es la diferencia entre la cantidad que se le ofreció en un principio y el justiprecio que estableció el jurado de expropiación.
«Además de retrasar el pago al menos tres años, va a costar más el procedimiento judicial que la cuantía por la que se litiga», lamentan desde las asociaciones agrarias que, por el contrario, ponen el foco en los 260 millones que las diferentes actuaciones de acondicionamiento de la zona donde irá la gigafactoría están suponiendo para las arcas públicas valencianas.
La Generalitat inició la expropiación de los terrenos del llamado Parc Sagunt II hace casi un año, antes incluso de que Volkswagen anunciase su intención de situar en este municipio su fábrica de baterías. El Gobierno valenciano ha acelerado los trámites declarándola proyecto territorial estratégico y prometiendo beneficios fiscales a la empresa.