Registros en una constructora por el 3% de CDC
La Guardia Civil y los Mossos entran en la empresa Benito Arnó, vinculada al caso
BARCELONA La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra registraron ayer en Lérida y Barcelona las oficinas de una constructora, Benito Arnó e Hijos, por una pieza separada dentro del caso 3% que investiga la presunta financiación irregular de Convergència (CDC). Las entradas y registros policiales se llevaron a cabo este miércoles en los despachos centrales que la compañía tiene en el centro de la capital leridana, en la plaza Esperanza.
En concreto, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que dirige tanto la pieza separada sobre supuestos contratos irregulares en Ambulancias Egara –una empresa de transportes sanitarios en Cataluña– como el caso 3%, ordenó el registro de la sede de la constructora, otra de sus dependencias y tres domicilios en una operación con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción que se mantiene en secreto.
Los registros de ayer, en vísperas de la campaña del 12-M y en los que no hubo detenidos, son fruto de una investigación conjunta entre los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil a raíz de la operación sobre Ambulancias Egara que se llevó a cabo en marzo del pasado año. En este sentido, ambos cuerpos policiales ya efectuaron hace ahora 13 meses una veintena de entradas en varias sedes de la empresa de transporte sanitario por supuestos contratos irregulares.
Dentro de la causa del 3% sobre la financiación irregular de Convergència, la Audiencia Nacional investigó la operación desarrollada por varios empresarios para hacerse con el control de Ambulancias Egara antes de la concesión de la Generalitat en 2015 para gestionar el transporte sanitario en gran parte de Cataluña. Algunos de estos acusados estarían vinculados a ex cargos de CDC.
El director general de la constructora registrada este miércoles, Joan Albert Arqués, está implicado en el caso 3% por presuntamente colaborar
con el ex secretario de Comunicación del Generalitat, ex hombre fuerte dentro de la extinta Convergència y ahora directivo, David Madí, en su aterrizaje en el negocio del transporte sanitario a través de la mencionada compañía Ambulancias Egara. En concreto, el responsable de la constructora fue imputado con otros empresarios por el titular del juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional
por supuestas irregularidades en la licitación, adjudicación y contratación del concurso público en 2015 para la gestión de los servicios de transportes de ambulancias que obtuvo la empresa Egara en toda la comunidad.
También está procesado por el caso 3% de financiación ilegal de la extinta Convergència, con una treintena de personas más, y pendiente ahora de juicio.
La Guardia Civil ya registró en febrero de 2017 la sede de esta constructora en otra operación sobre el 3%, en este caso por su participación en una UTE que se encargó del proyecto de construcción del túnel para soterrar la Gran Via en la plaza de las Glorias de Barcelona, que fue adjudicado por 49,6 millones de euros en febrero de 2015, tres meses antes de que CiU perdiera la alcaldía de la capital catalana.