Un fiscal afín a García Ortiz asume el ‘caso Blanco’ para pedir el archivo
García-Berro respaldará en la Audiencia Nacional la prescripción para tres jefes de ETA
MADRID Un fiscal afín al fiscal general del Estado asumirá la investigación por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, una pieza clave en el intento de las víctimas de que dirigentes de ETA respondan por los atentados que cometieron los comandos.
El encargado de sostener en la Audiencia Nacional la tesis de Álvaro García Ortiz de que la causa debe archivarse por prescripción será Carlos García-Berro, muy próximo al fiscal general, con quien ha compartido militancia en la Unión Progresista de Fiscales (UPF). García Ortiz ha sido presidente de la UPF al tiempo que García-Berro era miembro del secretariado de la asociación. Ambos fueron también vocales electos del Consejo Fiscal por la asociación progresista.
La causa por el secuestro y muerte del edil del PP es las más avanzada de las reabiertas en la Audiencia Nacional contra las cúpulas de la banda terrorista. Hace dos semanas, el juez Manuel García-Castellón procesó a cuatro ex dirigentes etarras por el asesinato.
La Fiscalía General del Estado ordenó en julio de 2022 al entonces fiscal del caso, Vicente González Mota, que pidiera el archivo de la investigación para tres de los cuatro imputados, alegando que los hechos habían prescrito. Los criterios de la Secretaría Técnica que entonces encabezaba García Ortiz se remitieron al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, que los trasladó al fiscal del caso.
González Mota consideró improcedente la instrucción, dictada sin ni siquiera haberle pedido su parecer sobre el asunto. El encontronazo se saldó con su salida de un caso que, como los otros abiertos a jefes
Coincidieron en la cúpula de la Unión Progresista de Fiscales (UPF)
El fiscal jefe dice que la elección es del hasta ahora fiscal del asunto
de ETA, resulta incómodo para las relaciones del Gobierno con EH Bildu, socio preferente.
Por decisión del fiscal jefe de la Audiencia, la causa fue entonces asumida por el entonces teniente fiscal Miguel Ángel Carballo y el fiscal Pedro Rubira. Pero Carballo salió recientemente de la Audiencia para asumir la jefatura de Ciudad Real y Rubira está a punto de jubilarse, por lo que debe producirse un nuevo cambio de manos.
Según expuso el fiscal jefe la semana pasada en la Junta de Fiscales de la Audiencia, Rubira había propuesto que fuera García-Berro el que asumiera el asunto en esta última etapa junto a él. Es habitual que en asuntos complejos el fiscal del caso tenga un compañero que asista en la causa y pueda sustituirle si es necesario.
García-Berro ya está llevando el asunto. Precisamente ayer el fiscal asistió a la declaración indagatoria –ya había estado en alguna actuación anterior– de dos de los procesados. En esa diligencia en la que se les comunica la decisión del instructor de considerar que hay suficientes indicios contra ellos como para que sean enjuiciados. Se trata de dos ex números uno de la banda terrorista: Mikel Albisu, Mikel Antza; e Ignacio Gracia Arregui, Iñaki de Rentería. Estaban citados para declarar por videoconferencia desde el juzgado decano de San Sebastián.
Pese a encabezar ETA durante años, ambos se encuentran en libertad sin más imputaciones que las derivadas de las causas reabiertas contra las cúpulas de la banda.
Ninguno de los dos quiso declarar ayer. Ambos se limitaron a indicar que no estaban de acuerdo con el auto de procesamiento. Tampoco hicieron referencia a la fianza que el juez les ha reclamado: dos millones de euros para hacer frente a la eventual responsabilidad económica en caso de condena por la muerte de Blanco.
La próxima semana comparecerán ante el juez los otros dos procesados, José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri; y María Soledad Iparraguire, Anboto. Estos sí están cumpliendo condena y la videoconferencia será desde prisión.
El intento de los procesados de lograr la prescripción con los argumentos de la Fiscalía se ha topado hasta ahora con el criterio de la Sala de lo Penal. El tribunal que examinó el asunto consideró que era precipitado declarar la prescripción en esta fase de investigación y que la decisión debía abordarse más adelante, ante el tribunal encargado del eventual juicio.