El Gobierno veta el fichaje de Carme Artigas en Airbus
La razón del rechazo fue la concesión de varias subvenciones a la empresa por entidades presididas por la ex alto cargo
Tras dejar su puesto como secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas anunció que volvería pronto al sector privado, sin embargo, su destino final no será el escogido en primer término: la Oficina de Conflictos de Interés del Gobierno ha vetado su incorporación a Airbus Defence and Space, la rama militar del gigante del sector aeronáutico, según registros a los que ha tenido acceso EL MUNDO.
El motivo del veto es que Airbus y una de sus filiales recibieron subvenciones de entidades presididas por Artigas cuando era secretaria de Estado, señalan fuentes gubernamentales. Al cierre de esta edición, ni la ex secretaria de Estado, ni Airbus han atendido a las peticiones de información de este diario sobre el rol a desempeñar por la experta en digitalización.
Artigas renunció a su puesto como secretaria de Estado después de haber encabezado las negociaciones para cerrar el histórico Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que ha sido aprobado recientemente en el Parlamento Europeo. La secretaria de Estado había tomado posesión a principios de 2020, justo antes del comienzo de la pandemia.
Previamente, había fundado la startup Synergic Partners que terminó vendiendo a Telefónica en 2015, aunque siguió de consejera delegada de la firma hasta 2018. Actualmente, copreside el Consejo Asesor de Alto Nivel de Inteligencia Artificial de Naciones Unidas (ONU), mientras que actúa como consejera de la ESNA, siglas en inglés de la Alianza Europea de Startups, una alianza cuya creación impulsaron la propia Artigas y el equipo de Nadia Calviño.
Precisamente, quedan pocos representantes de este equipo en el
nuevo Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública de José Luis Escrivá. El nuevo organigrama mantiene prácticamente intacta la rama dependiente de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, pero efectuó con varios cambios en la SEDIA, que dependía de Artigas, y de la que han salido varios altos cargos. Más allá de revisar y ampliar la estrategia del Gobierno el pasado martes el ministro ha impulsado otros cambios de rumbo como el giro a la función de la Agencia Nacional de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), que tendrá un foco más cercano a un think tank. El puesto de Artigas está ocupado ahora mismo por Mayte Ledo, ex jefa de gabinete de Escrivá en Seguridad Social.
INUSUAL PROHIBICIÓN
La Oficina de Conflictos de Intereses es un ente que ha estado en el ojo público recientemente por la investigación sobre la actividad de Begoña Gómez, demandada por el PP, y por dos casos de pasos al sector privado en los que la opinión pública ha impuesto su propio veto: el fichaje del exministro Alberto Garzón por la consultora Acento y el de Isabel Pardo de Vera, ex secretaria de Estado de Transporte, como presidenta del lobby Asval.
El régimen de incompatibilidades de los altos cargos establece que, durante los dos primeros años tras su cese, estos deben solicitar autorización a esta Oficina para pasar a desempeñar nuevas funciones profesionales en el sector privado. Un trámite que suele aceptarse salvo en contadísimas excepciones. Según los últimos datos del Portal de Transparencia, entre 2014 y el tercer trimestre de 2023, se expidieron 480 autorizaciones, mientras que las peticiones denegadas, que no se publican, apenas alcanzan la quincena, según han ido reportando varios medios en los últimos años.
Más allá del sonado caso de Pardo de Vera, el caso más reciente en el que se rechazó una solicitud fue el de la ex directora general de la Escuela de Organización Industrial (EOI), Nieves Olivera, a la que se vetó su fichaje por Adigital en 2023.