Ayuso fía al impulso constructor sus planes de vivienda protegida
Las solicitudes de las empresas en Madrid han crecido un 380% con el aumento de las tarifas
«Todas las medidas tienen que promover el incentivo, la creatividad, el crecimiento, la atracción de inversiones, la ilusión, las ganas por arriesgar, construir, comprar, vender, hipotecarse...». Con esas declaraciones la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, marcaba ayer la política de vivienda que se busca fomentar desde el Gobierno regional en un momento donde los precios siguen en aumento tanto en la capital como en el resto del territorio nacional.
Y dentro de esas medidas, según los postulados de la Puerta del Sol, se encuadra el aumento en los precios de la vivienda protegida por primera vez en 15 años con la intención de atraer a las constructoras, tal y como adelantó EL MUNDO. Esas nuevas
Las peticiones ascienden a 1.782 por las 2.198 de todo el año 2023
«Las medidas deben promover el incentivo», dice la presidenta
tarifas, que se sitúan entre los 1.900 euros y los 2.820 dependiendo del grado de protección y la zona de la región, entraron en vigor el pasado 22 de febrero y hasta el 10 de mayo –últimos datos actualizados– las solicitudes de permisos para construir edificación protegida habían ascendido hasta las 1.782.
En el mismo período de 2023, las mismas solicitudes se quedaron en
372 lo que supone un incremento cercano al 380% durante ese lapso en 2024. De hecho, en todo el pasado año, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras recibió un total de 2.198 peticiones de constructoras interesadas en levantar estas viviendas, el número más bajo desde que existe conteo. Con las 1.782 que han llegado a la Comunidad de Madrid desde la actualización de precios ya se cubrirían un 81% de las presentadas en esos 12 meses.
Desde la Consejería que dirige Jorge Rodrigo aseguran que «el número de solicitudes recabadas hasta la fecha demuestra que esta era la vía para poder facilitar la construcción de las viviendas con precio limitado por la normativa pública». Sin embargo, desde partidos de la oposición como Más Madrid se critica que estos precios se encuentran por encima del mercado en algunos municipios, especialmente en el cinturón rojo de la región. En algunos casos como Parla o Valdemoro, tomando como referencia los precios del portal Idealista, estos son un entre un 30 y casi un 50% superiores.
La ac tualización de estos precios, que no se abordaba desde los tiempos de la crisis económica, se fundamenta, aseguran en el Gobierno regional, en los efectos que ha tenido la inflación, las nuevas normativas de eficiencia energética o sucesos como la guerra de Ucrania que han revertido en un aumento de los precios de los materiales y también en los costes derivados del petróleo o el gas. Según el índice de costes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ese incremento se sitúa en el 28,89%.
Esos aumentos de solicitudes remitidas a la Puerta del Sol se han distribuido indistintamente por más de una decena de municipios de toda la región. Desde el término municipal de Madrid hasta Cubas de la Sagra pasando por Villanueva del Pardillo, Valdemoro, Móstoles, Torrejón de Ardoz, Parla, Alcalá de Henares, Navalcarnero, Tres Cantos, Arganda del Rey o Las Rozas.
Ayer la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, contrapuso ese modelo que se está acometiendo desde la Comunidad de Madrid con la ley de Vivienda aprobada por Moncloa junto a dos de sus socios, Esquerra Republicana y EH Bildu, y que fue ratificada en su mayoría por el Tribunal Constitucional en esa misma jornada tras un recurso de la Junta de Andalucía. «Es lesiva para las competencias autonómicas, impone un modelo de gestión que no ha sido refrendado por los ciudadanos en las urnas y, sobre todo, más importante es que hay sobrados ejemplos de que esta ley allá donde se ha aplicado sin límites ha conseguido efectos devastadores», remarcó.
La dirigente popular incidió en que con la nueva normativa estatal, recurrida en los tribunales por su propio Gobierno, «se ha multiplicado la ocupación», «se ha hundido la oferta del alquiler» y «se ha aumentado los precios» de esas viviendas. «Suena bonito, pero luego no funcionan esas medidas intervencionistas y esto es lo que pasa cuando desde las administraciones se toman medidas arbitrarias, que van contra el mercado que, bajo evidentes criterios de regulación, tiene que ser libre», aseveró durante las jornadas de vivienda organizadas por