El TS de EEUU cuestiona la transición eléctrica
Una reciente sentencia del Supremo limita las atribuciones de la EPA sobre la emisión de gases de efecto invernadero en Estados Unidos
La alargada sombra del Tribunal Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora, se cierne sobre el plan medioambiental del presidente Joe Biden. La decisión del 30 de junio de limitar el poder de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en las plantas eléctricas podría afectar, no solo a las industrias del petróleo y del carbón, sino al sector del transporte en general y a los vehículos eléctricos en particular.
Expertos del sector no descartan que se revalúe el poder de la Casa Blanca en materia de lucha contra el cambio climático, amparados en la doctrina de las cuestiones capitales, una idea jurídica de la bancada conservadora que asegura que las agencias federales necesitan autorización explícita del Congreso norteamericano para decidir asuntos de «importancia económica y política importante».
Scott Segal, de la firma de abogados Bracewell, de Houston, indica que esa doctrina puede mermar la capacidad de la EPA de limitar la contaminación en nuevos vehículos y camiones, y dinamitar el plan de Biden de alcanzar las cero emisiones netas en 2050. «Si se demuestra que la Agencia de Protección Ambiental está exigiendo [vehículos eléctricos] o eliminando gradualmente los motores de combustión, eso podría ser una cuestión capital».
Sin embargo, existe el amparo del caso Massachusetts vs. EPA de 2007 que estableció en el Supremo la autoridad de la agencia gubernamental de limitar los gases de efecto invernadero. «Massachusetts sigue en pie, así que los tribunales deben permitir cierto nivel de regulaciones», indicó Amy Turner, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, en Nueva York.
Mientras, el gobierno federal se ha apresurado a dar un paso adelante. El jueves, el Departamento de Transporte anunció una propuesta para que sean los Estados los que establezcan sus límites de emisiones para los vehículos dentro de la red de carreteras, siempre que estén dentro del marco del objetivo para 2050.
De esta forma, cada región podría fijar metas que se adapten a sus distintas situaciones, pero con la obligación de progresar en la reducción de los niveles de contaminación. Biden pretende recortar entre el 50% y el 52% respecto a las cifras de 2005 antes de 2030. En el sector del transporte y en toda la economía.
En la actualidad, solo 24 Estados y el Distrito de Columbia tienen limitaciones para sus emisiones contaminantes de cara a luchar contra el cambio climático. El resto de los territorios se sumaría a la iniciativa, que establecería controles periódicos a su desempeño.
Pete Buttigieg, secretario de Transporte, indicó que el proyecto otorga la «flexibilidad» necesaria a los estados para fijar sus metas de reducción de gases, recordando el plan de infraestructuras aprobado en Washington en noviembre que destina un total de 6.400 millones de dólares a la disminución de emisiones de dióxido de carbono.
No habrá sanciones, eso sí. Transporte exigirá explicaciones si no hay «un progreso significativo», pero no tomará acciones para imponer los acuerdos establecidos. Pese a ello, la propuesta ha sido rechazada por los republicanos, que creen que el gobierno se está extralimitando.
La senadora Shelley Moore, por West Virginia, indicó que el plan no cuenta con la autorización del Congreso, que ya había aprobado «disposiciones para abordar el cambio climático de manera bipartidista. Esta medida anunciada no formaba parte de esa legislación».
Sin embargo, un portavoz de la Administración Federal de Carreteras indicó que el Congreso les dio la autorización para imponer límites a los Estados, en una batalla entre bandos políticos que amenaza con ser larga y arruinar el sueño de una transición rápida y fluida.
El Gobierno de Biden permitirá que los estados puedan fijar sus propios objetivos
La meta última es alcanzar las cero emisiones, en todos los sectores, en 2050