La Fiscalía del Supremo dice que la nueva ley supone un «problema»
Informa de que la pena a un violador podría bajarse un año, pero no llega a solicitarlo
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha estudiado ya un primer caso de condena por agresión sexual al que se podría aplicar la nueva ley de solo sí es sí. Tras oponerse a los motivos por los que el condenado pide revocar la sentencia, explica que «la modificación llevada a cabo por la ley orgánica 10/2022 de 6 de septiembre en los delitos contra la libertad sexual plantea otro problema», que es el generado por la rebaja de penas.
«Se ha modificado la pena prevista por el artículo 179 CP para el delito de violación que pasa a ser de cuatro a 12 años de prisión, frente a la pena de seis a 12 años de prisión prevista en la legislación vigente en el momento de la comisión de los hechos», indica el escrito remitido al Alto Tribunal.
Esta norma más beneficiosa para los condenados obliga a revisar la condena que en su día impuso la Audiencia de Baleares, de tres años de prisión. El escrito de la Fiscalía del TS no pide la rebaja, aunque indica que conforme a la nueva regulación al condenado le hubiera correspondido una pena de prisión más leve.
«Al ser más favorable la nueva penalidad debe aplicarse retroactivamente, de modo que la pena para el delito intentado de violación en el caso que nos ocupa con la reducción en un grado sería de dos a cuatro años de prisión», afirma el fiscal.
«Aun cuando la pena impuesta encaja en el marco punitivo nuevamente aplicable al delito por el que ha sido condenado (de dos a cuatro años de prisión), debe recordarse que el propio tribunal sentenciador –en criterio confirmado por el tribunal de apelación– argumentó que no concurrían razones para imponer la pena más allá del mínimo legalmente
Los fiscales del TS tuvieron en cuenta que la pena aún sería imponible hoy
previsto (tres años conforme a la legislación vigente a la fecha de comisión de los hechos)». «De manera», concluye el fiscal, «que conforme a la nueva legislación más favorable podría ser impuesta la pena de dos años de prisión», añade la Fiscalía en su escrito a los magistrados que tendrán la última palabra sobre la condena.
El caso estudiado es el de una tentativa de violación que tuvo lugar en las Navidades de 2018 en