Las secuelas de la soberbia
Compareció el presidente Sánchez en Bali y no eludió, sobrio y distante, pronunciarse sobre la estrafalaria ley del sólo sí es sí, que calificó como una «gran conquista del movimiento feminista». De eso no cabe duda: el lobby de género ha impuesto una ley que perjudica a las mujeres y a los menores y se vanagloria del logro de poder usar sus nocivas consecuencias para llamar «machistas» a los abogados que la recurren y los jueces que la aplican. En la disputa por la hegemonía discursiva, el lobby de género avanza implacable aunque perjudique a las mujeres.
Aclaró el presidente, por si resultase necesario, que la voluntad y objetivo del Ejecutivo y Legislativo eran reforzar la seguridad de las mujeres. Bien. Pero no contemplaron, por desidia y precariedad de la mayoría de la que goza Sánchez, los efectos no deseados de una ley envuelta a toda prisa para el cumpleaños de Montero. La Ley se puso de largo aquel fatídico 8-M de 2020. Ella hizo mohín y Sánchez pretirió al ex ministro Campo. Así que prescindieron de los informes de otros órganos competentes; porque el presidente arrenda o concede –o paga en especie o entrega en prenda– a una facción del Gobierno la legislación sobre determinados asuntos. Sánchez enfrió la cuestión porque todo lo mundano le es ajeno. Arquea las cejas, enlentece la voz y se muestra como la primera víctima de la coalición. Qué más quisiera, dice para sus adentros, que poder decirle a sus alborotadores que recojan sus témperas y caprichos y no enturbien su circunnavegación solemne e internacional.
A Montero le advirtieron los mayores, versados y doctos. El informe del CGPJ aseguró que no hacía falta poner en el centro el consentimiento porque ya lo estaba y previno del riesgo que se corría. Montero, Rosell –Iglesias la quería en TC– y compañía legislaron mal y provocaron un efecto contrario al que dijeron aspirar. Arremeten contra los jueces porque ambicionan una Convención: ellas, a la vez, reguladoras y magistradas. Si en lugar de la división de poderes y una Justicia independiente y garantista hubiese un Comité de Salud Pública como ambicionan, esto no ocurriría. Sin embargo, ha sucedido: la desaparición de la figura del abuso, la reordenación de las tipologías en torno a la agresión y la revisión a la baja de algunas horquillas de penas ha propiciado la reducción de condenas o la excarcelación de agresores sexuales. Como valora el analista Varela, por «ignorancia, sectarismo y prepotencia», que incluye precipitación. Con una mínima disposición se habría limitado el dañino impacto que ha generado la necedad.
La discusión sobre esa Ley abrió las hostilidades entre Montero y Calvo. Perdió Calvo –todas las veces–. La otra Montero toma su testigo. Ayer fue desautorizada por segunda vez. Todavía, ni su tocaya ni Rosell la han llamado «machista frustrada», como Iglesias se refirió a Campo sin mentarle, porque advirtió de que la Ley era doctrinal y programática. Estamos donde al principio, pero al final y con secuelas.