Doble castigo de Hacienda a las regiones del PP
Anula sus rebajas en Patrimonio al imponerles el impuesto a los ricos y se queda la recaudación
Fernando López Miras confirmó ayer que eliminará el impuesto de Patrimonio en la Región de Murcia en 2023. Pero en Hacienda y en el conjunto del Gobierno este anuncio no preocupa demasiado. Porque más allá del posible efecto político que tenga esta decisión, así como las que han ido tomando otras regiones gobernadas por el Partido Popular, el departamento de María Jesús Montero ya ha ideado la forma de anular estas rebajas: con el impuesto de Solidaridad Sobre las Grandes Fortunas. Esto es, el denominado impuesto a los ricos.
Y lo hará con un doble castigo o correctivo para estas comunidades. Porque la nueva figura sólo se impondrá en las regiones en las que el impuesto de Patrimonio está total o parcialmente bonificado. Esto es, lo que no grave una figura lo hará la otra. Pero además, la recaudación del impuesto de solidaridad irá a las arcas del Estado mientras que Patrimonio es un impuesto que se quedan las autonomías. Según las estimaciones de Hacienda, 1.500 millones adicionales, cifra que por otra parte se antoja un tanto elevada.
Montero siempre ha sido una firma defensora de aplicar una armonización fiscal entre las autonomías. De tener un suelo para evitar lo que ella denomina dumping fiscal, y este punto es una de las bases del Libro Blanco para la reforma fiscal que los expertos que el Gobierno seleccionó le entregaron casi al comienzo de la guerra en Ucrania. La invasión por parte de Rusia paralizó esa reforma, pero aun así Montero ha encontrado la forma de aplicar esta armonización que ha perseguido casi desde que llegó al ministerio.
Su decisión ha sido fuertemente criticada y, por ejemplo, el presidente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, apuntó recientemente que se trata de una armonización «por la puerta de atrás» que, además, roza la inconstitucionalidad porque limita la capacidad tributaria que la Constitución otorga a las regiones.
Es más, la Comunidad de Madrid ya ha señalado que es un impuesto inconstitucional, y esta misma semana la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, adelantó que peleará «con uñas y dientes» contra la figura. «Lo vamos a dificultar en la medida de nuestras posibilidades», añadió Ayuso, que apuntó
que el impuesto de solidaridad a las regiones gobernadas por el PP.
Pero es que «además de recurrir el impuesto», añadió De la Fuente durante la presentación de su valoración de las medidas aplicadas por el Ejecutivo frente a la crisis desatada por la subida de precios, «algunas comunidades podrían seguir la misma estrategia que el Gobierno central y tomar medidas que traten de anular en la práctica los efectos de las disposiciones estatales». «Se abriría así una guerra de guerrillas fiscal entre administraciones que no beneficiaría a nadie».
Pero tampoco esto parece preocupar en Hacienda, que espera que esta figura salga adelante esta semana en el Congreso y se contrarreste la eliminación total por parte de la Comunidad de Madrid, Andalucía o Murcia, así como la bonificación parcial de Galicia. Su aplicación afectará ya a la liquidación de este mismo año y será deducible del impuesto de Patrimonio. Así, el Ejecutivo esquiva la posible doble tributación, que haría que el impuesto fuese ilegal.