La cruzada de Iceta contra los museos nacionales
NO FUE elegido Iceta ministro de Cultura ni por su preparación ni por su interés en el sector. El ex líder de PSC llegó con la indisimulada intención de implantar lo que definió como «federalismo cultural», esto es, fragmentar las colecciones estatales para que algunas piezas dejaran de ser nacionales y pasaran a convertirse en nacionalistas. Por fortuna, su particular contribución a la ruptura del orden constitucional en el que están empeñados el Gobierno y sus socios independentistas tuvo poco recorrido. Quizá por eso, en lugar de preocuparse por las deficiencias que obligan a muchos museos a cerrar salas por falta de personal, se ha lanzado a una particular aventura de
descolonización –ahora que ya no hay colonias–, en la línea de las propuestas identitarias que tanto gustan al pensamiento indigenista y a regímenes populistas latinoamericanos empeñados en que España pida perdón por su Historia a unos países que no existían cuando la Corona española fundó allí los virreinatos.
Alguien mejor informado, no obstante, debió de advertir al ministro sobre lo impropio que resulta afirmar que España tuvo colonias. Que practicó en ellas el pillaje artístico y que, en consecuencia, debería devolver todo lo supuestamente robado. Se echó entonces atrás y desmintió a Fernando Saéz, director del Museo Nacional de Antropología, que había afirmado pocos días antes en Sevilla: «Hemos conseguido poner en marcha un grupo de trabajo de descolonización de colecciones en el seno del Ministerio de Cultura».
Una vez más, hace Iceta el ridículo. Porque no es nuevo este debate. Surgió a la vez que los conceptos modernos de nación y patrimonio en los albores de la Revolución francesa. Tenía entonces sentido, no ahora, cuando está fuera de toda lógica que se quiera obligar a los grandes museos europeos a prescindir de algunas de sus colecciones. Fue el político e historiador Quatremère de Quincy (1755-1849) el que más activamente criticó la idea de que el nuevo museo nacional –que con el tiempo sería el Louvre– se nutriera con los objetos de arte expoliados por Napoleón en sus expediciones, sobre todo en Italia. La pulsión imperial de Bonaparte coincidía con la nueva doctrina revolucionaria, a saber: las colecciones reales y las eclesiásticas debían ser arrasadas por ser el símbolo del Antiguo Régimen –un impulso felizmente aplacado– y el resto del arte debía ser repatriado a la «patria de la libertad y la igualdad», es decir, a la República francesa. Así fue, pese a las denuncias de De Quincy en su Cartas a Miranda, donde defendía la noción de «patrimonio de la humanidad» que cristalizó tras la II Guerra Mundial en la Unesco. Si bien De Quincy tuvo que exiliarse, tras la caída de Napoleón y de forma inédita en Europa muchos de los bienes expoliados volvieron a sus países.