El acuerdo con Bildu no incluye la gestión
«El autogobierno vasco sale fortalecido», asegura Azpiazu tras la firma El Gobierno no trasladará el control de los nuevos impuestos sobre banca y energéticas al País Vasco
Bildu se apresuró ayer a anunciar que había acordado «que las Haciendas Forales gestionen los impuestos a la banca y a las eléctricas». Pero la realidad, según se desprende del acuerdo pactado, es que el País Vasco y Navarra no gestionarán esas figuras, que esa potestad la mantendrá Hacienda. Y, además, todavía queda por resolver el cómo trasladar la recaudación, algo que no están en absoluto definido.
El problema, como ya publicó EL MUNDO, es que estas dos nuevas figuras no son realmente impuestos sino prestaciones patrimoniales no que el País Vasco pueda registrar un déficit público en 2023 del 0,6% del Producto Interior Bruto, frente al 0,3% que concede a las comunidades de régimen común. Es particularmente chocante para las regiones más castigadas por el actual modelo de financiación como la Comunidad Valenciana y Murcia, que deberán hacer más esfuerzo de ajuste que el País Vasco con menos recursos.
El Cupo es la aportación que hace el País Vasco al Estado por competencias no transferidas y está infravalorada, según la mayoría tributarias. Fue la forma que Hacienda eligió para tratar de evitar o, al menos, contener futuras denuncias por las compañías afectadas. Al no ser un impuesto, no se puede denunciar su imposición, es el razonamiento del departamento de María Jesús Montero.
Pero eso, que habrá que ver si realmente es efectivo, dificulta su traspaso al País Vasco ya que estas figuras no están contempladas en el Concierto Vasco. Es más, según Diego Martínez López, profesor en la Universidad Pablo Olavide y uno de los mayores conocedores del sistema fiscal español, «en teoría no deberían concertarse con las Haciendas forales» ya que «no entran dentro del paraguas del Concierto».
Eso no quiere decir que no se vaya a producir el traspaso, pero sí que el acuerdo ha llegado antes de que se contemplen las posibilidades legales. Eso se tendrá que hacer ahora, ya que ambas partes han pactado un «plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley» para pactar «la participación de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra». Esto es, que Hacienda tendrá hasta marzo para encontrar la forma en la que hacer casar todo: que de comunidades. Según el pacto de ayer, esa aportación vía Cupo queda fijada en 2022 en 1.467 millones, según Hacienda, y en 1.472 millones, según el Gobierno vasco, pero ambas cifras en línea con lo previsto en los Presupuestos del Estado en vigor. Para calcular el Cupo se mantiene como referencia que pesa el 6,24% en la economía del Estado, lo que supone, según el Gobierno vasco, un esfuerzo mayor que el que deberían, pero que aceptan.
Además, Montero y Azpiazu acordaron la concertación de dos
El País Vasco podrá llegar a un déficit del 0,6% en 2023, frente al 0,3% general
el traspaso no incluye la gestión y que es necesario buscar la forma de hacer algo que nunca se ha llevado a cabo y que no está contemplado.
Además, en su pacto con la formación abertzale, el Ejecutivo incluyó la promesa de elaborar un informe acerca de la conveniencia de
convertir dichos impuestos en estructurales y permanentes una vez se cumpla el periodo de dos ejercicios para el que, en principio, han sido pensados.
El Gobierno y EH Bildu mantuvieron negociaciones hasta ayer mismo y lo hicieron en el marco de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. Aunque se trata de una demanda de primer nivel para el grupo abertzale, sus portavoces afirmaron que con ella no basta para garantizar su apoyo definitivo a las cuentas públicas. Bildu considera que con el compromiso escrito del Gobierno de realizar un informe para estudiar la conversión en permanentes de los impuestos extra a la banca y energéticas se abre claramente la puerta a que dichos gravámenes se consoliden en la legislación fiscal.
El pacto contempla también que las figuras puedan pasar a ser estructurales